Si se comparan en su contenido son múltiples los artículos de la propuesta de Constitución que entregó la Convención Constitucional, precisamente los que han generado más polémica y polarización, que en nada se parecen al proyecto de nueva Carta Magna que el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet le presentó al Congreso en el 2018.

«Me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice: ‘No es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces yo sí estoy por el Apruebo», dijo Bachelet refiriéndose al proyecto de la Convención que será votado en las urnas el 4 de septiembre.

«Las diferencias entre ambos proyectos son muy centrales porque están referidas a la forma de Estado, la forma de Gobierno, la plurinacionalidad, el Poder Judicial. Son temas bastante centrales a una Constitución», indica el constitucionalista Jorge Correa Sutil, al ser consultado por El Líbero sobre la relevancia entre los puntos de desencuentro entre ambos textos.

La permanencia de la figura del Senado en la propuesta de Bachelet, en contraposición con la de los convencionales, que suprime esta instancia, fue una de las diferencias sobre las que el exsubsecretario de Interior puso la lupa en «Se acerca a lo que siempre soñé», columna que publicó el fin de semana en El Mercurio.

«En el proyecto Bachelet, si bien se consagran más derechos económicos-sociales (que en la actual), no hay en su proyecto constitucional un programa político de cómo realizarlos», agrega Correa Sutil, para quien en el borrador de la Convención sí hay una especie de programa de gobierno, una forma de cómo llevar a cabo lo establecido en la norma.

Para Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia, se trata de proyectos «esencialmente distintos».

«Si la Constitución de la Convención es lo más cercano a lo que la expresidenta soñó, evidentemente el borrador constitucional que se redactó durante su mandato era una versión moderada y maquillada de su visión personal sobre Chile», señala.

El abogado destaca que «en materia de principios, ambos textos consagran el reconocimiento a todos los tipos de familia, pero el de la Convención va más allá y quita que sea el núcleo fundamental de la sociedad».

Agrega: «En materia de libertad de conciencia, el trato es radicalmente distinto. Mientras el proyecto de Bachelet reconoce explícitamente la objeción de conciencia, la de la Convención consagra la libertad de la misma. Sin embargo, en ese texto se establecen las bases para prohibirla o restringirla, pues se garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.

Más allá de los dichos de la ex Jefa de Estado sobre sus sueños de Constitución para el país, objetivamente hay temas centrales en la Constitución de la Convención que ni siquiera figuran en la propuesta entregada por Bachelet hace 4 años, específicamente el 5 de marzo de 2018, seis días antes de concluir su período presidencial y abandonar La Moneda.

La palabra «plurinacional», por ejemplo, que ha generado tanto debate en la discusión constitucional, se repite nueve veces en el actual borrador. En el texto de 2018 no figura ni una sola vez.

El Líbero realizó la labor de comparar ambas propuestas y son al menos 15 los temas en lo que uno y otro proyecto no tienen puntos en común.

1. Un Estado ni plurinacional ni ecológico
La propuesta de la Convención es clara. «Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico», señala en el artículo 1.

«La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones», se consagra en el artículo 2, mientras que en el 5 se establece que «Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado».

Acto seguido en el texto se enumeran los once pueblos y naciones indígenas preexistentes, aunque se indica la posibilidad de incluir «otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley».

En el proyecto de Bachelet no está previsto que Chile sea un Estado plurinacional. Lo que se indica al respecto es que «el Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura».

Se agrega, además, que «la soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas», pero nunca se consagra que existan «diversas naciones» dentro del país.

Sobre el carácter «ecológico» del Estado, en el proyecto de la exmandataria ni siquiera figura ese término.

2. Con provincias y sin «autonomías territoriales indígenas»
«Su organización territorial es unitaria. Su administración es descentralizada y desconcentrada», se lee en el proyecto de Bachelet sobre la ordenación del Estado.

«Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas», se señala en el texto de la expresidenta.

En cambio, de acuerdo con la propuesta de la Convención, «el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales».

Dice más. Las entidades territoriales autónomas no serían solo las comunas y las regiones, sino además las «autonomías territoriales indígenas». Estas entidades, todas, «están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses».

