Corría el 27 de octubre de 2021 y el entonces candidato del conglomerado Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) Gabriel Boric se reunía con pescadores de Caleta Portales en Valparaíso. Aquí cuestionó la “gran concentración que existe hoy producto de la corrupta ley de pesca, la corrupta ley Longueira, que impulsó el primer gobierno de Sebastián Piñera“.

“Nosotros desde Apruebo Dignidad hemos sido claros, vamos a derogar esta corrupta Ley de Pesca, vamos a hacer una Ley de Pesca pensando en la sustentabilidad de los recursos y en la dignidad del trabajo de los pescadores”, recalcó.

Desde ese punto de prensa, han pasado 434 días y finalmente el gobierno ha puesto en marcha un plan para cumplir con la promesa de campaña del otrora diputado de Magallanes.

El pasado de 5 de diciembre de 2022, mediante la resolución exenta Nº3.212, la Subsecretaría de Economía autorizó la contratación directa del proveedor José Miguel Valdivia y Abogados SpA. para que analice las consecuencias de la anulación de la Ley de Pesca.

“Contar con un informe en derecho que analice los efectos jurídicos que podría implicar la anulación de la Ley N°20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley general de pesca y acuicultura contenida en la Ley N°18.892 y sus modificaciones”, consignó la invitación a servicios especializados publicada por el portal de Mercado Público.

El estudio, que tiene un costo total de $15 millones, según consignó en una de sus resoluciones la Subsecretaría de Economía servirá de insumo al análisis que internamente se encuentra realizando el Ejecutivo, frente al debate parlamentario en desarrollo.

Según la “Invitación de Servicio Personal Especializado” emitida por la Subsecretaría de Economía, el año 2015, se promulgó la Ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley N° 18.892 y sus modificaciones. Posteriormente, el 6 de enero de 2016, un grupo de diputados ingresan una moción para declarar la nulidad de la Ley N° 20.657 (Boletín N°10527-07).

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