El fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, solicitó al Tribunal de Garantía de esa ciudad la formalización por el delito de cohecho pasivo al actual diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

La decisión del perseguidor penal incluye a los abogados ligados a la Democracia Cristiana Ramón Briones y Hernán Bosselín por el mismo delito. El tribunal fijó la audiencia para el próximo 16 de noviembre.

Los hechos materia de la imputación de cargos refieren a cómo habrían logrado que la minera Candelaria, de capitales canadienses, pagara a la Municipalidad de Tierra Amarilla la suma de 7 millones de dólares a cambio que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera de un juicio ambiental.

Básicamente, sostiene la Fiscalía, los tres imputados se habrían concertado para desplegar conductas criminales y facilitar los medios para que el jefe comunal incurriera en otros ilícitos.

Hay que recordar que Delgado está formalizado en esta misma causa por el delito de fraude al Fisco. También ha sido condenado por este y otros delitos de corrupción asociados a su actividad comunal.

Al evitar que la autoridad comunal iniciara esas acciones legales, la empresa allanó el camino para obtener un permiso ambiental y así continuar operando en la zona la extracción de cobre hasta 2030.

Actualmente, se encuentra formalizado quien fuera el gerente legal de la firma, Miguel Troncoso, como también la compañía, por la responsabilidad que le cabe a la persona jurídica.

Respecto de los 7 millones de dólares ya mencionados, la Contraloría y el Ministerio Público han sostenido que los abogados Bosselin y Briones cobraron como honorarios 4 millones de la moneda estadounidense en 2017. Es decir, más del 50% del dinero por un juicio que nunca se realizó.

Al contrario, hubo un acuerdo por escrito mediante el cual Candelaria se acogió a la Ley de Donaciones para entregar los millones descritos

Mulet, Bosselin y Briones también están querellados por delitos similares por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en esta causa que lleva la fiscalía de Copiapó.

En la audiencia concedida por el Juzgado de Garantía local, el Ministerio Público podría enfrentar un problema para formalizar directamente a Mulet. Ocurre que en su calidad de diputado ostenta inmunidad parlamentaria. Salvo que Mulet renuncie a ella, el organismo deberá iniciar un juicio de desafuero en la Corte de Apelaciones de Copiapó, el que podría terminar en el máximo tribunal.

Original de biobiochile.cl

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