Reuniones entre autoridades, cumbre de los poderes del Estado, reforzamiento de la seguridad en la macrozona sur con trabajo coordinado entre policías y FF.AA. Estos han sido algunos de los hechos que han marcado una semana clave para enfrentar la violencia en el sur. Fue en este contexto en que el Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al Congreso a aprobar con rapidez las leyes consideradas indispensables para enfrentar la crisis que golpea, principalmente las regiones de La Araucanía y del Biobío. En particular, la modernización de la Ley Antiterrorista y la Ley sobre Robo de Madera, además de legislación contra el narcotráfico, protección a la Infraestructura Crítica. El Mandatario aseguró esta semana que les pondrá máxima urgencia a su tramitación, ya que ninguna de ellas ha tenido mayor avance y la agudización de la violencia urge que sean aprobadas.

Pero el Ejecutivo sabe que esto no es fácil considerando que dos senadores de la oposición que representan a la zona, Francisco Huenchumilla en la foto(DC) y Jaime Quintana (PPD) se han negado sistemáticamente a avanzar en estas materias.

Los caminos que han debido recorrer los proyectos han sido, a lo menos, tortuosos.

La reforma a la Ley Antiterrorista (N° 18.314) fue uno de los primeros proyectos que ingresó el Presidente Piñera durante la actual administración. En marzo de 2018 y desde La Araucanía firmó una indicación para reformular la Ley Antiterrorista en 11 puntos, que incluye una indicación sustitutiva al texto que la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó en noviembre de 2014.

Durante todo el 2018, mientras el senador Huenchumilla presidía la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde debía discutirse el proyecto, la instancia solamente tramitó 7 veces el proyecto del Gobierno y al senador se le acusó de retrasar la ley durante ese plazo.

Incluso, en esa ocasión, el Presidente criticó a la oposición por bloquear las propuestas legislativas del Gobierno. “Los que hablan de sequía legislativa yo les digo: Partan por aprobar proyectos tan importantes y necesarios como el proyecto de nueva Ley Antiterrorista”. “La ley antiterrorista está en el Congreso desde marzo y no ha podido avanzar”, dijo entonces el Mandatario. Le pusieron al texto 3 urgencias simples, 10 urgencias sumas y 2 de discusión inmediata durante esos 7 meses, sin embargo, Huenchumilla optó por priorizar otras iniciativas. Al día de hoy se mantiene paralizada, al igual que otros 15 proyectos de la agenda de seguridad.

En abril de 2019 el gobierno ingresó una ley corta que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas y se aprobó en general el 7 de agosto de 2019 en la Sala con 32 votos a favor, 5 abstenciones y 6 en contra, entre los cuales estaban ambos senadores de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana (PPD), nombres que han aparecido durante otros “bloqueos” legislativos al Ejecutivo en materia de seguridad.

“Si el gobierno está disponible para que entremos a trabajar la ley larga, y modificar la ley que viene de 1984, si el gobierno se allana a eso, yo creo que no vamos a tener dificultades. Paralelamente a esta ley corta tenemos que trabajar una ley larga para tener una legislación moderna“, afirmó Huenchumilla en medio de las negociaciones de ese entonces, pese a que finalmente rechazó el proyecto y que estuvo en sus manos avanzar en la tramitación de la ley larga durante el 2018.

“Es absolutamente evidente que este proyecto no aborda el problema de fondo. Estamos frente a una reforma menor, de un artículo que busca responder a una necesidad comunicacional del Ejecutivo más que hacerse cargo de avanzar hacia una verdadera política de seguridad contra el terrorismo”, dijo en esa oportunidad Quintana.

Otro que le dio la negativa al proyecto fue el senador Alfonso de Urresti (PS), representante de la Región de Los Ríos, actual presidente de la Comisión de Constitución y quien deberá evaluar si pone o no en tabla la ley corta. Durante el 2020 se mantuvo estancada, a pesar de que el Ejecutivo le puso 31 urgencias al proyecto, 14 de ellas suma urgencia. Solo en enero de este año ya se le han introducido 4 urgencias de discusión inmediata a la ley, la última de ellas el 26 de ese mes.

La senadora Carmen Gloria Aravena (independiente del comité RN), que representa también a La Araucanía, es crítica sobre la labor de los senadores Huenchumilla y Quintana en materia de seguridad y asegura que “generan un precedente” en la manera de votar de los miembros de sus partidos. “Si alguien que es de su mismo sector y que vive en la Región de La Araucanía desacredita o se opone a este tipo de proyectos, genera un liderazgo respecto de la opinión del resto de los senadores. Ya sea como integrantes de una comisión o como de la región que está afectada, es importante”, asegura.

“No logro entender cuál es el argumento para no querer trabajar en la agenda de seguridad”, subraya. “No entiendo por qué no le hacen indicaciones o cambios, sobre todo porque el senador Huenchumilla es parte de las comisiones en donde se han trabajado estos proyectos. Él es integrante de Seguridad y Constitución, las dos comisiones en donde se ven estos proyectos”, dice Aravena.

El diputado por la IX Región, Miguel Mellado (RN), coincide con Aravena. “Creen que colocándole freno a los proyectos de seguridad ciudadana le hacen un daño al Gobierno y el problema es que le están haciendo un daño a la ciudadanía, al país”, dice.

