Fue en 2009 que en la Región de Los Ríos ocurrió el primer atentado de violencia rural en la zona. Un atentado incendiario que llegó a encender las alarmas respecto de un conflicto del que ya se hablaba con frecuencia en las regiones aledañas del norte de La Araucanía y el Bíobio.

Sin embargo, ya al año siguiente no se registró ningún hecho de este tipo, por lo que se pensó que solo fue un hecho fortuito o de menor importancia. Así lo asumieron las autoridades de la época, pero estaban lejos de haber acertado en su predicción: en 2011, tres atentados rompieron la tranquilidad aparente en la comunas de Panguipulli, San José de La Mariquina y Mafil, las comunas que más concentran este tipo de ilícitos.

Ya en 2012, la cifra aumentó a diez, según el registro que maneja la Fiscalía Regional de Los Ríos; en 2016, se produjeron más de 20 hechos de violencia rural -incluido incendios, usurpaciones, daños y amenazas-, y ya para el 2020, esta tendencia delictual se quedó en la zona. Si ese año se registraron 28 eventos, en 2021 serían 55 y en lo que va de este 2022, son 53 los ilícitos de este tipo.

Todos estos antecedentes fueron relatados de manera gráfica por el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, este miércoles al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Testigos del encuentro relatan que el persecutor, incluso, desplegó un mapa dando cuente de cómo este territorio se transformó una extensión de la “zona roja” del conflicto mapuche, motivando a una serie de peticiones de gremios forestales y contratistas madereros para que el estado de excepción también se aplicara en esta región.

El último hecho de esta naturaleza que golpeó a las autoridades de la zona ocurrió el 17 de julio: un grupo de encapuchados realizaron dos ataques incendiarios y siniestraron 21 vehículos en la comuna de Mafil, en contra de una empresa de áridos. El ataque fue reivindicado, a través de un lienzo firmado, por el Órgano de Resistencia Territorial Williche Kalfulikan, perteneciente a la Coordinadora Arauco Malleco, que lidera Héctor Llaitul.

Esto motivó a que el subsecretario Monsalve se trasladara hasta la zona para sostener una serie de reuniones en Valdivia, junto a jefes policiales, fiscales y gremios locales. En el gobierno no estaban completamente cerrados a la posibilidad de extender el estado de excepción para Los Ríos, incluso, la ministra del Interior, Izkia Siches, dijo ayer que en radio ADN que para el Ejecutivo “es muy importante lo que pasa en Los Ríos. En la medida que (el estado de excepción) se instala en La Araucanía y Biobío, existe un traslado de las acciones de violencia. Esta es una medida que requiere un análisis, no algo baladí que se puede instalar sin mayor reflexión”.

Incluso, tanto Siches, como Monsalve estaban llanos a analizar la idea de decretar la presencia de las Fuerzas Armadas solo para las zonas más afectadas por estos delitos. La ministra reconoció que verían la posibilidad de ver “algún grado de excepción”, en tanto, el subsecretario le reconoció al fiscal Meléndez que esa era una idea que estaba sobre la mesa.

El propio fiscal regional reconoció esta posibilitad: “La decisión es soberana del gobierno. Lo que nos corresponde a nosotros es poner los antecedentes arriba de la mesa para que ellos tomen las decisiones. Lo que sí concordamos en que hay ciertos puntos que es necesario reforzar el control”, dijo.

Además, el persecutor sostuvo que “la situación ha ido en aumento. Es evidente que hay un desplazamiento de este fenómeno a esta región y eso estaba avalado por la cantidad de hechos que han ocurrido el último tiempo. Preocupa que se haya desplazado el fenómeno de la violencia rural, con un aumento de casos a esta región”.

Interior: 94% de los delitos ocurre en La Araucanía y el Biobío

A pesar de las preocupaciones advertidas por el fiscal y las cifras que mostraron a Interior, la decisión del gobierno finalmente fue la de descartar la idea de ampliar el estado de excepción para Los Ríos, concentrando el despliegue de las FF.AA. solo en La Araucanía y el Biobío. Esta medida se encuentra vigente desde mayo y el gobierno buscará su renovación en el Congreso.

El subsecretario Monsalve explicó que “estamos preocupados por lo que ocurre en la Región de Los Ríos, no lo minimizamos, como tampoco lo minimizan las autoridades de la región. Pero las decisiones de esta envergadura afectan a la región en distintos ámbitos, no solo en los ámbitos de seguridad, sino que también en los ámbitos de desarrollo. Y el problema de la Región de Los Ríos que hoy enfrentamos, por lo menos hay concordancia con la mayoría de las autoridades de la región de que por ahora requiere medidas que mejoren la seguridad, que muestren la voluntad de prevenir, controlar y perseguir estos delitos, pero que hay medidas que se pueden desarrollar para cumplir ese objetivo sin decretar Estado de Excepción”.

La autoridad advirtió que “han ocurrido 179 hechos de violencia desde que entró en vigencia el estado de excepción en la Macrozona Sur, es decir, entre el Biobío y Los Lagos. Si uno toma todo eso, el 94% de los casos ocurre en las regiones en que funciona el estado de excepción, por lo que la magnitud del problema está radicado donde el gobierno tiene decretada esta medida”.

Sin embargo, el portazo del gobierno no fue total. Una de las cosas que la Fiscalía le solicitó para Los Ríos fue disponer de mayor personal policial para levantar evidencia, por lo tanto, Monsalve dispuso del envío de un equipo de peritos para integrarse al trabajo del Ministerio Público en la zona.

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