Tras la ampliación de la querella en la causa que investiga si hubo delitos de lesa humanidad como parte de una política de Estado durante el estallido social, el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está citado a declarar en calidad de imputado el próximo 25 de febrero, y no de testigo como se había solicitado el 4 de enero.

Ante la solicitud de comparecencia, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que no le cabe duda que el general director de Carabineros entregará toda la información que el Ministerio Público requiera. “Cualquier persona tiene la obligación de colaborar con los procesos investigativos en los cuales se les pueda concurrir en distintas calidades. En este caso puede ser como imputado, puede ser como testigo, como ha sido en otras oportunidades. Lo importante es que se entregue toda la información”, señaló Delgado.

El ministro agregó: “No me cabe duda que el General Director la va a entregar”, ya que “no es la primera declaración que hace y las declaraciones están, por supuesto, sustentadas en los protocolos. Él en su antiguo cargo tuvo que trabajar, tuvo que apoyarse, tuvo que colaborar”.

Las indagatorias están a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien lidera el caso desde noviembre del 2019 cuando el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se lo asignó a raíz de una denuncia que hicieron abogados pertenecientes a la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica, en contra del Presidente Sebastián Piñera por presuntos crímenes de lesa humanidad. Inicialmente la Fiscalía había nombrado al fiscal regional metropolitano, José Luis Pérez Calaf, quien se inhabilitó por tener cercanía con Juan Domingo Acosta, uno de los abogados del Mandatario.

La anterior se sumó a la querella presentada por el Frente Amplio en contra del jefe de Estado por el mismo delito, acción que también involucraba a otras autoridades como el ministro del Interior de ese momento, Gonzalo Blumel; su antecesor Andrés Chadwick; el intendente metropolitano, Felipe Guevara y el ex general director de Carabineros, Mario Rozas. De ahí que Abbott dejó en manos de Perivancich todas las querellas por delitos de lesa humanidad contra el Presidente. En consecuencia, la fiscal ya ha realizado una serie de gestiones en el marco de la investigación y citaciones a los testigos solicitados por los querellantes.

En enero de 2020, Perivancich pidió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago la autorización para citar a declarar al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, la que fue aprobada en febrero.

Yáñez no es el único general director de Carabineros que debe comparecer como acusado. En esa ocasión se informó que Rozas sería citado en calidad de imputado, debido a que se habían presentado acciones legales en su contra. En relación a Martínez, señaló que “en esta etapa inicial de investigación, no cuenta con antecedentes que justifiquen el tratamiento procesal de imputado”, por lo que sería citado como testigo.

Antes Perivancich había solicitado a Mario Rozas que “individualizara a los funcionarios encargados de capacitar al personal policial acerca del correcto uso de armas y municiones antidisturbios durante 2018 y 2019, incluyendo datos de contacto”. También pidió información sobre “las investigaciones administrativas y sumarios ante denuncias por abuso en el uso de la fuerza en el marco de la crisis social” y a Martínez sobre la cadena de mando que ha operado en cada región desde el estallido social hasta el término del estado de excepción.

También, el Ministerio Público despachó solicitudes de información a otras instituciones como, por ejemplo, los ministerios de Justicia e Interior, al Servicio Médico Legal y a organizaciones civiles ligadas a la defensa de los Derechos Humanos y al sector Salud, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico.

Durante noviembre de 2020 se interrogó como imputados a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Este último entregó todos los oficios con solicitudes de información que hizo cada vez que se provocó alguna lesión o denuncia de tortura de algún manifestante. Durante su testimonio, Blumel señaló que “el Presidente como Jefe de Estado obviamente sostuvo reuniones con el alto mando para reforzar los mismos lineamientos: recuperar el orden público con apego a los protocolos y respeto a los derechos individuales”. Pero subrayó que “no hubo intervención en el diseño de las estrategias de control de orden público porque, le insisto, es un tema de competencia técnica de las policías”.

La declaración de Rozas como imputado no se llevó a cabo sino hasta el 30 de noviembre de 2020, pocos días después de que se concretara su renuncia al cargo de General Director de Carabineros. En sus declaraciones, Rozas indicó que gran parte de las coordinaciones recaían en el entonces director de Orden y Seguridad (Dioscar) y sucesor de Rozas, Ricardo Yáñez.

