Todo proceso electoral, especialmente cuando hay solo dos opciones en juego, produce altos niveles de polarización. Lamentablemente, para el plebiscito del 4 de septiembre, la polarización que ya estamos viviendo, y que se intensificará en las semanas que vienen, será bastante inútil.

A diferencia de elecciones de dos opciones normales—las segundas vueltas, en Chile, por ejemplo—en esta ocasión la contienda solo definirá quién tendrá poder de veto a partir del día 5 de septiembre para el proceso de reformas constitucionales intensas que se llevará a cabo en los próximos años.

La polarización que ahora estamos experimentando servirá bien poco, porque el debate político seguirá siendo el mismo—qué contenido deberá tener la Constitución de Chile—después de que votemos en el plebiscito de salida.

A diferencia de lo que ocurre en una elección en que la gente debe decidir entre dos opciones claramente distinguibles, el 4 de septiembre, las personas que se molesten en ir a votar deberán simplemente escoger quién quedará en mejor posición para iniciar la negociación que empezará el 5 de septiembre respecto a cuál debe ser el contenido y los principios que rijan la Constitución de Chile.

Es verdad que el resultado de esta elección será especialmente importante para el futuro de Chile. La opción Apruebo implica dar un salto hacia un vacío refundacional que generará demasiada incertidumbre y que impactará negativamente en la inversión y, por lo tanto, en el crecimiento futuro, en la creación de empleo y en la posibilidad de que los chilenos puedan vivir en mayor prosperidad. El país puede caer en un hoyo del que vaya a ser difícil salir si gana el Apruebo y se promulga la Constitución propuesta por la ya disuelta Convención Constitucional.

Pero la opción Rechazo también implica abrir el clóset a muchos de los fantasmas que atormentaron a Chile en los 30 años de democracia que se iniciaron con la llegada al poder de Patricio Aylwin y de la Concertación en 1990.

Muchos tienen un justificado temor a que la derecha vuelva a estar en posición de ejercer un poder de veto que ponga un injustificado e inconveniente freno a reformas necesarias y saludables para la democracia—como el reconocimiento a los pueblos originarios, la ampliación razonable, gradual y sustentable de derechos sociales financiables, y la profundización de un modelo que proteja más a los mercados competitivos que a los negocios.

Aunque esto se ha dicho muchas veces, es importante repetirlo. Una buena parte del estallido social de 2019 se explica por la tozudez de una parte de la derecha en aceptar que, para que el modelo económico funcione y gane legitimidad, hay que terminar con los oligopolios, tener mano dura contra el abuso y la colusión, y garantizar igualdad de oportunidades.

Como la mala memoria no es solo patrimonio de la izquierda—que injustificadamente demoniza los 30 años de democracia pre-2019—es esencial recordar que el gobierno de Sebastián Piñera estaba empeñado en impulsar una reforma tributaria que hacía poco por reducir la desigualdad, una jornada laboral de 180 horas al mes que nunca nadie entendió (pero que muchos comprensiblemente cuestionaban), y una reforma de pensiones que no se hacía cargo adecuadamente de las bajas pensiones que todavía siguen recibiendo la gran mayoría de las personas jubiladas en el país.

Muchos partidarios del Apruebo reconocen cándidamente que el texto de la propuesta constitucional es malo y deficiente. Pero insisten en que votarán Apruebo porque no quieren que la derecha siga ejerciendo el mismo poder de veto sobre las reformas constitucionales que ejerció entre 1990 y 2019.

Es verdad que la iniciativa de reforma constitucional que reduce los altos quórums a 4/7 para futuras reformas a la Constitución de 1980 ayudaría a eliminar esos temores, pero mientras esa iniciativa no se materialice, mucha gente seguirá temiendo que, de ganar el Rechazo, la derecha vuelva a adoptar una posición intransigente y bloquee reformas que generan un amplio consenso entre la población y entre los expertos.

Es cierto que, con la fiebre reformista que existe hoy en Chile, bajar el requisito de mayoría a 4/7 es un riesgo. Pero es mucho mayor el costo de que gane el Apruebo, porque muchos temen que la derecha adoptará una posición obstructiva si gana el Rechazo.

En las 9 semanas que restan para el plebiscito del 4 de septiembre, el país vivirá niveles crecientes de polarización. Además de que eso paralizará la política y dificultará la construcción de acuerdos en el legislativos, el impacto en el ánimo social será importante.

Mucha gente tomará posiciones de trinchera y disminuirán las ganas de escuchar a los que piensan de forma distinta. Lo peor de todo es que la polarización será inútil. Después del plebiscito, el país se mantendrá en modo de reforma constitucional por un periodo bastante prolongado.

Por Patricio Navia, sociólogo y académico de la UDP, para El Líbero

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