3. Sin «sistemas de justicia» ni «Consejo de Justicia»
Otra diferencia entre ambos textos es que en el de la expresidenta el capítulo referido al Poder Judicial está titulado como «La jurisdicción», en el que se establece que «la facultad de conocer las causas judiciales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley».

En el borrador de los convencionales el equivalente a ese capítulo se titula «Sistemas de justicia» y eso es así porque no se trata de uno solo. La norma establece que se ejerce «por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas».

Este proyecto no solo reconoce la justicia indígena, sino que además establece que «coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia» y que «la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencias entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales».

La existencia de un sistema judicial paralelo para los indígenas no está establecido en la propuesta de nueva Constitución que presentó en 2018 la entonces Mandataria.

El Consejo de la Justicia cuya creación establecieron los convencionales como instancia encargada de «los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia», es una figura que no esta prevista en el proyecto de Bachelet.

Conforme al texto de la expresidenta, «la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales dela Nación estaría en manos de la Corte Suprema, quedando excluidos «el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones
y los tribunales electorales regionales».

4. Con Senado y sin Cámara de Regiones
La estructura del Poder Legislativo también es un asunto fundamental que está estructurado de maneras prácticamente opuestas en uno y otro proyecto.

En el texto que se redactó durante el último período presidencial de Bachelet se trata de un sistema bicameral clásico. Se establece que el Congreso está compuesto por dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado.

«Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece», consagra esa propuesta.

La Convención optó por diseñar un polémico «bicameralismo asimétrico», en el que el Senado desaparece y es sustituido por una «Cámara de las Regiones». En cuanto a las atribuciones de esta instancia, estas disminuyen en relación al «Congreso de Diputadas y Diputados».

5. Con un Tribunal Constitucional más fortalecido en cuanto a la elección de sus integrantes
Sobre el Tribunal Constitucional, según establece en su columna Correa Sutil, el proyecto de Bachelet mejora el nombramiento de sus integrantes, «mientras que la Constitución de la Convención lo politiza aún más». También el texto de la exmandataria mantiene el control preventivo de constitucionalidad de la ley. En cambio, la propuesta de la Convención suprime.

6. Estado de emergencia entre las opciones de los estados de excepción
El proyecto que entregó el gobierno de Bachelet mantiene lo estados de excepción tal y como están previsto en la Constitución vigente: estado de asamblea en caso de guerra exterior, estado de sitio en caso de guerra interior o conmoción interior, el estado de catástrofe en caso de calamidad pública y el estado emergencia en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación.

La Convención, por el contrario, optó por suprimir la figura del estado de emergencia del borrador de Carta Magna que le entregó al Ejecutivo para el plebiscito.

7. Propiedad sobre las aguas, no «autorizaciones administrativas de uso»
La regulación sobre las aguas es otro tema cuyo articulado es completamente diferente en uno y otro proyecto. En el de Bachelet, «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad
sobre ellos».

Los convencionales eliminaron el derechos de propiedad sobre las aguas de forma expresa: «El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables -categoría en la que se incluye el agua-, conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción y renovación (…) Estas autorizaciones, individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad».

8. Expropiación con «indemnización por daño patrimonial efectivamente causado»
En el proyecto de Carta Magna del 2018 está consagrado, con respecto a la figura de la expropiación, que el afectado «tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales». En el de la Convención, la indemnización se da por el «justo precio del bien expropiado».

En el de Bachelet se especifica que la toma de posesión del bien expropiado se da «previo pago del total de la indemnización». En la propuesta actual no se especifica que el pago haya sido de todo el monto.

9. Sin reconocimiento previo de derecho de los pueblos indígenas a «sus tierras»
Uno de los artículos que más polémica generó durante el proceso de redacción del actual borrador de Carta Magna es el que establece que «el Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras».

Este proyecto incluso señala que «la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección» y que «el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución».

Todo este reconocimiento previo, de carácter constitucional, sobre el derecho de los pueblos indígenas a territorios, cuya ubicación y extensión no está clara, no figura en la Constitución de Bachelet.