Sobre la organización del orden público señaló que “hay una planificación a nivel nacional que lidera la Dioscar y su director general (Ricardo Yáñez) es el responsable estratégico. La planificación supone prever despliegue de personal y logístico, que se hace frente a cada evento que se tome conocimiento”.

Estas gestiones no quitaron que los abogados querellantes tuvieran reparos sobre la investigación de la fiscal Perivancich por no adoptar medidas de iniciativa propia desde que fueron presentadas las primeras querellas, en octubre de 2019, hasta al menos 9 meses después. Según constata Ciper, durante casi un año el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile no respondieron ante los oficios despachados por la Fiscalía, ya que se enviaron a direcciones equivocadas en varias ocasiones.

“Nos parece que el avance de las diligencias de la investigación no han sido lo suficientemente contundentes, considerando la gravedad de los delitos que se investigan”, concluyó uno de los abogados querellantes, Oscar Castro, miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, en ese entonces.

La fiscal Claudia Perivancich está en su cargo desde diciembre de 2018 y es la primera mujer en asumir la Fiscalía Regional de Valparaíso. La abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llegó a suceder a Pablo Gómez quien culminaba su período tras 8 años como fiscal. Perivancich fue la candidata mejor valorada entre 12 postulantes que se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, una concurrencia inédita en el concurso. Con 8 votos de un total de 15, obtuvo la primera mayoría.

Entre los 3 puntajes más altos, que conformaron la terna que fue enviada al fiscal nacional, Jorge Abbott, para su elección estaban Perivancich, Eduardo Fernández y Lorena Ulloa. El fiscal optó por Claudia Perivancich quien se desempeñaba desde el 2003 como abogada de la Unidad de Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión en Valparaíso y desde 2005 como asesora en delitos sexuales de la fiscalía regional. Perivancich además era una figura de confianza dentro de la orgánica del ente persecutor y una estrecha colaboradora del saliente fiscal Gómez.

Abbott, fue fiscal regional de Valparaíso entre 2003 y 2010. El nombramiento de Perivancich no generó mayores sorpresas, ya que la abogada colaboró no solo en la gestión de Gómez, sino también con el propio Abbott cuando este estaba a cargo de ese despacho. El Mercurio de Valparaíso, a propósito de la designación reseñó en 2018: “Con anterioridad el propio Abbott le había ofrecido un cargo a nivel nacional, ante lo cual la flamante fiscal regional se negó por motivos personales. Todo ello daba cuenta de que corría con cierto favoritismo”. Perivancich posee un Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la PUCV y diplomados en Derecho Procesal Penal y en Derechos Humanos.

Cuando fue nombrada, la Asociación Nacional de Fiscales señaló que hubiera preferido a un profesional que haya ejercido en tribunales para el caso de fiscal regional de Valparaíso.

Complicada llegada al caso SQM

El fiscal Abbott decidió que Perivancich sería quien lideraría la investigación del caso SQM, la cual vinculó a la minera con el financiamiento irregular de la política y que estaba a cargo del saliente fiscal Gómez, de quien era su asesora directa.

Asumió la investigación el 29 de diciembre del 2018 y la razón de Abbott para designarla fue que “el equipo de SQM está principalmente integrado por fiscales de la V Región, por lo que lo más adecuado para enfrentar el juicio que se nos viene es que el equipo sufra la menor variación posible, y la continuidad la da la próxima fiscal regional”.

El primer revés que enfrentó la fiscal fue ante la Corte de Apelaciones en febrero del 2019. Perivancich presentó un recurso de queja en contra de los 19 ministros de esta Corte en Santiago que no acogieron su petición para desaforar al senador DC Jorge Pizarro, con lo que la fiscalía pretendía acusarlo y llevarlo a juicio por delitos tributarios.

En el requerimiento la fiscal regional acusó que en la resolución y el voto de los jueces que rechazaron su petición hay “graves faltas y abusos”. No obstante, sufrió una derrota pues el recurso fue declarado inadmisible.

