La Americas Society / Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, lanzaron, por tercer año consecutivo su ránking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.

Mientras que el informe alaba el primer puesto de Uruguay “por su legislación sobre la financiación de las campañas, los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad general de la democracia”, aunque resalta que “las políticas antilavado de dinero siguen siendo un desafío” para el país gobernado por Luis Lavalle Pou.

En cambio, coloca a Venezuela en el otro extremo por “un declive constante en su capacidad legal desde 2019, con puntuaciones especialmente bajas en cuanto a la independencia judicial, los organismos anticorrupción e investigadores”.

En el comunicado difundido hoy, el vicepresidente de política de la citada AS/COA, Brian Winger, destacó que ese ránking revela que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca”.

”América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia”, opinó este responsable, al tiempo que señaló que “con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican”.

La clasificación cubre 15 países de América Latina, los cuales representan casi el 95% del PIB de la región, y los evalúa y clasifica según la eficacia con la que pueden luchar contra la corrupción, con lo que aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

Entre los hallazgos más destacados este año figuran que Uruguay es el país con la puntuación más alta (7.80/10), seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4 .81), Ecuador (-4 77), Panamá (4.55), la República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y Venezuela (1.40).

El índice CCC detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones; 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable y encuentra que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.

Brasil, que cayó del cuarto al sexto puesto, registró una bajada del 11% en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones ejecutivo-legislativo fue un factor clave, según este informe.

En cuanto a México, su puntuación cayó un 7% en 2021, del octavo al undécimo lugar, y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.

Por contra, la República Dominicana fue uno de los que más mejoró, del 13 al 10, al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, “reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader”, según explica el documento.

Uruguay, Chile y Costa Rica reflejaron estabilidad en esta edición por la calidad de la democracia y la fortaleza de sus instituciones políticas, al igual que en Perú, pese a la turbulencia política de finales de 2020 en este último país.

Por su parte, el informe destaca que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras considerables en su capacidad legal mientras que los aumentos percibidos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de Argentina y Colombia.

El índice CCC apuntó que Guatemala, la cual bajó del 11 al 13, cayó un 5 % este año y un 16 % desde 2019 mientras que Venezuela sigue en la posición más baja.

En la mencionada nota, Geert Albers, socio en Control Risks, considera que el ránking revela “esfuerzos anticorrupción desiguales y crecientemente politizados en muchos países de América Latina”, con lo que se pone de manifiesto “la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgo y recalibren y refuercen sus programas de cumplimiento”.

Para elaborar el índice, se analizaron 14 variables claves, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

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