10. Con concesiones sobre minas
El proyecto de Texto Fundamental que entregó Bachelet desarrolla con cierta amplitud lo referente a las concesiones mineras: está establecido que se constituye por resolución judicial y es también de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios declarar la extinción de las mismas.

Al revisar el texto de la Convención se constata que nada quedó establecido en cuanto a concesiones mineras, ni siquiera se nombran.

«El Estado debe establecer una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado», indica la propuesta de la convencionales.

11. Con consagración de derechos propiedad industrial sobre patentes, marcas y modelo
Otro asunto que está desarrollado en el proyecto Bachelet y sobre el cual nada se dice en el de la Convención es el referido a propiedad industrial.

«Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley», se indica en el proyecto del 2018.

12. Sin artículos referidos al aborto
El proyecto de Constitución que presentó Bachelet no contempla el derecho a abortar, como sí lo establece la propuesta de la Convención, sin ningún tipo de restricción.

«Toda persona es titular de sus derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantizará su ejercicio sin discriminación (…) asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para (…) una interrupción voluntaria del embarazo», se señala en el texto que se votará en septiembre.

En la propuesta del 2018 no figura el término embarazo, por lo que tampoco aparece nada al respecto de la interrupción del mismo. Tampoco se prevé nada referente al «placer» en esa propuesta constitucional.

El proyecto de la ex Jefa de Estado consagra el «derecho a la vida y a la integridad física y psíquica» de las personas, así como el desarrollo sexual, como uno de los derechos de los niños.

El borrador de la Convención también prevé el derecho a la vida y no solo a la integridad física, sino también a la sexual.

13. Sin «Sistema Nacional de Educación» ni «régimen común» para los centros educativos
En materia de educación ambos proyectos son marcadamente diferentes. El proyecto que entregó la Convención prevé la creación de un Sistema Nacional de Educación en el que tienen que integrarse todos los establecimientos de educación, desde el nivel parvulario hasta el superior, sean públicos o privados. «La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos», dice el texto con respecto a estos últimos.

La propuesta de norma indica además que la «coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia» del sistema estará a cargo del Estado y que todas las instituciones que formen parte del mismo, que serían todas las del país, estarían «sujetas al régimen común que fije la ley» y «tienen prohibida toda forma de lucro».

En el proyecto del 2018 no está consagrado ningún sistema nacional al que deben pertenecer las instituciones educativas del país ni tan poco un régimen único, así como tampoco existía en ese texto la negativa de que las instituciones privadas tuvieran fines de lucro.

«La libertad de enseñanza es inherente al derecho a la educación, e incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, dentro de las normas que la Constitución y de la ley establecen y bajo la supervisión de las instancias ministeriales correspondientes», se indica en el texto presentado por Bachelet.

En la propuesta de los convencionales no está expresamente establecido el derecho de abrir los mencionados establecimientos. Aunque se garantiza la libertad de enseñanza y se establece que es deber del Estado respetarla, el enfoque es distinto y se indica que «comprende la libertad de madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo»; elección que tendrá que hacerse dentro de las instituciones educativas que deberán pertenecer al sistema nacional y responder al «régimen común».

14. Con consagración del derecho a elegir entre prestadores públicos o privados de salud
«Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser discriminado negativamente, el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado». Así está establecido en el proyecto de Constitución que presentó la ex Jefa de Estado.

Esta consagración del derecho a elegir de cada persona entre ambos sistemas no figura en términos explícitos en el proyecto de la Convención. En este se habla de un «Sistema Nacional de Salud» y establece que «podrá estar integrado» por prestadores públicos o privados.

«La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema».

15. Sin reelección, pero por un período de seis años
Conforme a la Constitución vigente, el ejercicio del cargo de Presidente es por cuatro año y está prohibida la postulación para el período inmediatamente siguiente al que se ha ejercido.

El proyecto de Bachelet extiende el período a seis años, «y no podrá ser reelegido ni postular nuevamente para este cargo».

Los convencionales, por su parte, mantuvieron en cuatro años el ejercicio de la función presidencial, pero con posibilidad de reelección «de forma inmediata o posterior, solo una vez».

Por Diana Lozano para El Líbero

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