La Fiscalía confirmó que entregó nuevos antecedentes al Servicio Electoral (Servel) para que definan si presentan denuncia o querella por presunto financiamiento ilegal de la política desde los dueños de las denominadas máquinas Tragamonedas.

“Han surgido una serie de datos e informaciones que dan cuenta de manera notoria y evidente respecto de hechos que configurarían los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita”, dice un informe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

En el documento (del 1 de agosto de 2018), aparecen transcripciones de escuchas telefónicas en las que se menciona al exalcalde Pablo Zalaquett, a los diputados Tucapel Jiménez y Erika Olivera, entre otros políticos que habrían tenido contacto con la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden).

El caso fue investigado hasta septiembre por el fiscal Roberto Contreras. Sin embargo, por orden del fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, la indagatoria quedó en manos de la Unidad de Alta Complejidad, con su jefe a cargo, Felipe Sepúlveda.

El persecutor informó que ellos ya entregaron al Servel -en dos oportunidades- antecedentes sobre el caso. Explicó que sólo les resta esperar la eventual denuncia o querella para continuar o dejar todo hasta aquí.

En diciembre la Fiscalía declinó de perseguir el delito de asociación ilícita contra los operadores de los tragamonedas y no los llevó a juicio oral. 43 acusados de “comercio clandestino y juegos de azar ilegal” obtuvieron salidas alternativas.

El antecedente lo recordó el abogado Marcelo Castillo para criticar la insistencia del Ministerio Público por llevar esta causa adelante.

“No se ha demostrado nada (…) Es una estrategia para tratar de que esta causa no se les caiga por la falta de fundamento que tiene. No existen (delitos electorales)”, sostuvo la defensa.

Por el tenor de los presuntos delitos investigados, además de las escuchas telefónicas, la justicia en este caso autorizó medidas intrusivas, como allanamientos a las oficinas y hogares de los indagados. Dichas diligencias se desarrollaron en agosto de 2018 y afectaron a Zalaquett, el exsuperintendente de casinos, Francisco Leiva, y al exembajador de Chile en Signapur, Carlos Tudela (DC).

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