La democracia constitucional es una institución propia de la modernidad, de allí su naturaleza procedimental, pues vivimos una época que adhiere al principio de la relatividad de la verdad, donde cada uno goza del derecho a tener su propia concepción de la realidad. Por ello, el orden social se organiza a través de procedimientos que permiten conciliar la multiplicidad de visiones que llamamos pluralismo.

Esto no sería posible sin reconocer a los seres humanos su igual dignidad y libertad individual para tener una noción propia de la vida recta, pensar y expresar sus ideas. Esto plantea, desde luego, la necesidad de ciertos bienes mínimos y sustantivos que requieren asegurarse: aquellos que hacen posible el ejercicio de esa dignidad y libertad. En todo lo demás, tenemos que aceptar el criterio formalista que reconoce como equivalentes todas las posiciones y visiones. Así, la democracia supone la competencia por el poder entre opciones que se aceptan y tratan recíprocamente como titulares de los mismos derechos.

Sin embargo, hay sectores políticos que niegan esta igualdad, puesto que imputan a sus adversarios el actuar motivados por intereses subalternos, la defensa de desigualdades estructurales que permiten privilegios que constituyen una sociedad injusta. Para ellos, la política no es una disputa entre distintas visiones de la sociedad y la justicia, sino una lucha del bien contra el mal, donde -cómo no- encarnan el bien y sus adversarios el mal. Adversarios a los que no reconocen equivalente legitimidad, pues son individuos que mienten, manipulan, abusan y, por lo tanto, es necesario impedirles que usen el sistema de libertades; hay que proteger a las personas, “cuidarlas” de los que desean perjudicarlas. Así mueren la libertad de expresión, la libertad de prensa, el pluralismo y, por cierto, la democracia.

La ministra Siches considera que los medios deben “comunicar mejor para no crear estigmas” y anunció que está trabajando, junto a la ministra Vallejo, en un manual para comunicar correctamente. Después ambas ministras dieron una aclaración pueril: el manual sería interno. El gobierno se desliza hacia una pendiente conocida, demasiados casos muestran que cuando el poder empieza a actuar así termina identificando toda crítica como una amenaza al interés general, porque identifican ese interés con su propio proyecto y visión.

Es curioso como el autodenominado progresismo transita hacia la regresión histórica y cultural premoderna, en la que no se reconoce la diversidad de visiones, en que se niega el orden social fundado en libertades individuales y tratan de imponer sus propios valores, a los que atribuyen superioridad. Lo que se aparta de su visión es un “estigma” y debe corregirse, pero no a través del debate de ideas, sino disciplinando a través de la norma, del manual. El reglamento de ética de la Convención es un buen ejemplo.

Como no recordar a Pachuco que, con humor y picardía, cantaba “no meta las manos ahí, no meta las manos”.

Escrito por Gonzalo Cordero, abogado, para La Tercera

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