El narcotráfico, el terrorismo y la violencia como acción política afectan diariamente la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Para nadie son desconocidos los hechos de terrorismo en la Macrozona Sur ni tampoco que el narco se ha tomado las poblaciones, destruyendo la vida de millones de familias.

Hace una semana, en un acto narcoterrorista murieron quemados Rocío de 16 años y Eduardo de 23. Dos jóvenes que se suman a las más de 30 víctimas que han perdido su vida en este conflicto. Por otra parte, entre 2009 y 2020 hubo un aumento de las denominadas “zonas rojas” en la Región Metropolitana, lo que significa que la población que debe vivir cotidianamente en la dominación de los narcos creció de 660 mil a más de 1 millón (CIPER, 2020). Por último, hay más de 15 mil pymes y cientos de vecinos de Santiago Centro, afectados por los hechos delictuales que se vienen gestando desde octubre 2019 bajo el nombre de “estallido social”.

Los hechos están a la vista y las víctimas son reales. El 21 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, como Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos estuvimos con algunos de los afectados de la Macrozona Sur. Muchos de ellos viajaron toda la anoche para pedir justicia y paz.

¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado se haga cargo de nuestro derecho a vivir sin miedo? Mientras los chilenos pedimos justicia y paz, el domingo pasado se realizó una marcha pidiendo la liberación de los “presos de la revuelta”, en el marco de la discusión en el Senado del proyecto de indulto; según un cruce de datos de Gendarmería y la Fiscalía, son 56 los presos por vandalismo y/o hechos delictuales desde octubre 2019. Ninguno de ellos está preso por su pensamiento político, pero aún así asistieron a la marcha diputados y constituyentes, que claramente están del lado de los victimarios y no de las víctimas, como los diputados Carmen Hertz y Boris Barrera, y el constituyente Marco Barraza, todos del Partido Comunista.

Sumado a este hecho, en vez de estar discutiendo cómo fortalecer y modernizar una institución tan importante como lo es Carabineros, la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional ha establecido que se debe eliminar y reemplazar por otra. Esto pone los intereses ideológicos por sobre lo que es mejor para la ciudadanía. El reemplazo de esta institución no se logra a través de la magia, es un proceso largo y costoso, y no podemos esperar más. ¿Por qué no discutir de qué manera la nueva Constitución garantizará la eficacia horizontal de los derechos humanos, reconociendo explícitamente que los derechos humanos también pueden ser vulnerados por los particulares, especialmente por las organizaciones terroristas y del narcotráfico? Este aspecto de la discusión parece estar más centrada en el mandato que le corresponde a la Convención, antes que hacer política contingente con Carabineros de Chile.

Como Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos empatizamos con todas las victimas de estos hechos y le pedimos a las autoridades políticas que trabajen en acciones concretas para mejorar la seguridad del país. Es deber del Estado garantizarnos nuestro derecho a vivir sin miedo y un deber moral que todos condenen la violencia sin tintes medios.

/Escrito por Macarena Bravo, Cientista Político y Máster en Políticas Educativas. Directora de Acción Territorial de La Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos para El Líbero

/gap