En la caótica sesión plenaria de la Convención Constitucional del jueves pasado, entre pifias y gritos cruzados cuestionando a la mesa, el vicepresidente Jaime Bassa llamaba al orden y establecía: “este es el tipo de instancia en la cual se pone en riesgo la legitimidad del proceso constituyente”. Acto seguido, la presidenta Elisa Loncón suspendía la sesión.

Pero lo que verdaderamente pone en cuestión la legitimidad de la mesa y la Convención para escribir una nueva Carta Magna es su incapacidad para reaccionar frente al mal tildándolo de tal. Nadie esperaba la tibieza de la mesa frente al increíble fraude de uno de sus vicepresidentes y rostro de la Lista del Pueblo, el convencional Rodrigo Rojas.

Conocer que se hizo elegir sobre un montaje bien pensado hizo peor lo que ya se vería difícil de tragar: que sea una autoridad constituyente alguien que formó parte de la “primera línea” y se vanaglorió de enfrentar a carabineros diariamente a partir de las protestas del 18- O de 2019, abogando por la impunidad de quienes quemaron el Metro y supermercados, saquearon y destruyeron tiendas e infraestructura.

Porque no fue solo que mintiera sobre un cáncer que no padecía, sino que se convirtió en un ícono contra el sistema descastado que beneficia a la élite y condena al pueblo. Pelado, a torso desnudo, con catéteres (supuestamente de una quimioterapia inexistente), se transformó en el ícono de un sistema injusto donde le dijeron que la única opción para no morirse “era tener 400 millones de pesos”, de uno donde “no te podís pensionar ni enfermar”, que funciona sólo “cuando podís pagar y si no, ahí vienen los balazos”, y aparecían en su video de campaña carabineros disparando sus escopetas antidisturbios. Así se eligió constituyente.

Pillado en la mentira por la misma prensa que desde la CC intentan reiteradamente acallar con sus críticas, insinuó que podría renunciar, pero después de desaparecerse por cinco días hasta el jueves pasado, su estrategia es otra. Recuperó su rentable rol de víctima y habla del “error” de informar de un diagnóstico equivocado, pero ahora saca a relucir otra enfermedad, con que pretende neutralizar su mentira, recuperando con esta nueva versión “la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud”.

“No soy un delincuente”, asegura en el comunicado del jueves, sólo se “equivocó”, por lo cual se defenderá en los tribunales y acatará las sanciones que le correspondan “según el reglamento provisorio que rige a la CC”.

Flor de estrategia que encaja perfectamente con la débil actitud de la mesa de la CC, que en vez de condenar con energía la mentira y asegurar que alguien así carece de la idoneidad mínima para redactar la nueva Constitución, “empatiza también con él, porque seguramente está pasando por un momento muy difícil”, como dijo Bassa. O asegura que la CC no tiene ninguna responsabilidad y que Rojas “como ya lo ha hecho, asume su error”.

Y, de a poco, diversos convencionales se han ido sumando a esta preocupación por la dos veces víctima, asegurando que no son quienes para juzgarlo, que él ha hablado por los pueblos, que debe continuar, etc. Entonces no es solo Rojas, son muchos más los que no distinguen entre el bien y el mal y son incapaces de entender que hay que tener una cierta estatura moral mínima para redactar el ordenamiento jurídico de una sociedad, de un país.

Se llenan de proclamas por la inclusión, los derechos, la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Innovan sobre condenas al negacionismo de violaciones a los derechos humanos y la prensa, pero son todos eslóganes para beneficio de los propios y hacer escarnio “de los otros”, que miran como sus enemigos tanto en la Convención como en la nación. Por eso son incapaces de pedirle a Rojas que dé la cara y no se esconda bajo una licencia médica, y que no asista más a sus labores constituyentes. En vez, se escudan en que no tienen los poderes para impedirle continuar y le tiran el bulto a los tribunales que es precisamente lo mismo que busca el acusado. No existiría el delito de perjurio, como ha dicho su abogado, si no juró en la declaración donde informa una deuda de 27 millones para el “tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

Mientras tanto, su abogado recopila los antecedentes porque “mi enfermedad es real”. Con esa creatividad pretende hasta salvar las rifas que se hicieron porque, si bien el destino no era su leucemia linfoblástica mixta que sufría hace ocho años, según él, sirvieron realmente para “solventar las deudas adquiridas por mis problemas médicos”.

Si no fue el cáncer, qué importa, si igual tiene otro mal. Ambos le sirven para continuar desprestigiando el sistema de salud (y todo el sistema de libre mercado), aunque sus dos males estén cubiertos por el Auge que tiene garantía para el tratamiento y su financiamiento, tanto en el sector público como privado, y además existe la Ley Zamudio que lo protege contra cualquier discriminación. Hoy nadie se muere de sida en Chile y el Estado garantiza el tratamiento de por vida.

Mirando la mesa de la CC, parece que todo vale para refundar Chile e impedir que los “víctimas-minorías-pueblos” asuman la responsabilidad de sus acciones, se trate de delitos o de infracciones morales que revelan la incapacidad de distinguir el bien o el mal. Lamentablemente, este es otro acápite más que frustra las esperanzas de quienes creyeron que la Convención iba a permitir transitar a un mejor país. Hasta aquí, vamos para otro lado.

Por Pilar Molina, periodista, para El Líbero

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