La Contraloría General de la República informó que declaró inconstitucional el Decreto 249 que el Ejecutivo había enviado y que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de prevención de delitos en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

En tres artículos, el decreto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián de la Maza- autorizaba la colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en las citadas zonas de la Macrozona Sur.

Contraloría le representó al Ejecutivo que “de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”.

Ante este escenario, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó la decisión de la Contraloría y explicó que “nadie está pidiendo que los medios destinados para la guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico, ese no es el objetivo de esto. Pero las Fuerzas Armadas tiene muchísimos medios distintos de lo propiamente bélicos”.

En ese sentido dijo el decreto buscaba las Fuerzas Armadas apoyaran a la policía en logística, transporte, tecnología y vigilancia. “¿Nos servirían las imágenes satelitales del sistema satelital para la colaboración en una correcta planificación de todo el territorio nacional?, sin duda. Nos sirven muchos los medios militares en la macrozona norte para la vigilancia de la frontera y ¿utilizamos ahí los medios bélicos? por supuesto que no. Las Fuerzas Armadas tiene muchas capacidades que pueden poner a disposición del Estado y de esa manera colaborar con que el Estado cumpla con sus funciones”.

Galli agregó: ¿”Queremos que las Fuerzas Armadas cumplan labores policiales, no y tajantemente, no. Ahora, ¿queremos que los medios de las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en el cumplimiento de la función del Estado de proveer del bien público de seguridad a los ciudadanos, sí, tajantemente sí”.

Respecto a las acciones que seguirá el gobierno tras el rechazo del órgano contralor, Galli dijo que “estamos evaluando si es que es posible corregir aquellas observaciones que hizo la Contraloría, nosotros creemos que el decreto era plenamente constitucional y por lo tanto vamos a ver todao los caminos que sean necesarios, para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que estamos haciendo todos los esfuerzos”.

Opción de acudir al TC

A eso de las 10.00 horas, el delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, realizó un punto de prensa para referirse al fin del estado de excepción y al decreto que buscaba facilitar que las Fuerzas Armadas entregaran apoyo logístico y tecnológico a las policías.

“Como gobierno estamos analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación en donde también está disponible el Tribunal Constitucional”, aseguró.

Urquízar expuso que “como gobierno estamos evaluando las distintas formas de impugnación y las distintas acciones para que el accionar del Estado en su conjunto vaya dirigido a proteger a las victimas de la Macrozona Sur y una de esas posibilidades que está presente en la Constitución es poder recurrir al Tribunal Constitucional y eso lo estamos evaluando”.

Aludiendo al Decreto 265 del Ministerio de Defensa que permite a militares operar en la zona norte en apoyo a labores policiales, señaló que “necesitamos que el mismo criterio en virtud del cual se permite a las Fuerzas Armadas actuar en el norte exista para efectos de poder actuar en el sur”.

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