Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba rebajar el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel por medio de una modificación a la Ley 18.502, que aborda dicha materia.

La propuesta fue originada en una moción que encabezó el diputado Álvaro Carter (UDI). Además, fue firmada por sus compañeros de bancada Sandra Amar y Rolando Rentería.

El proyecto

El proyecto planteaba una rebaja del 50% del citado impuesto. Esto sería aplicable en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que comprometa gravemente el empleo y los ingresos de la ciudadanía. Asimismo, consideraba que la disminución se debía mantener hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como también sus consecuencias.

Los autores de la propuesta y varios representantes de zonas extremas y apartadas se manifestaron a favor, sosteniendo que el gravamen, creado en 1985 para la reparación de caminos afectados por el terremoto, ya no tiene justificación.

Además, alertaron de los altos precios que se deben pagar hoy en día por el combustible, en particular, en las regiones más alejadas del país. Y de igual modo, recalcaron que con la pérdida de empleos, muchos ciudadanos debieron recurrir a actividades que requerían el uso de vehículos para obtener ganancias. En este sentido, aseguraron que una rebaja en el valor de las gasolinas favorecería a esos emprendedores y al delivery.

Rechazo a la medida

Por 64 votos a favor, 61 en contra y 20 abstenciones, el proyecto fue rechazado. Algunos legisladores señalaron que el impuesto específico ya tuvo su justificación. Y, si bien llamaron a modificarlo, plantearon avanzar en la línea de los gravámenes verdes. Es decir, que desincentive el uso de aquellos factores contaminantes como los combustibles fósiles, y por otra parte, que entregue incentivos tributarios a quienes empleen la electromovilidad.

Asimismo, se planteó que el objetivo es que este impuesto se aplique a todos por igual, incluyendo a la industria, como empresas mineras, aeronáutica y el transporte marítimo, quienes hoy no pagan este impuesto.

Por último, se sostuvo que una rebaja en este impuesto iría en contra de los recursos que se necesitan para apoyar los beneficios sociales entregados por el Estado, a causa de la pandemia. Junto con esto, se recordó la inconstitucionalidad del proyecto, debido a que cualquier norma relativa a impuestos es una materia de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

/gap