Como economista, me toca en forma permanente analizar las perspectivas para el país, el impacto que tendrán las reformas que intenta llevar a cabo el gobierno, y los efectos que podría tener la crecientemente compleja situación geopolítica que enfrenta el mundo. Por supuesto, es un ejercicio siempre interesante, pero en las circunstancias actuales del país, bastante estéril. Equivale a centrarse en los efectos de una gripe en una persona que enfrenta un cáncer pulmonar.

Efectivamente, la situación económica en el corto plazo es difícil; la desaceleración de la actividad es evidente, la inflación ha subido a niveles que las generaciones jóvenes no conocen, y la situación mundial también se presenta compleja. En lo económico, el shock negativo de corto plazo es indudable; sin embargo, lo realmente preocupante es el deterioro estructural, que se hará permanente si triunfa el Apruebo el 4 de septiembre, fecha que conmemora los 52 años de otro evento que resultó muy negativo para el país: la elección de Salvador Allende. Al igual que en esa oportunidad, sería el resultado de un proceso largo de deterioro político y económico, que no se inició con el estallido de octubre de 2019, sino diez años antes, cuando la izquierda socialdemócrata claudicó frente a la izquierda radical. Los llamados autocomplacientes de la Concertación se rindieron frente a los autoflagelantes, que lideraron el segundo gobierno de Bachelet.

Hubo muchas voces que denunciaron el camino errado que tomaba el país, entre éstas, el destacado historiador Niall Ferguson, quien en septiembre de 2014 nos dijo: «Chile puede estar comenzando a ejercer su derecho a ser estúpido». En la misma línea, Arturo Cifuentes, académico de la FEN en ese entonces, dijo en 2015: «Chile se jodió por los próximos 10 años”, producto del daño que el gobierno le estaba haciendo a la economía. Fue duramente criticado en ese momento, aunque habría que decir ahora que probablemente se quedó corto. Otro destacado economista, José Luis Daza, también fue claro al respecto, cuando en 2016 dijo que Bachelet «le pegó con un palo al avispero del populismo». Es curioso que la propia expresidenta parece haber intuido el problema cuando dijo “cada día puede ser peor”, lo que tristemente ha sido innegable hasta ahora.

Lo cierto es que llevamos una década de constante deterioro, desde que la izquierda empezó a aceptar que la violencia, las tomas ilegales y, en general, las vulneraciones al Estado de Derecho eran una vía legítima de protesta social y de presión por los cambios. “Siembra vientos y cosecha tempestades”, recuerdo haber tuiteado en ese entonces, y en eso estamos ahora, en plena tempestad, y sólo la mantención del timón muy firme y el trabajo conjunto de la tripulación podrá evitar que el barco se hunda. Qué duda cabe, la recuperación de la amistad cívica y de la certeza jurídica son condiciones necesarias para evitar el hundimiento, sin embargo, el proyecto de nueva Constitución que tenemos hasta ahora no permite estas condiciones. En caso de aprobarse, no será una Constitución que represente a un porcentaje importante de la población, lo que mantendrá un escenario de polarización, y dado el carácter inaplicable y financieramente inviable de muchas de sus normas, tampoco generará un grado mínimo de certeza jurídica. El barco seguirá a la deriva, y peligrosamente cerca del hundimiento final.

Entonces, el primer paso para que Chile pueda retomar un camino ascendente es el Rechazo al trabajo que han realizado los constituyentes, básicamente porque no cumplieron el mandato que les dio la ciudadanía; esta no es una Constitución que genere las condiciones para que, además de seguir creciendo, se puedan satisfacer las demandas sociales. Por el contrario, el estancamiento del proceso de desarrollo que generarían muchas normas hará imposible que se financien los derechos sociales que generosamente promete.

El Rechazo no es la solución rápida a los problemas del país, pero al menos abre la posibilidad de poder tomarse en serio los cambios institucionales que el país requiere, los cuales, para ser sostenibles en el tiempo, deben provenir de acuerdos amplios, aquellos que detesta la izquierda radical, cuyas ideas han sido las dominantes en esta década de decadencia.

Por Cecilia Cifuentes, economista, ESE Business School, para El Líbero

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