La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó esta mañana el informe económico sobre Chile, en el que alerta por el posible aumento de la pobreza y la desigualdad, pero no es la única preocupación que debe tener el país.

Según el organismo, la posición fiscal de Chile “Se mantiene sólida”. “La combinación de una regla fiscal creíble con políticas financieras y monetarias manejadas por un banco central autónomo permitirá a Chile mantener su solidez macroeconómica y apoyar políticas contracíclicas”, señala el informe.

Pero, agrega que los repetidos shocks en años recientes, como la crisis subprime y el terremoto de 2010 han mostrado espacios en su marco. De esta forma “la meta de balance estructural ha sido modificada por decreto varias veces, dada la falta una clausula de escape bien definida”.

Con todo, la OCDE destacó que las autoridades se mantienen su compromiso con la regla fiscal, la trayectoria de balance en el mediano plazo y el gasto social.

Así, bajo el escenario base planteado, con una recuperación de la economía en 2021 y una estabilización en cerca de 3% de crecimiento hacia adelante, con la inflación en la meta y efectivamente logrando la meta el plan de reducir el déficit en 0,2% del PIB por año hasta llegar a 0%, “la deuda bruta del gobierno central se mantendría en una senda sostenible, luego de alcanzar un peak de 44% en 2022”. El problema es si eso no se logra.

Con un crecimiento de largo plazo después de 2022 cercano a 2%, la deuda bruta como porcentaje del PIB se mantendría aún levemente por encima del escenario base a 2040 (ver gráfico al final de esta nota).

¿Hasta dónde podría llegar?

Sin embargo, si solo se logra ir disminuyendo el déficit en cerca de 0,05% del PIB por año, “la deuda del gobierno podría alcanzar el 80% del PIB en 2040, o 120% si la consolidación se retrasara más y las tasas de interés de la deuda gubernamental aumentaran significativamente”.

Ante esto, el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, indica que “efectivamente es un riesgo que incluso ha sido levantado previamente por el Consejo Fiscal. Esto refleja que la expansividad reciente de la política fiscal no puede mantenerse en el tiempo y resalta lo esencial que resulta tener una trayectoria de consolidación fiscal creíble y sostenible una vez que pase la pandemia. Al mismo tiempo, refleja la importancia de que la recuperación del crecimiento económico vuelva a estar en el centro del debate y alerta sobre los riesgos que un escenario sin control del gasto público y sin crecimiento económico puede generar. En efecto, aunque es un escenario de riesgo, si se da algo como lo proyectado por la OCDE, el país enfrentaría nuevas rebajas en su clasificación de riesgo y se elevaría el costo de financiamiento no solo del gobierno, sino también para las empresas y las personas”.

En una línea similar, la economista de Libertad y Desarrollo, Macarena García, también destaca que un escenario parecido lo entregó el Consejo Fiscal Autónomo el año pasado. “Lamentablemente ambos escenarios parecen tener asidero ya que sus supuestos, reducido crecimiento económico y dificultar de controlar los gastos fiscales, aprobando gastos permanentes, ya se venía observando desde antes de la crisis económica en la que estamos, y hay indicios claros de que agudizarse una vez superada la crisis”. A la vez, la experta agrega que ese “escenario es posible, pero no es el único. Para cambiar de dirección es necesario cumplir con el acuerdo de gastos transitorios una vez superada la crisis; también hay que avanzar en mejorar y respetar la institucionalidad de la regla fiscal, como por ejemplo las cláusulas de escape claras y transparentes, o un tope a la deuda pública de largo plazo; avanzar decididamente en un gasto público más eficiente -con casi 700 programas con problemas en el mecanismo de evaluación es difícil ser eficiente-; y finalmente, el más importante, fomentar el crecimiento, pero no solo para esta coyuntura, sino que en el largo plazo ya que esa es la única fuente de recursos fiscales permanentes. Todos estos elementos son necesarios, pero sin consenso político transversal que lo apoye, se verán muy difícil de implementar”.

La OCDE señala entonces que, mientras se mantenga la crisis sanitaria, la política fiscal debería continuar apoyando la salud pública, entregando los recursos necesarios para monitoreo y seguimiento de casos y asegurar la disponibilidad de tests y lograr la vacunación masiva. Una vez superada la crisis, algunas reformas deberían apoyar la reconstrucción de la actividad económica y mejorar la situación fiscal.

Así, mientras la deuda pública se mantenga sostenible, Chile seguirá siendo el país con el mayor espacio fiscal en la región.

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