Acabamos de conocer el proyecto de reforma tributaria del gobierno. Todo en él trasunta esa idea de que el bienestar de la sociedad depende del Estado, por ende, el único camino para resolver los problemas del país es hacerlo crecer en forma significativa, por supuesto a expensas del desarrollo del sector privado, pero no importa, porque será también el Estado el encargado de promover y gestar el desarrollo económico. La reforma no sólo le permitiría al gobierno financiar las demandas sociales, sino también promovería el crecimiento, ya que el gobierno determinaría hacia dónde deben dirigirse los recursos para lograr los necesarios aumentos de productividad. Es casi como un milagro, ya que además de ser la reforma tributaria más grande de la historia, es pro desarrollo y pro inversión. ¿Es posible tanta maravilla? Por supuesto que no, el Estado está lejos de ser Dios, aunque para muchos en el gobierno pareciera serlo.

Para este gobierno el camino a seguir para lograr el bienestar de los ciudadanos consiste en que el Estado los provea de más derechos sociales; el gasto social es lo que permite mejores condiciones de vida. ¿Y qué pasa con el objetivo de que puedan ser los mismos ciudadanos los que, a través de su esfuerzo y talento, sean capaces de proveerse mejor calidad de vida por ellos mismos? Obviamente este camino es mejor, por lo que la primera preocupación debería ser recuperar el crecimiento y la inversión; y sin embargo, es un tema que aparece poco en la agenda, a pesar de que la caída en las proyecciones de crecimiento de mediano plazo es dramática. El FMI estima que en el próximo quinquenio Chile crecería a un ritmo de menos de la mitad que el mundo, 1,7% versus un 4,2%. ¿Qué significa esa importante diferencia? Que en promedio el mundo es mucho más atractivo que Chile para realizar nuevos negocios. Con esa constatación, la reforma tributaria que habría que hacer es contraria a la que se está planteando, que por quinta vez en 10 años vuelve a gravar al capital, y no poco, ya que gran parte de la recaudación esperada viene de esa fuente.

“No, la reforma baja la tasa de Primera Categoría de 27% a 25% si esa diferencia se destina a mejorar la productividad”. Nuevamente tenemos esa mirada estatista, bastante absurda. ¿Será el Servicio de Impuestos Internos el que determine qué gastos de una empresa “aumentan la productividad”? Es cierto que en una repartición pública es habitual que haya gastos que no mueven la aguja en términos de mejores servicios, pero en una empresa privada, la decisión de gastar un peso significa que se esperan beneficios mayores a un peso; si no es así, no se gasta. ¿Será entonces un burócrata el que defina que la empresa sí aumenta productividad cuando invierte en tecnología desarrollada en Chile, pero no lo hace cuando ofrece pagar un gimnasio para sus trabajadores?

La desintegración del impuesto a la renta también es una mirada estatista y anacrónica del retorno de los factores productivos. El Estado establece como preferible que las rentas provengan del trabajo en vez del capital, entonces las grava con distinta tasa, aunque para ser certera en el análisis habría que decir que esto partió con la semiintegración en 2014, y ahora se profundiza. Absurdo, además, porque el mayor capital del siglo XXI es la creatividad, es decir, el capital humano. ¿Es mejor entonces que los dueños de ese capital humano sean empleados y no que desarrollen sus propias empresas para que no acumulen patrimonio?

Se agrega también a esta reforma un aumento impositivo muy significativo a los fondos privados de inversión, sumando impuestos también al patrimonio de las sociedades pasivas que posterguen el reparto de utilidades; se trata de un impuesto al stock de utilidades retenidas. ¿Por qué? ¿Acaso el ahorro de sociedades de inversión no contribuye al desarrollo económico, y sólo lo hace el ahorro de sociedades productivas? ¿Hay que tener chimenea para que la reinversión de utilidades le guste al Estado? Estas medidas del proyecto de reforma van claramente en contra del declarado objetivo del gobierno de profundizar el mercado de capitales.

Adicional a lo anterior, se declara que parte de los nuevos recursos para el fisco “se orientarán a apoyar la diversificación productiva del país”. Entonces, como dije inicialmente, no sólo se financiarán derechos sociales, sino que además se promoverá el crecimiento. ¿El Estado de verdad sabe mejor que los privados cuáles son los mejores proyectos de inversión?

Lo insólito es que es se podría entender esta fe ciega en el Estado si estuviéramos en Dinamarca o Alemania, pero se trata del Estado chileno, el mismo que ha multiplicado por once veces el gasto real en educación entre 1990 y 2020, llevando a que Chile sea el segundo país de la OCDE que más gasta en el área en términos del PIB, y, sin embargo, el 70% de los adultos no entiende lo que lee. Es tan poco razonable esa fe, que sólo podría explicarse por ambición de poder.

Por Cecilia Cifuentes, economista, ESE Business School, para El Líbero

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