La normativa escolar establece que las escuelas y liceos deben tener sus respectivos Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), basados en las orientaciones del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, que operan como marco.

Así, todos los establecimientos tienen su propio RICE, donde se detallan los derechos y responsabilidades de cada persona, además de entregar orientaciones sobre cómo actuar ante distintas situaciones, entre ellas, faltas graves o gravísimas. No es que haya un reglamento parejo para todos, sino que cada institución elabora el suyo, lo adapta a su realidad y, por consiguiente, tiene sus propios procesos sancionatorios o disciplinarios.

En ese sentido, el marco normativo vigente señala que, para obtener reconocimiento oficial, cada establecimiento debe contar con un RICE que debe incluir un capítulo específico sobre las normas que regulan la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa.

En ese orden y en el contexto de un año especialmente violento en el ámbito escolar, donde sin ir más lejos este miércoles se detuvo a cuatro estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (Inba) por un amago de incendio, La Tercera solicitó hace algunas semanas a la Dirección de Educación (DEM) de Santiago un consolidado de procesos y sus resultados en los denominados liceos emblemáticos cuando ha existido activación de protocolos RICE ante faltas gravísimas que, como se ha explicado, cada comunidad estudiantil califica como tal. No necesariamente todo está relacionado a la violencia.

Solo a modo de ejemplo, el Instituto Nacional tiene descritas 34 faltas gravísimas en su RICE, entre las que se cuentan: agredir físicamente, entiéndase por esto cualquier tipo de golpe que afecte a cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el contexto; impedir el flujo libre de personas en cualquier acceso del colegio ya sea imponiéndose físicamente a que se puedan abrir o cerrar puertas según la necesidad de las autoridades o poniendo candados, cadenas u otros objetos que obstaculicen la salida y entrada al colegio o acceso a los distintos sectores del Liceo; portar sin autorización u ocultar elementos que permitan esconder la identidad (pelucas, pasamontañas, máscaras, máscaras antigases, overoles, etc.); elaborar, instalar, ocultar, portar elementos que permitan la elaboración de bombas que contengan cualquier tipo de líquidos incluyendo pintura, de ruido, de humo y/o incendiarias dentro y/o fuera del establecimiento; y ver, almacenar, mostrar, portar al interior del establecimiento material pornográfico o enviar a través de correos electrónicos o por redes sociales

En general, las cifras señalan que, si bien los protocolos se activan recurrentemente, no todos terminan en sanción, sobre todo en el caso de los liceos de Santiago.

“Cuando hablas con fiscalía te dicen ‘necesito un testigo’. Y bueno, la razón de ponerse overol es una evolución de la capucha. El trabajo para ir identificando tiene que ser delicado y muy persistente y abordado con mucha seriedad”, decía hace un tiempo Rodrigo Roco, jefe educacional de Santiago, sobre las dificultades para identificar a los protagonistas de los hechos de violencia. Esa, añadía, podría ser una de las justificaciones para la ecuación muchos procesos/pocos sancionados.

Así, explicaba que una vez identificado al violentista, la apuesta de la gestión de la alcaldesa Irací Hassler ha sido “hacer funcionar el RICE, porque ese es un acuerdo de la comunidad. Es lo que hemos aplicado y hemos llegado a expulsar estudiantes; hemos reubicado también (…) se le hace lo que se llama un debido proceso. Es verdad que en algunos establecimientos eso se volvió laxo”.

Esa laxitud que menciona Roco es lo que bien podría explicar que, de modo general, en los nueve liceos emblemáticos de Santiago (Instituto Nacional, Javiera Carrera, Amunátegui, Isaura Dinator, Aplicación, Barros Borgoño, Confederación Suiza, Darío Salas e Inba), al revisar las cifras se tenga que hasta octubre de este año se abrieron 587 procedimientos ante faltas gravísimas.

En detalle, de esos procesos cinco terminaron en una expulsión inmediata y otros 14 en la cancelación de la matrícula para el año siguiente, totalizando 19, es decir, un 3,2% de todos los procedimientos. Además, 85 acabaron en suspensión del estudiante como sanción final, 70 en condicionalidad y 50 aún están en proceso. En total, fueron sancionados 174 estudiantes, lo que representa un 29,6% de los procesos abiertos.

¿Y los restantes? Según explican desde Santiago, dependiendo de cada RICE, una falta gravísima no siempre significa la aplicación de una sanción de las antes mencionadas. Por ejemplo, cuando es cometida por primera vez puede implicar una citación al apoderado o un compromiso de no reincidir.

Al analizar por establecimiento, se tiene que los tres que más procesos han abierto son el Aplicación (244), Inba (144) e Instituto Nacional (59), coincidente con los hechos de violencia que se han desarrollado a lo largo del año y que en general tienen a esos establecimientos involucrados. Llama la atención, eso sí, que de los 244 procesos iniciados en el Aplicación, solo seis terminaron con algún tipo de sanción, las que culminaron con una condicionalidad.

Y mientras en el Inba se expulsaron a dos alumnos, en el Instituto Nacional fue uno. Los otros dos expulsados en Santiago corresponden al Darío Salas. Además, las cancelaciones de matrícula de Santiago se dieron en el Instituto Nacional (1), Javiera Carrera (3), Amunátegui (5) e Inba (5).

Comparativamente y según los registros existentes, durante 2019 y con la aplicación de Aula Segura bajo la gestión de Felipe Alessandri, en los mismos liceos se observa que se abrieron 70 procesos ante faltas gravísimas, donde 13 estudiantes fueron expulsados y nueve fueron sancionados con cancelación de matrícula.

“Es importante recordar que, al menos en dos casos, la Corte Suprema ordenó la reincorporación de estudiantes que habían sido expulsados por Aula Segura (uno en el Inba y otro en el IN). También la Superintendencia de Educación aplicó multas severas por procesos de expulsión llevados a cabo de mala manera”, señala Rodrigo Roco.

Y añade: “A nuestro juicio, esto muestra que Aula Segura fue sobre todo un discurso político y comunicacional, y se terminó ubicando en la arena de la política partidista. No fue una herramienta realmente eficaz para combatir lo que se decía querer combatir, ni mucho menos fue una política educativa relevante en lo formativo”.

Contrariamente a eso, cree Roco, “los RICE reflejan, por lo menos, un cierto acuerdo dentro de las propias comunidades en torno a las faltas y sus sanciones”. Esto, cierra, “es fundamental desde el punto de vista educativo y también desde la lógica del debido proceso. Ser tratado y poder sentirse tratado de manera justa ante la comisión de una falta, por grave que esta sea, es algo esencial en ese sentido”.

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