Este martes, en la Cámara de Diputados, se discutió la procedencia de la acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

El libelo -que consta de siete capítulos y un total de 159 páginas- fue presentado el 15 de junio por la bancada del Partido Republicano, quienes acusan, entre otras cosas, que la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric “infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución”.

Sin embargo, la acusación llegó con un informe negativo desde la comisión revisora de la Cámara Baja, luego de que el lunes los cinco diputados integrantes de la instancia -en su mayoría de oposición- rechazaran su procedencia. Eso sí, el documento no tiene carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación que recibe la Sala al momento de revisar la acusación.

A juicio de la secretaria de Estado, la acción acusatoria presentada por republicanos es “absolutamente infundada”, pero podría significar “una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando”.

Así, el equipo jurídico que representó a la ministra del Interior estuvo encabezado por la abogada DC, Elisa Walker, quien hace exactamente una semana emitió la defensa de la jefa de gabinete.

En el escrito, que cuenta con 158 páginas y responde a los siete capítulos acusatorios, se confirmó que la secretaria de Estado solicitaría -antes de entrar al fondo del libelo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados- que se acoja la denominada cuestión previa, un mecanismo que cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse.

Discusión en Sala

Una vez iniciada la sesión en Sala -a eso de las 10.00 horas- dicha acción se concretó. “La acusación constitucional debe ser utilizada como un mecanismo de última ratio, de forma excepcional, cosa que no se está cumpliendo en este libelo acusatorio”, argumentó la abogada Walker al justificar la petición de la defensa para invocar la cuestión previa.

Seguidamente, precisó que la acusación -como acción fiscalizadora- no corresponde a un juicio político, pero que, en este caso, se está “desnaturalizando su propósito y se está utilizando para cuestionar políticamente a una ministra de Estado”.

Así también, la abogada afirmó que “se pretende hacer responsable a la ministra Siches por actos de terceros y no por acto propios, lo que transgrede el objeto de este mecanismo de control constitucional” y recalcó que el libelo “carece de toda lógica argumentativa”.

Posterior a la alocución de Walker, y tras presentar la defensa repasando punto por punto los siete capítulos acusatorios, comenzó la exposición de los diputados integrantes de la comisión revisora, quienes entregaron sus argumentos frente a la admisibilidad de la acusación.

El primero en exponer fue el presidente de la instancia, Cristhian Moreira (UDI), quien manifestó su voto en contra de la cuestión previa. “Hay fundamentos suficientes para hacer efectiva la responsabilidad constitucional en esta sede política”, argumentó -al igual que ayer- el parlamentario gremialista.

Luego, fue el turno de María Candelaria Acevedo (Ind-PC), la única diputada oficialista de la comisión. En su caso, respaldó la petición de la defensa y reiteró su rechazo a la acusación, ya que -a su juicio- no cumple con las exigencias para declarar su admisibilidad.

Fernando Bórquez (Ind-UDI), por su parte, también respaldó la cuestión previa. Durante su alocución, el diputado -que en la comisión revisora votó en contra de la admisibilidad del libelo- apuntó a la “responsabilidad” del Presidente Boric por nombrar a Siches en el cargo de ministra del Interior y fue crítico de la gestión de la secretaria de Estado.

En tanto, el diputado Christian Matheson (Ind-Evópoli), que se abstuvo de pronunciarse a favor o en contra de la procedencia del libelo en la comisión revisora, llamó a sus pares a “votar en conciencia y sin ideologismos”.

Finalmente, el cierre de las exposiciones estuvo a cargo de la diputada Natalia Romero (Ind-UDI), quien manifestó su aprobación a la cuestión previa.

Tras las alocuciones de los parlamentarios, la petición para invocar la cuestión previa fue sometida a votación en el hemiciclo. Y por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la solicitud fue acogida por la corporación.

Con dicha determinación, el “fondo” de la acusación no será analizado, ya que, tal como establece el reglamento, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la cuestión previa, se cae la acusación y, en consecuencia, se da por no interpuesta.

Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la acusación constitucional en contra del excanciller Andrés Allamand -que se discutió el 18 de mayo de este año- y con el libelo presentado en contra del expresidente Sebastián Piñera en diciembre de 2019, ingresado por la, en ese entonces, oposición.

¿Qué plantean los siete capítulos acusatorios contra Siches?

  • Capítulo Primero: el retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado “estallido social” y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
  • Capítulo Segundo: inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la Ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y la concreción de amenazas a la autoridad.
  • Capítulo Tercero: El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina.
  • Capítulo Cuarto: entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en la Araucanía.
  • Capítulo Quinto: dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
  • Capítulo Sexto: reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país. Afectación grave a la seguridad de la Nación e inejecución de la Constitución y las leyes, afectando los Derechos Fundamentales de las personas.
  • Capítulo Séptimo: omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada “Coordinadora Arauco Malleco” (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile.

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