Jeanette Vega Morales asumió en marzo como ministra de Desarrollo Social y Familia.

Si bien había sido militante PPD, no se sumó la precandidatura presidencial de Heraldo Muñoz y apoyó a la exvocera de gobierno Paula Narváez (PS), en su intento por llegar a La Moneda. Luego respaldó al hoy Presidente Gabriel Boric y en enero se anunció que sería una de sus ministras.

Vega fue subsecretaria de Salud Pública, directora de Fonasa, del ISP y también asesora externa de la OMS y de la OPS. Uno de sus últimos cargos fue como directora de Innovación Médica y Transformación Digital de la Red Salud UC-Christus.

Participó de los dos gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet en el área Salud y se esperaba que asumiera un cargo acorde. Médica de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública de la Universidad de Illinois, especializada en Medicina Familiar y con una Maestría en Salud Pública, fue directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes sociales de la salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, el Presidente Boric la nominó para encabezar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Vega renunció este jueves, tras conocerse una publicación sobre gestiones que una de sus asesoras habría realizado para sostener un diálogo con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, formalizado este jueves por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado. Esto, pese a que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró no tener antecedentes. La información reservada de una escucha telefónica de la PDI fue publicada en Ex-Ante.

Polémicas

La renunciada ministra ya había protagonizado una polémica al ser entrevistada en Tolerancia Cero el domingo 15 de mayo.

“La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos”, afirmó al referirse a la situación de jóvenes que cumplen prisión preventiva por delitos asociados a las protestas tras el 18 de octubre de 2019 y que “hasta ahora no han sido enjuiciados” y a “algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios”.

Horas más tarde, Vega corrigió sus declaraciones, publicando en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”.

El episodio motivó una reprimenda a Vega por las directrices que no siguió y que había fijado La Moneda para abordar esos temas.

Otra polémica en la que se vio envuelta fue cuando se conoció un registro en el que comentaba a funcionarios cómo explicar el texto redactado por la Convención Constitucional.

En abril de este año, en tanto, la entonces ministra de Desarrollo Social aseguró que los delitos en la Macrozona Sur habían aumentado un 400% cuando se aplicó -en el gobierno de Sebastián Piñera- el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Fueron precisamente autoridades del gobierno saliente quienes salieron a retrucarla.

El exministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), aseguró que en el tiempo en que operó la medida los hechos violentos disminuyeron. “Un tema sensible como lo es la violencia en la Macrozona Sur exige precisión en las cifras. Durante Estado de Excepción disminuyeron un 45% los hechos de violencia, se registró una baja de un 73% en las usurpaciones y 185 detenidos. Obvio que no es suficiente, pero esas son las cifras”, señaló el exjefe de gabinete.

Poco después, en mayo, cuestionó el Estado de Excepción en el sur, asegurando que no era “la solución para el Wallmapu”. A esas alturas el gobierno ya había enfrentado una serie de polémicas -incluyendo quejas desde Argentina- por la utilización de ese término. La propia ministra del Interior, Izkia Siches, se había disculpado por emplear esa palabra.

Este jueves dejó el cargo y se espera el nombre de la persona que la reemplace. De forma interina asumirá la subsecretaria Paula Poblete.

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