“Si el presidente de las comisiones respectivas no los pone sobre la mesa y no se tramitan, es porque los senadores no quieren mejorar esa legislación. Si ellos creen que la ley es mala, mejórenla”, agrega Mellado.

“Trancando la pelota” en la Ley contra el robo de Madera

“A través de una moción parlamentaria, se reimpulsará el proyecto de Ley Antirrobo de Madera, que fue presentado por el Gobierno y rechazado por el Congreso”, dijo el pasado miércoles el Presidente Piñera.

La importancia de volver a legislar este proyecto se basa en que el robo de madera en troza es una de las formas más lucrativas de crimen organizado en la macrozona sur del país, desde la Región del Maule. De acuerdo con la Corporación Nacional de la Madera (CORMA), este delito tiene utilidades cercanas a los veinte millones de dólares anuales. Además, calculan que desde 2019 hubo un aumento del 60% de esta actividad.

Su tramitación comenzó en agosto del 2018 cuando el Ejecutivo ingresó un mensaje al Senado para tipificar y sancionar este delito. En mayo la Comisión de Seguridad, que integraban Felipe Kast y Felipe Harboe-impulsores del proyecto-, aprobó la idea de legislar y pasó a la Sala.

Recién el 15 de julio del 2020 el mensaje fue votado y rechazado en general en la Cámara Alta. A favor del proyecto votaron todos los senadores de Chile Vamos y el ex senador PPD, Felipe Harboe, quien fue el único de la oposición. Con un voto más, el proyecto se hubiera podido legislar. Se abstuvieron los senadores José Miguel Insulza (PS), Ximena Rincón (DC), Carolina Goic (DC) y Jorge Pizarro (DC). Todos los demás votaron en contra.

En esa oportunidad, los senadores Huenchumilla y Quintana fueron criticados, tanto por sus pares del oficialismo, como por los gremios de la IX Región quienes calificaron su voto en contra como un “encubrimiento al crimen organizado y un golpe a las Pymes madereras”

El entonces presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, afirmó que era un grave error que los senadores Huenchumilla y Quintana vinculen este delito con el conflicto mapuche. “La Región del Maule es la zona más afectada por el robo de madera y sus autores no pertenecen a comunidades indígenas, es decir, tanto Huenchumilla como Quintana están haciendo una abierta discriminación al pueblo mapuche “, sostuvo.

Crítica que comparte el diputado Mellado quien sostiene: “Su explicación cuando dio el voto en contra del proyecto del Ejecutivo fue que estigmatizaba al pueblo mapuche, por lo tanto, le está haciendo él una imputación grave de que el pueblo mapuche es el que roba la madera, siendo que no es en La Araucanía donde más robo de madera hay, sino que en El Maule”.

Mientras los senadores oficialistas denunciaron que “Huenchumilla y Quintana tuvieron un rol protagónico en derribar el proyecto”. Rechazo que, argumentaron, “cierra la posibilidad de discutir un cambio en la ley e impedirá avanzar en el crimen organizado”. Entre las razones de los senadores de la oposición estaba la acusación de querer instalar medidas intrusivas en la región y criticaron que se trataba de una iniciativa para dar “protección a la industria forestal”, la que a su juicio instaló un “conflicto político” en la zona.

Tras la negativa del Senado, el Ejecutivo apeló a la insistencia en la Cámara de Diputados, en donde el 22 de diciembre del 2020 fue rechazado por no alcanzar el quórum de 2/3 a favor y la tramitación se dio por terminada, impidiendo que el gobierno volviera a presentar el proyecto durante un año más.

Por ello, un grupo de diputados de la UDI ingresaron el mismo proyecto que había enviado tres años atrás el Presidente Piñera. A ellos se sumaron el diputado Mellado, Gonzalo Fuenzalida (ambos RN)y otros 7 miembros del oficialismo, quienes el 14 de enero de este año ingresaron una moción parlamentaria para modificar el Código Penal y Procesal Penal para tipificar el delito y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. A cualquiera de ellas podrá ponerle urgencia el Ejecutivo para que comience a discutirse en la Cámara Baja.

“Esperamos que el Ejecutivo le coloque discusión inmediata o suma urgencia a ese proyecto para poder verlo, aunque ya dijeron que estaba en el listado de prioridades”, señala Mellado.

Consultados por la negativa de los senadores de la oposición que representan a la zona, a legislar este proyecto y rechazarlo en primera instancia, el diputado señala: “A Quintana y Huenchumilla, hasta el momento no los he visto a la altura que debe estar un senador. Deberían estar llegando a mejores acuerdos, no trancando la pelota”, asegura.

Cuestiona que están “atrincherados en un sector tratando de acertarle un golpe al Gobierno, siendo que lo que están haciendo es darle la vuelta la espalda a la región de La Araucanía. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con el proyecto, por lo tanto lo tramito para mejorarlo”.

Mismo comentario expresa la senadora Aravena. “Puedo confirmar que no ha habido un interés por legislar, porque una cosa es que no me guste el proyecto que presenta el Gobierno y otra es que me siente a trabajar indicaciones que mejoren el proyecto y que me reflejen como senador. Si no estoy dispuesto a ninguna de las dos cosas, ni aprobarlo en general ni a presentar indicaciones, es porque sencillamente no quiero legislar sobre el tema”, asegura.

/Escrito por Daniela Bas para El Líbero

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