Para todos los efectos prácticos, Chile hoy es un país sin constitución. Después de que la propuesta de nueva constitución fuera rechazada por una amplia mayoría del electorado el 4 de septiembre, el país está en un complejo momento de incertidumbre constitucional. Aunque formalmente sigue rigiendo la de 1980, o de 2005 —como algunos que quieren desligarla de su origen autoritario prefieren llamarla—, hay un amplio consenso en la élite política y en la opinión pública de que esa constitución ya no va más. Pero la clase política no parece demasiado preocupada por llegar pronto a un acuerdo que permita terminar con la incertidumbre y llevar a feliz puerto este proceso constituyente. Pareciera que a nadie le importa mucho que el país esté a la deriva constitucional.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre de 2019 no estableció qué ocurriría en caso de que el electorado rechazara el proyecto de nueva constitución propuesto por la convención constitucional. Pero el documento redactado por la llamada Mesa Técnica, que se formó a fines de 2019 para diseñar los detalles del proceso constituyente, señalaba que, en caso de que el documento propuesto por la convención constitucional fuera rechazado por la ciudadanía, “continuará vigente la actual constitución”.

Antes del plebiscito, buena parte de los voceros del Apruebo como del Rechazo prometieron que el proceso constituyente continuaría el día después, pero nunca hubo claridad sobre las reglas que fijarían ese proceso. El 4 de septiembre culminó el proceso constitucional iniciado formalmente con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Las reglas diseñadas por la Mesa Técnica no dicen nada respecto a los eventos posteriores al plebiscito de salida.

Ahora el poder constituyente ha vuelto al Congreso —de donde nunca debió haber salido—, pero parece evidente que no hay una visión consensuada respecto a cómo avanzar para redactar un texto que reemplace a la constitución actual.

Una buena parte de la izquierda quiere una nueva elección de convención constitucional. Pero es evidente que, por los tiempos, ese proceso tomaría demasiado tiempo. Es muy difícil lograr que haya una elección antes de abril de 2023 y, por lo tanto, no parece viable esperar que haya un documento redactado que pueda ser votado antes del 11 septiembre de 2023, el día que se cumplen 50 años del golpe de estado y que muchos en la izquierda han fijado como la fecha en que debería estar en vigencia la nueva constitución.

La única forma de lograr enterrar la constitución actual antes de septiembre de 2023 es nombrando a una comisión de personas idóneas que redacte un nuevo texto antes de marzo de 2023. Así podremos tener un plebiscito ratificatorio en abril, antes de que empiece el próximo invierno. Cualquier camino que requiera la elección de una convención constitucional obligará a alargar la vigencia de la actual constitución más allá del 11 de septiembre de 2023.

Es cierto que, en rigor, la constitución de 1980 sigue gobernando al país. El Presidente Boric y todos los legisladores iniciaron sus periodos en marzo de 2022 prometiendo hacer cumplir esa constitución. Su obligación —como la de todas las autoridades y ciudadanos— es respetar las leyes vigentes. Pero es evidente que nadie cree que la constitución de 1980 seguirá rigiendo los destinos del país por mucho tiempo más. Hemos entrado en un periodo de transición complejo. Estamos lejos de saber cuál será el texto que nos regirá en los años que vienen, pero sabemos cuál texto tiene sentencia de muerte.

Sorprende la poca diligencia que ha tenido el gobierno del Presidente Boric y la clase política para negociar seriamente un camino que nos permita salir de esta trampa constitucional. Aunque la ciudadanía se pronunció inequívocamente contra el texto propuesto por la convención constitucional, el voto no decía nada sobre cuál es el camino a seguir preferido por la mayoría. Sabemos que los chilenos quieren cerrar rápido este proceso y quieren terminar con la incertidumbre constitucional en la que nos encontramos. Pero no sabemos si la gente prefiere demorarse varios meses más para escoger a una convención constitucional o si la gente prefiere que lo haga un comité de expertos. Después de todo, nada garantiza que una futura convención electa vaya a estar libre de los escándalos y las polémicas que rodearon a la convención anterior.

Pocas semanas antes de la elección del 4 de septiembre sugerí que votar Apruebo equivalía a una sentencia de muerte. En cambio, votar Rechazo nos llevaría directo al manicomio. Siempre es mejor estar vivo que ser llevado al cementerio. Pero la realidad de Chile hoy no deja de ser preocupante. El país está sin constitución —o más precisamente, es gobernado por una constitución moribunda— y la clase política parece incapaz de consensuar un camino para lograr que haya un grupo idóneo de personas que sea capaz de redactar una constitución que cumpla los estándares mínimos de eficiencia y eficacia. Estamos como en una casa de orates, donde todos hablan con elocuencia y entusiasmo, pero cualquiera que esté escuchando con atención se da cuenta de que hay mínima deliberación y que ese grupo de comprometidos oradores difícilmente entiende la complejidad del momento en que se encuentra el país.

Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero

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