Una carta de tres carillas, dirigida a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez (Revolución Democrática), enviará este lunes la bancada de la UDI.

¿El motivo? Solicitar, de manera formal, que la parlamentaria se “alinee” a la nueva estrategia del gobierno sobre su respaldo irrestricto a Carabineros. Y pida disculpas públicas por sus dichos pasados y su actuar como oposición política.

De esa forma, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, junto a sus pares Juan Antonio Coloma y Sergio Bobadilla, recuerdan el episodio de febrero de 2021 cuando, a través de su cuenta de Instagram, la diputada Pérez escribió: “En Chile, la vida de un pobre no vale de nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”. Esto, a raíz de la muerte de un malabarista en Panguipulli luego de que se enfrentara con un carabinero.

“Pese a la contundencia de los fallos judiciales, y al evidente hecho de que el sargento de Carabineros actuó en legítima defensa, a la fecha no hemos conocido de un arrepentimiento público de su parte (Catalina Pérez) por haber juzgado premeditadamente al funcionario policial, demostrando un escaso compromiso y responsabilidad siendo autoridad política”, mencionan los diputados en la misiva, a la que tuvo acceso T13.CL.

En ese sentido, Alessandri, Coloma y Bobadilla enfatizan en el cambio de postura que ha tenido el gobierno en torno a la labor de Carabineros, especialmente del Presidente Gabriel Boric y del Ministerio del Interior, ahora en manos de Carolina Tohá. Pese a que valoran ese giro, sostienen, la postura no se ha visto reflejada necesariamente en el Partido Comunista y en sectores del Frente Amplio.

“En vista de que esta semana fue electa como segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y con el ánimo de que vuestra corporación mantenga la misma línea argumentativa de respeto hacia las instituciones policiales, creemos necesario e indispensable que la nueva mesa directiva, pero en especial usted, entregue un respaldo sólido a la labor que ha desempeñado Carabineros de Chile, como también ofrecerles disculpas públicas por el actuar que los caracterizó mientras eran oposición política, como también por la complicidad que existió al no condenar las permanentes agresiones hacia los funcionario”, rematan en la misiva (ver documento).

Los diputados continúan solicitando “un gesto republicano” de Pérez y la mesa, porque, dicen, en tiempos de crisis institucional, es necesario ese arrepentimiento que el gobierno, añaden, sí ha mostrado el último tiempo. En esa línea, en la carta señalan que “no nos parece justo que las principales autoridades de la Cámara de Diputados se abstengan de dicha responsabilidad”.

La nueva mesa de la Cámara fue electa justo hace una semana, luego de una tensa negociación parlamentaria que incluso entrampó al oficialismo. Desde la centroderecha -Chile Vamos, el Partido Republicano y parte del PDG intentaron un fallido acuerdo administrativo- han señalado que esta mesa liderada por Vlado Mirosevic (Partido Liberal) es “débil”, pues no tuvo una mayoría contundente en su votación.

Así, esta acción de la UDI se convertiría en la primera ofensiva de un partido de la derecha en contra de la mesa que lidera Mirosevic y que es secundada por Carlos Bianchi y Pérez.

La diputada Pérez, en CNN Chile, en todo caso, este domingo por la noche fue consultada por estos dichos de 2021 y respondió que “(ya) no pienso eso” y agregó que, hace dos años, ya reconoció que “fue un error”.

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, fue requerido por estos dichos pasados de la extimonel de RD y sostuvo que “Catalina Pérez tiene una responsabilidad institucional como segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados que, como a todos nos ha pasado, va a implicar una reflexión respecto a qué es lo significa habitar el cargo” y añadió que “ella no está cuestionando el uso legítimo de la fuerza (de Carabineros), yo lo he conversado con ella y no tengo ninguna duda de que Catalina, tal como todos quienes apoyan al gobierno, están de acuerdo de que el uso legítimo de la fuerza, con proporcionalidad y en el marco de la ley, tiene que ser respaldado por las autoridades”.

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