Ahora que falta menos de un año para que concluya el mandato del Presidente Piñera, se comienza a abrir el debate sobre su legado. Por más que el gobierno busque disfrazarla o minimizarla, la única conclusión posible sobre la segunda administración de Piñera es que fracasó rotundamente en avanzar su proyecto de país. Fue derrotado. Después de hacer campaña oponiéndose a una nueva Constitución y prometiendo reformas amigables con el mercado en pensiones, impuestos y jornada laboral, su gobierno hizo todas las reformas que la izquierda siempre soñó hacer y no pudo. Aunque la izquierda lo desprecie y acuse de violaciones a los derechos humanos, Piñera fue el presidente más izquierdista que ha tenido Chile desde el retorno de la democracia.

En la campaña de 2017, el entonces candidato dijo repetidas veces oponerse a un proceso constituyente. Es más, una de sus primeras medidas como presidente fue retirar el proyecto de ley con una nueva Constitución que presentó Michelle Bachelet, mañosamente, pocos días antes de dejar el poder. Para dejar en claro que su camino era el de reformar la Constitución —y no redactar una nueva—, intentó cortar de raíz el proceso constituyente. Cuando deje el poder el 11 de marzo de 2022, Piñera ya habrá sido definitivamente desplazado de la toma de decisiones políticas por la convención constitucional que comenzará a redactar un nuevo texto a mediados de mayo de 2021. El gran símbolo de su derrota política histórica ocurrirá precisamente el 11 de marzo de 2022, cuando la persona que lo suceda en el poder deba jurar o prometer que respetará la que entonces ya será una desahuciada Constitución.

La derrota de Piñera en el debate sobre una nueva Constitución es tremenda. Después de todo, basta que esta establezca ciertos preceptos para echar por tierra diversos aspectos de la institucionalidad política y económica del país. Pero hay otras dimensiones más en las que el legado del Mandatario representa un formidable fracaso. El foco que Piñera buscaba poner en el combate a la delincuencia es posiblemente el área en qué más contraste hay entre lo que prometió el candidato y lo que hizo el presidente. La legitimación de la violencia como método para avanzar agendas políticas ha llevado a la delincuencia a aprovecharse de la enorme pérdida de autoridad de la policía y del nulo respeto a carabineros que tienen ahora los chilenos.

En la Araucanía, las cosas están ahora peor de lo que estaban cuando asumió Piñera. Las promesas que hizo como candidato no solo jamás se materializaron, sino que las políticas que implementó fallaron rotundamente en revertir la tendencia al alza en la presencia de grupos armados y violentistas.

El gobierno de Piñera también falló en cumplir sus promesas sobre la reforma de impuestos, pensiones y laboral. En impuestos, los ambiciosos planes del gobierno se vieron truncados primero por la incapacidad de Chile Vamos de lograr mayoría en el Congreso y, luego, por la tozudez de un gabinete que nunca pareció entender que estaba en minoría en ambas cámaras. Al final, en vez de bajar, los impuestos subieron. En reforma de pensiones, el gobierno se aferra porfiadamente a una reforma que tiene cero chances de pasar en el Senado. Como un equipo de fútbol que va perdiendo por goleada, pero insiste en mantener el mismo estilo de juego, el gobierno de Piñera ha sufrido tanto de tozudez como de negacionismo. En reforma laboral, el gobierno dio un triste espectáculo al intentar promover una jornada laboral de 180 mensuales (para oponerse al proyecto más simple y claro de dos diputadas comunistas que buscaba reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales). Irónicamente, el estallido social de octubre de 2019 sirvió para que el gobierno pudiera abandonar su proyecto de reforma laboral que —como si fuera sorpresa— tampoco tenía chances de ser aprobado en el Congreso.

Resulta difícil encontrar alguna promesa significativa de campaña de Sebastián Piñera en 2017 que haya sido debidamente cumplida en su segundo gobierno. Aunque es verdad que todos los candidatos prometen mucho más de lo que van a poder cumplir, su caso debe constituir el de mayor distancia entre lo que prometió un candidato en campaña y lo que hizo su gobierno después de ser electo.

Como candidato, Piñera prometió que vendrían tiempos mejores. El proceso constituyente en el que está adentrándose el país —que genera mucho entusiasmo y esperanza en muchos— generará incertidumbre económica y, a partir de todos los derechos sociales garantizados que prometen las candidaturas, generará mucha presión sobre el gasto público. Anticipando que los gastos públicos aumentarán mucho más rápido que los ingresos fiscales, los únicos tiempos que se avecinan son los de indisciplina fiscal. La fiesta de derechos sociales que traerá la convención constitucional terminará en una dolorosa resaca de endeudamiento público. Lamentablemente, ese será el más duradero y doloroso legado del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político, académico UDP, para El Líbero

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