A través de un oficio adjunto al expediente de la investigación penal el Ministerio Público informó de la ampliación de la investigación penal que se sigue en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, a quien ahora se le perseguirá también como presunto autor del delito de lavado de dinero. Hasta el momento la indagatoria en su contra, y que afecta a otras personas, iniciada tras la denuncia de la actual alcaldesa Camila Merino el 27 de julio pasado, estaba sólo caratulada bajo los ilícitos de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, sin embargo recientes interrogatorios dieron pie a invocar la Ley 19.913 y junto con ello decretar la reserva de la causa penal durante seis meses.

El artículo 31 de la normativa que sanciona las conductas de lavado de activos castiga a quienes “de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos” de algunos de los delitos base estipulados en esta ley. Conocedores de la indagatoria sostienen que en los últimos interrogatorios llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) surgieron datos que darían cuenta de una eventual red de “boleteros falsos”, personas que aparecen prestando servicios para los “programas Vita”, que recibían millonarios aportes desde el municipio, y que finalmente nunca habrían trabajado para los mismos. La situación permitiría también enviar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la facilitación de instrumentos tributarios falsos, delito que es de exclusiva persecución de este organismo.

El fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, quien recientemente recibió la causa penal desde el Ministerio Público del sector oriente, ha destinado las últimas pesquisas a establecer si existen triangulaciones de dineros. Es decir, que estos “boleteros fantasma” hayan facilitado documentos tributarios ideológicamente falsos, a cambio de devolver los mismos a aquellas autoridades que visaron estos pagos. Dichas maniobras, sostienen fuentes judiciales, habrían permitido el allanamiento de más dependencias municipales en la búsqueda del rastro de estos testaferros, y la ampliación de cargos que hoy se indagan.

“Respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término”, dice la normativa que le permitirá a Jacir y su equipo mantener la causa bajo estricta reserva, es decir nadie podrá tener acceso a las piezas investigativas, ni siquiera el propio exalcalde Torrealba quien aparece, hasta el momento, como el principal imputado de los ilícitos que hoy son investigados.

Testigos clave

Uno de los principales colaboradores de esta indagatoria es el denunciante, el jefe Jurídico de Vitacura, Mauricio Irarrázabal Cerpa. Proveniente del mundo de la Educación, a pocos días de arribar a su cargo en la administración de la alcaldesa Merino recibió la visita de uno de los principales representantes de los programas Vita y exestrecho colaborador del anterior jefe comunal, Raúl Torrealba. Domingo Prieto, relata el abogado en la querella que presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, “se acercó a mi oficina para poner en mi conocimiento la existencia de diversas irregularidades consistentes –según dijo- en la falsificación de su firma estampada en documentos e instrumentos de carácter privado y público sobre diversas solicitudes y trámites ingresados en la Municipalidad de Vitacura. Me informó, también, de la existencia de irregularidades relacionadas con la administración de aportes y subvenciones otorgadas por la Municipalidad de Vitacura a las instituciones que representaba, conductas de las cuales manifestó haber sido testigo presencial y por las cuales se sentía personalmente afectado”.

A eso se suma, la “autodenuncia” de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto e íntima amiga de una de las hijas del “Tronco” Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario. la funcionaria confesó ante el Ministerio Público que “apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020 (…) que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o Cesar Silva, mandados por Prieto”. Estos sobres corrían por un carril paralelo al de su remuneración: datos de Transparencia Activa dan cuenta que en junio de este año Larraín, de profesión publicista, recibió una renta mensual de $5.486.600 líquidos. Y fuentes cercanas a la investigación afirmaron que se busca dilucidar si estos terminaban en manos de la funcionaria o bien del exalcalde.

De ahí en adelante la Fiscalía comenzó a interrogar a todos quienes habían tenido acceso a los programas Vita Emprende, Vita Salud, y Vita Deportes en dónde se concentrarían los principales desfalcos realizados al municipio. Fue en medio de esas pesquisas que algunos de los integrantes de estas corporaciones apuntaron a personas que si bien aparecen en los registros como prestadores de servicio, en la realidad nunca habrían trabajado para dichas reparticiones. Son estos testigos clave cuyas identidades se mantendrán en reserva hasta, al menos, febrero del próximo año bajo la reserva que invocó el Ministerio Público y que también fue informada al Poder Judicial para que el portal institucional no suba información alguna sobre esta causa.

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