En el diario digital “despiertachile.cl” del 14 de marzo un editor expresa: “Me ha sorprendido la cantidad de gente que hacemos llamados a las FF. AA. y de Orden para salir en defensa de Chile, pero me pregunto ¿cuántos de nosotros salimos en defensa de ellos cuando fueron enjuiciados y encarcelados por salir a hacer el mismo trabajo que hoy les solicitamos?”

Pues ahí están cerca de 200 presos y, además, desfilando por los juzgados, miles de procesados políticos militares (“presos y procesados políticos” porque, según el tenor literal de las leyes, que es lo que jurídicamente vale –“cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, manda el Código Civil– no deberían hoy estar privados de libertad ni ser judicialmente perseguidos). Pero, sabemos, en Chile para los militares no hay “rule of law” (mal traducido como “estado de derecho”, pues significa “la vigencia de la ley”).

Por añadidura, una columnista de “El Mercurio” (15.03.21), Elena Irarrázabal, se permite escribir y clamar sobre “un silencio vergonzoso” ante la “destrucción de la ciudad”, y declara imprevistamente que, para ella, ese reclamo es compatible con acusar “los  horrorosos abusos a los derechos humanos del gobierno de Pinochet”. Es decir, incurre en una similar injuria atroz que la del alcalde Daniel Jadue, cuando imputa al general Baquedano haber sido “un delincuente que cometió genocidio”.

Pues les gustaría mantener un país pacífico, ordenado e impecable como el que les entregó Pinochet y, al mismo tiempo, poder calumniar a éste por su energía para defender la integridad de la vida interna con el mismo lenguaje que usan los comunistas, probablemente para aplacarlos y no incurrir en sus iras. Quieren un Santiago de primera, que luzca una Plaza de Armas irreprochable y no, como hoy, cubierta de latones antivandalismo y barrios enteros devastados. Quieren una Araucanía feliz y no invadida y en llamas. Pues bajo Pinochet no había “conflicto mapuche” y, por añadidura, la región votaba mayoritariamente por ocho años más de su presidencia.

Es decir, quieren estar bien con Dios y con el Diablo y, además, falsean la historia al gusto de este último, para que no les haga nada.

Pues desmiente los “horrorosos abusos a los derechos humanos” la evidencia histórica de delegaciones de la Brookings Institution (Orrego, 1974) y de la Heritage Foundation (Whelan, 1989), ambas de los Estados Unidos, que tras sendas visitas acá certificaron que el gobierno militar hacía lo posible por respetar tales derechos. Tanto así que la segunda dejó constancia de que el doctor y presidente de la Cruz Roja Internacional, Jean Francois Bonard, podía examinar a cualquier detenido en Chile, sin permiso previo del gobierno y cuando lo solicitara. Esa es la verdad histórica. Pero ¿de qué vale ella si la gente prefiere repetir, tal vez para no ser “funada”, las falsas consignas comunistas mil veces reiteradas?

El propio Comandante en Jefe del Ejército actual le declaró a la periodista Paula Coddou, en “El Mercurio” de 19.09.20, que el 11 de septiembre “no es para celebrar, porque mantiene a una parte de la sociedad con posiciones encontradas”. Lo mismo decía un antecesor suyo, Juan Emilio Cheyre en 2004, haciendo reaccionar al historiador Gonzalo Vial, que “ya venía de vuelta”, y escribía en “La Segunda” del 28.09.04, en su artículo “Nada Qué Celebrar”, en referencia al 11 de septiembre: “No hubo ‘Chile a la cubana’. No hubo guerra civil (500 mil a un millón de muertos, según el general Prats)… ¿Cómo no conmemorarlo? ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no… iba a decir ‘¿cómo no agradecerlo?’, pero retiro mis palabras. Los civiles no agradecemos nada”. Ése es el problema. Y por eso no tenemos autoridad moral.

Es que en eso ha devenido Chile: un pueblo que para salvarse, de nuevo, depende de que los militares asuman la responsabilidad que los civiles no son capaces de asumir. Y éstos no lo son por su pérdida de coraje, la degeneración de sus costumbres, la degradación de sus valores, la sumisión ante la “corrección política” de izquierda y la minoría violenta y la falta de pantalones del gobernante legal.

De ahí el intento de destruir la estatua de un general que siempre iba de frente y personificaba el coraje, el patriotismo y el temperamento realizador del chileno del siglo XIX, tan distinto del actual. Este Chile oficial de la corriente dominante, es decir, el Chile de Piñera, carente de toda autoridad moral, no soportó mirarse en ese espejo y prefirió no dar la batalla, rendirse una vez más y huir ocultando de la vista el monumento que tan claramente revela su miseria moral.

/Por Hermógenes Pérez de Arce