No existe la posibilidad de que Gabriel Boric y los partidos de gobierno puedan disimular la magnitud de la derrota que experimentaron en el plebiscito. Avalaron un proyecto que ponía en riesgo la unidad de Chile, convirtieron La Moneda en trinchera partidista y usaron sin rubor los recursos públicos para asegurar la aprobación de un proyecto de Constitución ideado para copar el poder. Y fracasaron.

Será mejor que Boric y sus aliados no agreguen la impostura a la derrota sufrida, porque eso sería exactamente el intento de convencer al país de que “aquí no ha pasado nada”, que el plebiscito no tuvo importancia y todo queda en suspenso, puesto que existiría un supuesto mandato indefinido para organizar y financiar todas las convenciones que sean necesarias hasta que el bloque oficialista salga con la suya. Más vale que entren en razón y no abusen de la paciencia de los ciudadanos. El proceso constituyente llegó a su término con el plebiscito de salida. Eso es lo establecido. Si Boric quiere un segundo proceso, debe proponer una nueva reforma constitucional al Congreso. Y de algo deberían servir las contundentes cifras del plebiscito.

El Rechazo tuvo sobre todo un carácter defensivo. Fue la reacción de la sociedad ante la amenaza representada por un proyecto de Constitución concebido por las izquierdas como arma de combate. Ello provocó la entrada en escena de muy amplios sectores de la sociedad que, aproximadamente en marzo-abril, adquirieron conciencia de los enormes riesgos que corría el país a causa de los acuerdos de la Convención. En julio, la inquietud se agudizó al conocerse el proyecto de Constitución, el cual nunca fue pensado como un texto en favor de la integración nacional y el fortalecimiento de la democracia, sino como una plataforma de los intereses político-ideológicos de la alianza refundacional.

Lo que más influyó en la decisión de mucha gente de votar Rechazo fue la percepción de la catástrofe que podía sobrevenir si prosperaba la creación de once naciones indígenas dentro de Chile, con territorios, órganos políticos y sistemas de justicia autónomos, lo que implicaba segmentar racialmente a la población y socavar las bases del Estado unitario, Era la propuesta de los activistas del indigenismo, que aprendieron a hacer negocio político con la raza, y que ayudaron a su vez al negocio político del Frente Amplio y el Partido Comunista de crear una sistema político que colmaba sus expectativas.

En mayo pasado, el PC caracterizó el plebiscito como “la batalla de las batallas”, con lo que dio a entender que le asignaba un significado definitorio para sus propios intereses. Fue la fuerza política que se identificó más profundamente con los contenidos del texto aprobado por la Convención. Su campaña mostró que nunca se sintió más cerca que ahora de cumplir sus objetivos políticos. Y sacó mal las cuentas.

El país necesita estabilidad institucional para enfrentar la recesión económica que, según las proyecciones, podría durar hasta el primer semestre del próximo año. Se requiere despejar la incertidumbre que determinó que muchas decisiones de inversión quedaran suspendidas, a la espera de lo que pasara en el plebiscito. Hace falta crear un clima de confianza para superar las dificultades.

El reto planteado por el bandolerismo en tres regiones obliga al Estado a actuar sin mayores dilaciones para enfrentarlo con todas sus capacidades. Es visible que los delitos con camuflaje étnico en el sur son, como la barbarie con rostro social en Santiago y otras ciudades, formas hipócritas de ataque a nuestra convivencia que no difieren de las acciones del crimen organizado. No es posible contemporizar con ellas. El gobierno tiene el deber de proteger a la comunidad.

Ojalá estemos asistiendo al comienzo de una etapa de racionalidad política. En todo caso, está demostrado que los ciudadanos no somos espectadores, sino protagonistas de lo que pase o no pase. Es indispensable alentar el diálogo y el entendimiento, pero rechazar la táctica de quienes toman la parte de la democracia que les conviene, y le dan la espalda al resto, de lo cual ha habido tantas muestras desde la revuelta de 2019.

No es precisamente una demostración de realismo que algunos dirigentes políticos y empresariales sugieran que, ante el triunfo del Rechazo, el mandatario debe liderar un nuevo proceso constituyente. En realidad, Boric no está en condiciones de liderar ninguna cosa. Es penoso decirlo, pero es la verdad. Será mejor para él y para el país que se concentre en gobernar lo mejor que pueda.

Hay que poner una pausa al debate constitucional. Cualquier apresuramiento puede ser el comienzo de nuevos errores, y ya han sido demasiados. Lo primero es actuar con la verdad. El país seguirá funcionando dentro el marco constitucional vigente, que es la base de la legitimidad del propio Presidente de la República. Todos los partidos tienen la obligación de analizar el fracaso de un experimento que solo trajo división e incertidumbre.

Hay que decirlo de nuevo: el país no es un laboratorio, y no puede seguir organizando y financiando convenciones cuando lo que corresponde es que el Congreso asuma la responsabilidad de dar un cauce riguroso y sereno al debate sobre los cambios. ¿O es que los parlamentarios se van a convertir en meros organizadores de convenciones? ¿Para qué están, entonces, las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara?

La experiencia de este período es aleccionadora respecto de que las malas decisiones tienen malas consecuencias. Necesitamos que la política trascienda los partidismos y ponga el interés nacional en primer lugar. Es indispensable sostener las instituciones que aseguran el ejercicio de las libertades y la alternancia en el poder.

Se han creado condiciones favorables para que Chile recupere el equilibrio. Lo más importante ahora es garantizar la paz interna y el respeto a la ley en todo el territorio. Hay que asegurar la estabilidad y la gobernabilidad.

Por Sergio Muñoz Riveros para ex-ante.cl

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