Una presentación ante el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, hicieron este viernes diputados de RN, escrito en que le pidieron evaluar acciones penales en favor del Fisco por el supuesto uso de recursos públicos, por parte del Gobierno y de municipios, en la campaña del Apruebo.

Según argumentaron desde la bancada RN, habría una conducta sistemática de las autoridades que han decidido desconocer normas e instructivo de Contraloría sobre la prescindencia.

En su misiva, los diputados Andrés Celis, Miguel Mellado, denuncian que servicios públicos y municipalidades a lo largo del país, “han destinado funcionarios y recursos públicos para desplegarse por la opción del Apruebo con la finalidad de incidir en el Plebiscito de salida” del próximo 4 de septiembre.

Así usan como ejemplo, un mural realizado por la Municipalidad de San Bernardo o la iniciativa “Maipú constituyente”, además de la utilización de las redes sociales de municipios o sus páginas Web, las que acusaron que “dejan a la vista una conducta sistemática de prevalerse de los recursos y de la función pública de manera reñida con el principio de probidad”.

Y agregan que “lamentablemente esta conducta se ha extendido en la administración central, y ha dado lugar a la instrucción de investigaciones especiales por parte de la Contraloría General de la República, la que incluso ha pedido informe a la Presidencia y a los ministros”, aludiendo de paso a los dichos del seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, quien dijo estar mandatado por el Presidente para “impulsar el apruebo”, entre otras situaciones.

De esta forma, el documento apunta que ante la opción por parte de distintas autoridades de “desconocer las normas que informan de la función pública así como los dictámenes e instrucciones específicamente dictadas al efecto por la Contraloría General de la República (…) creemos se debiese evaluar y someter la deliberación del Consejo la utilización de la vía penal como una forma de resarcir el daño que se ha hecho el patrimonio fiscal y a la integridad de de la función pública”.

La idea es que el CDE evalúe el ejercicio de la acción penal “tratándose, especialmente, de delitos tales como malversación o aplicación pública diferente”.

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