Esta tarde, a través del Senado, el Presidente Gabriel Boric ingresará un veto a la reforma constitucional, recientemente despachada por el Congreso, que faculta al Mandatario disponer de las FF.AA. para salir a resguardar “infraestructura crítica” del país.

La medida, pensada como nueva herramienta para hacer frente a la violencia en La Araucanía y Biobío, facilitaba el despliegue militar para colaborar en tareas de orden público y seguridad interna, sin necesidad de un estado de excepción constitucional que restringe derechos y libertades.

Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, afirmó en Radio ADN que “lo hemos analizado (el proyecto) con las ramas de las Fuerzas Armadas y hemos encontrado unos detalles que nos limitan en su implementación”.

“Entendiendo que es un proyecto que nos permite extender la mantención sin vulnerar los derechos individuales de las personas. Espero poder tener una discusión con los parlamentarios y parlamentarias para aprobar este veto y en ese caso evaluar el uso del instrumento”, complementó.

En el gobierno, de hecho, habían anticipado que para implementar esta reforma se requería ajustar y elaborar reglamentos nuevos. Uno de los temas a resolver era la cadena de mando, es decir, bajo la responsabilidad de qué autoridad debían quedar las fuerzas. Otro de los puntos por resolver eran las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que dan instrucciones respecto de cómo deben actuar las tropas ante ataques u otras situaciones complejas como protestas.

Tramitación compleja

El paso del proyecto de Infraestructura Crítica por el Congreso no fue fácil. Anunciado a finales de 2019 por el gobierno del entonces Presidente, Sebastián Piñera, la iniciativa no había contado con el respaldo necesario en el Parlamento para avanzar en su tramitación.

Es así como luego de una serie de conversaciones y reveces legislativos, finalmente prosperó el proyecto presentado en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Pero tampoco se logró consenso por lo cual la reforma constitucional se fue a una Comisión Mixta.

Es así como ante la falta de acuerdos y otras prioridades legislativas, la iniciativa quedó “durmiendo” en el Congreso. Eso hasta mayo de este año, cuando el gobierno de Gabriel Boric decidió avanzar en una iniciativa que denominó de “Estado Intermedio” que buscaba ocupar a las FF.AA. para proteger las rutas del país -sin decretar Estado de Excepción- en especial las de la Macrozona Sur debido al aumento de hechos de violencia que se habían registrado en la zona.

Fue así que, en primera instancia, la discusión resurgió a raíz de la petición del Ejecutivo, pero luego de fallidas negociaciones con el oficialismo, el Ejecutivo optó por desechar el camino de la Mixta y prefirió decretar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur, al que llamó “acotado”.

Sin embargo, pese a la decisión de La Moneda, el proyecto no quedó en pausa, ya que los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta decidieron seguir discutiéndolo y lograron llegar a un acuerdo para emanar un informe final.

Si bien en el Senado la iniciativa fue visada con amplio respaldo, en la Cámara de Diputados la iniciativa no contó con un apoyo mayoritario de las bancadas de gobierno, esto ya que entre quienes votaron en contra hubo legisladores de la bancada del Partido Comunista, Partido Humanista y Partido Ecologista Verde Social y del Frente Amplio; mientras que en las abstenciones también se registraron votos de diputados de Apruebo Dignidad y de miembros del Partido Republicano.

De hecho solo dos integrantes de Apruebo Dignidad, coalición que sustenta a Boric, votaron a favor de la iniciativa.

El gobierno, durante la tramitación de la iniciativa se había abierto a ocupar esta herramienta si era despachada. “Desde el Ejecutivo nosotros hoy venimos a manifestar que esta atribución adicional al poder Ejecutivo, nosotros, en caso de ser aprobada, la tomamos con el peso de la responsabilidad que implica una definición como ésta”, sostuvo en su minuto el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

Y agregó que “queríamos dar la garantía de que cuenten con que el gobierno la tendrá en plena consideración dentro de las herramientas a utilizar para resguardar la seguridad tanto de la infraestructura crítica, y por ende, de manera indirecta, pero sustantiva, al bienestar y seguridad de la población”.

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