También en febrero, la persecutora presentó un inédito requerimiento ante el Tribunal Constitucional en que pedía revisar la constitucionalidad de la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos (SII) en persecución de ciertos ilícitos. La ofensiva la argumentó en que la propia Constitución le entrega al Ministerio Público la tarea de perseguir delitos, por lo que, a juicio de la fiscal, no poder hacerlo era inconstitucional. El requerimiento incidía sobre tres imputados que no tenían querella nominativa del SII en su contra por delitos tributarios: Pablo Longueria, Luis Matte y el senador Pizarro.

Finalmente, el TC resolvió no acoger a tramitación la ofensiva de inaplicabilidad en contra de la exclusividad del SII para perseguir delitos tributarios, marcando un segundo revés para la fiscal regional.

El tribunal desestimó el recurso, argumentando que la presentación del requerimiento excedía “el ámbito de competencias específicas asignadas a la fiscal regional, por comprender una cuestión institucional que, en todo caso, incumbe al fiscal nacional”.

Tras ello, la fiscal desestimó que este impasse “debilite el caso SQM” en una entrevista en la que señaló: “Creo que hay corrupción en Chile, por supuesto que lo creo”. “Es un desafío de nuestra institución poder sacar adelante, de buena manera, estas investigaciones, acá tenemos una unidad regional anticorrupción y es mi intención, así lo he planteado incluso en mi postulación ante la corte para el cargo que ahora ostento, demostrar una especial preocupación por estas causas y fortalecer, en la medida que sea posible, la unidad regional anticorrupción”, agregó en la oportunidad.

Durante su gestión se sobreseyó al exministro de Economía, Pablo Longueira, debido a que el tribunal determinó que no se podía ejercer una acción legal debido a que el SII no presentó una denuncia o querella nominativa, justamente el requerimiento presentado por la fiscal ante el TC.

Sobre esto Perivancich señaló que “no es la decisión que ellos esperaban” y que recurrirían a “la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la medida”. A pesar de esa decisión judicial, Longueira continuó como imputado por el delito de cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero. Fulvio Rossi, Luis Matte y Eva Mujica también fueron sobreseídos por delitos tributarios, a diferencia de Marco Enríquez-Ominami, cuyo juicio sigue en pie.

Las otras investigaciones que ha liderado

La fiscal ha estado involucrada o liderando las investigaciones en otros casos de alto conocimiento público. Uno de ellos fue la acusación a Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, el 2019, tras el revelador informe de Contraloría sobre la situación financiera del Municipio, donde existía un déficit, al año 2017, de 17.500 millones de pesos.

Diputados de la zona solicitaban a Perivancich formalizar a Reginato por malversación de fondos públicos, tanto por lo señalado en el informe del órgano contralor como por el pago irregular en horas extras detectados durante el año 2017.

En 2012 y 2015, el Ministerio Público ya había iniciado dos investigaciones por pagos irregulares en horas extras al interior del municipio viñamarino, ambas conducidas por el fiscal Claudio Reveco. Sin embargo, ambos procesos periciales no persistieron.

La fiscal Perivancich estuvo a cargo del caso Ámbar investigado durante agosto del año pasado. Fue quien amplió la detención de Hugo Bustamante para continuar con las diligencias y establecer bajo qué circunstancias ocurrió el crimen, con el fin de formalizarlo como culpable del asesinato de la menor de 16 años, Ámbar Cornejo.

Bustamante estuvo condenado y preso en 2005, pero obtuvo el beneficio de libertad condicional en 2016. A ello, la persecutora señaló que “si no se hubiese otorgado ese beneficio, claramente esto no habría ocurrido, porque estaría privado de libertad”. Sobre la pena para el imputado, la fiscal dijo en ese momento: “Estimo que el régimen legal de penas nos permitirá solicitar el presidio perpetuo”.

Durante la investigación del crimen de Nibaldo Villegas, que imputaba a Francisco Silva y Johanna Hernández por el homicidio del profesor, el Ministerio Público, liderado por Perivancich, hizo un llamado para rechazar una solicitud de la defensa de suspender el procedimiento para requerir mayores evaluaciones psiquiátricas y el Tribunal desestimó la tesis psiquiátrica de Hernández.

Por Daniela Bas para El Líbero

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