Como ciudadana quiero dirigirme a los 155 constituyentes, partiendo por agradecer su disposición al servicio público, en una función que sin duda es de la mayor importancia: establecer las reglas básicas de convivencia de nuestro país. Aunque para muchos de ellos los planteamientos de una economista, y además de derecha, probablemente tengan a priori poco valor, escuchar y empatizar con las posturas ajenas es una condición necesaria para que el trabajo que realizarán en los próximos meses pueda coronarse con el éxito de un plebiscito aprobatorio.

Sin duda tenemos una Convención Constituyente muy diversa desde varios puntos de vista y, como han dicho muchos, más cercana y representativa de lo que es nuestro país, lo que le da legitimidad. Sin embargo, redactar una Constitución es una tarea delicada y muy compleja en lo técnico, y creo percibir un exceso de voluntarismo en las declaraciones de muchos de los elegidos, lo que es preocupante, porque las buenas intenciones son insuficientes para resolver los problemas del país. Por el sólo hecho de poner por escrito determinados objetivos, no se asegura para nada su consecución.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos parece un buen punto de partida para esta conversación, especialmente por la concepción de que el Estado debe garantizar a todas las personas ciertos derechos inalienables; primeramente, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, un aspecto en el que debería existir pleno consenso es que todos aspiramos a que los habitantes de nuestro país logren tener las oportunidades para poder proveerse una buena calidad de vida a través del fruto de su trabajo. Esa debería ser la meta, y por supuesto que en esa meta el rol del Estado y de las leyes que lo rigen es fundamental. Vemos también que es un objetivo que no hemos logrado totalmente, a pesar de que en las últimas décadas hemos tenido un desarrollo económico que es admirado por el resto del mundo. Muchos chilenos aún no logran a través de su esfuerzo y trabajo buenas condiciones de vida para ellos y sus familias, lo que obviamente es una barrera para la búsqueda de la felicidad. Más grave aún es el hecho de que, producto de esta pandemia, el número de compatriotas que se encuentra en esa situación ha aumentado en forma importante, lo que acentúa el desafío que tenemos por delante.

¿Cómo lo resolvemos? Percibo en muchos constituyentes una mirada más bien estática, que consiste básicamente en redistribuir la producción (que muchos confunden con la riqueza) hacia aquellos que no logran la calidad de vida a la que aspiran, y con eso resolver la situación. Lo primero que habría que decir es que en principio esa producción no existe, se crea cada año de acuerdo con las condiciones existentes. Si las condiciones cambian muy radicalmente, cambian también las decisiones de producción. Lo segundo es que distribuirla de otra forma tampoco resuelve el problema. De acuerdo con los datos de la CASEN 2017 medidos en moneda actual, un hogar del 10% más rico del país tiene un ingreso promedio mensual de $3.500.000 aproximadamente. Si a través de subir fuertemente los impuestos (suponiendo heroicamente que esa alza no afectara las decisiones de ahorrar, invertir y producir) se lograra que el 10% más rico contribuyera con un 30% adicional a los ingresos del 90% restante, y suponiendo también que no se pierden recursos en el proceso de redistribución, cada hogar de ese 90% podría tener un ingreso adicional al mes de algo más de $100.000, claramente insuficiente para resolver los problemas. Si, buscando un camino alternativo optamos por asegurar bienes financiados por el Estado, nos topamos con la misma restricción de recursos, y vemos que subir las tasas de impuestos es claramente insuficiente para mejorar las condiciones de vida de los sectores medios y bajos.

Por ende, si queremos que todos los habitantes de nuestro querido Chile puedan acceder a mejores condiciones de vida, la clave es lograr que lo puedan hacer por medio de su trabajo, y ciertamente tiene mucho que hacer el Estado en ese ámbito, a través de las políticas públicas, que en general están fuera del ámbito constitucional. Sin embargo, la Constitución cumple un rol central en el proceso de hacer crecer la riqueza, primero estableciendo un conjunto de reglas que se respeten y que permitan la certeza jurídica y la seguridad pública. A través también del respeto al derecho de propiedad, de tal forma de que los emprendedores, que deben crear los futuros empleos, no tengan dudas de que podrán disfrutar de los frutos de su esfuerzo, de tal forma de compensar los riesgos. Tercero, a través de asegurar la estabilidad monetaria y fiscal, condiciones necesarias para el crecimiento. Cuarto, a través de reglas políticas que permitan un buen funcionamiento de los poderes del Estado.

Lo anterior no quita el rol de la Constitución en determinados derechos sociales, cuyo fin es promover una mayor igualdad de oportunidades. El acceso a la educación, a la salud, la seguridad social y a condiciones de vida mínimas, que incluyen no sólo el cuidado del medio ambiente, sino también el acceso a conexión digital, son condiciones necesarias para emparejar la cancha. Estos objetivos demandan recursos, los que actualmente se hacen insuficientes, tanto por problemas de gestión como también porque en muchos temas se requiere un mayor aporte estatal (pensiones es un buen ejemplo). Sin embargo, si extraemos esos recursos del sector privado sin aumentar la producción, la satisfacción de esas demandas sociales entra en colisión con el logro de que las personas accedan por sí mismas a mejores condiciones de vida por medio de sus ingresos. Esto, porque serán los mismos ciudadanos los que a través de una mayor carga tributaria pagarán por los derechos sociales (es una ficción pensar que será sólo el 5% o el 1% más rico el que pagará la cuenta). La conclusión es una sola: aunque los economistas seamos majaderos con este tema, si no se logran generar las condiciones para que el país vuelva a crecer, las demandas por mayores salarios y mejores servicios públicos no podrán ser satisfechas.

/Escrito para El Líbero por María Cecilia Cifuentes, Economista