Gracias a una denuncia por Ley de Seguridad del Estado interpuesta el 9 enero de 2020 por el Ministerio del Interior, liderado en ese momento por Gonzalo Blumel, ayer se pudo detener a Héctor Llaitul, líder de la CAM.

En la acción judicial, que fue firmada por el intendente de La Araucanía de la época, Víctor Manoli, se denunciaban las amenazas que Llaitul había realizado el día anterior tras la condena recibida por Daniel Canío por delitos de incendio, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

“La respuesta se viene. Las acciones directas están claramente identificadas, determinadas, las comunidades así las han asumido. Las organizaciones que estamos detrás del movimiento autonomista estamos muy comprometidos con este tipo de accionar, del control territorial, las recuperaciones de tierra, todos los procesos de reivindicación territorial políticos se van a activar de manera contundente de aquí para adelante (…). Vamos a llegar hasta las últimas instancias«, dijo el líder de la CAM en esa oportunidad.

Si bien gracias a esta denuncia por Ley de Seguridad del Estado hoy Llaitul se encuentra detenido, las autoridades del actual gobierno han cuestionado duramente esta figura desde que eran parlamentarios. De hecho, la catalogaron bajo el concepto de “leyes represivas”.

El programa de Boric deroga la Ley de Seguridad del Estado

En su programa de gobierno, el Presidente Gabriel Boric mencionó dos veces la Ley de Seguridad del Estado. Una para anunciar su derogación y, la otra, para señalar que retiraría todas las querellas bajo esa legislación que pesaban contra los imputados del estallido del 18-O.

“Apoyaremos el proyecto de ley de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad, además de quitar las querellas por ley de seguridad interior del Estado interpuestas en ese período”, dice el programa presidencial.

Además, el entonces candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista prometió “impulsar leyes que reconozcan el derecho a manifestarse y la derogación de leyes represivas, tales como las normas que regulan el control de identidad preventivo, la ley antibarricadas y la Ley de Seguridad del Estado”.

El retiro inmediato de 139 querellas

Un día antes de asumir el gobierno, las futuras ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron el retiro inmediato de 139 querellas que afectaban a presos del estallido.

Los delitos imputados eran robo con intimidación, delitos de armas o de incendio, todos con altas penas de cárcel.

Con la decisión, el nuevo gobierno buscaba que esa legislación “no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”. En cambio, apostaban por “la voluntad política de reconstruir confianzas, y avanzar hacia la paz social”.

El impacto del retiro de las querella es que la causa se termina, en aquellos casos en que solo imputa dicha ley. Y si estaba en prisión preventiva quedaba libre.

En octubre de 2019, el entonces diputado Boric señalaba que “amenazar con aplicar ley de seguridad del Estado criminalizando a tod@s quienes protestan en vez de tratar de entender el problema de fondo y dialogar para buscar soluciones es un ejemplo de manual para profundizar una crisis. Muy mal el Presidente Piñera”.

La agenda “antirepresión” para eliminar la Ley de Seguridad

El intento de derogar la ley ha sido un objetivo político de las autoridades y partidos que hoy gobiernan.

En enero de 2021, la bancada de Revolución Democrática, liderada por Giorgio Jackson, presentó un proyecto para derogar la Ley de Seguridad del Estado.

«Agenda antirrepresión», le llamaron los parlamentarios. Señalaban que, en el caso de la Ley de Seguridad del Estado, que sea el Presidente de la República el que pueda invocarla genera «arbitrariedades» y que es «utilización política de la herramienta».

Jackson justificaba dicho proyecto en la necesidad de “limitar el poder que un gobierno central, que tiene una opinión ideológica, ocupe las herramientas del Estado para poder infundir temor en la población”.

A su vez, buscaban “no insistir en el populismo penal, que es lo que ha hecho el gobierno (de Piñera) tantas veces. Y que termina en un absurdo de tener un país con los mayores niveles de encarcelamiento sin mejor seguridad pública”.

Las volteretas del gobierno de Boric

Al igual como ha ocurrido en otros temas desde que llegaron a La Moneda el 11 de marzo, en el caso de Héctor Llaitul el gobierno también ha cambiado de postura respecto a la forma de enfrentar las constantes amenazas del líder de la CAM.

En mayo, Llaitul hizo un llamado “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada”, luego que el Ejecutivo anunciara un “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur que permitía a las Fuerzas Armadas resguardar las rutas ante la escalada de violencia.

Pese a sus palabras, el gobierno desechó querellarse en contra del líder de la CAM. Consultado al respecto, el Presidente Boric dijo que “nuestro gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias, que se pueden debatir”.

Sin embargo, el 27 de julio en la noche, el gobierno reculó y decidió ampliar dos de las querellas por Ley de Seguridad del Estado que pesaban contra Llaitul y que habían sido presentadas en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Esto, luego que Llaitul advirtiera en una nueva declaración que “la forma nuestra de reivindicarlo (al fallecido Pablo Marchant) es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

En un principio el gobierno desestimó tomar nuevas acciones tras esos dichos. La ministra del Interior, Izkia Siches, señaló en una primera instancia que “como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso de 2019 y 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación”. Pero esa misma noche anunció que finalmente habían resuelto ampliar las querellas existentes.

Original de El Líbero

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