El pasado 6 de febrero de 2020, el gerente general de la empresa de soluciones financieras Sigga SpA, Cristián Rivas, presentó una demanda de liquidación forzosa en contra del ingeniero comercial UDP y exgerente de Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena)Nicolás Frei Parada (41) por el no pago de un pagaré por $160 millones en el que él figura como codeudor solidario de su padre.

Se trata de uno de los cuatro hijos de Francisco Frei (70), quien en el 16 de agosto de 2019 presentó una autodenuncia en la que reconoció ante el Ministerio Público que durante más de 15 años había engañado a su hermano Eduardo en la administración de la sociedad familiar de este último: Inversiones Saturno S.A. Según denunció el exmandatario su hermano menor utilizó dicha entidad como testaferro para sus deudas personales, accediendo a millonarios créditos, falsificando su huella dactilar y firma.

La petición de quiebra de Nicolás Frei fue declarada en su momento por el 10° Juzgado Civil de Santiago como reservada y finalmente el 28 de diciembre de 2021, el tribunal resolvió decretar su liquidación como persona natural, sumándose también a la quiebra de sus padres: Francisco Frei Ruiz-Tagle y Ana María Parada Quesada (70) por cuantiosas deudas a raíz de una serie de instrumentos financieros impagos.

Con ello, el tribunal designó como liquidadora titular del proceso a la abogada Loreto Ried, quien la próxima semana acudirá al domicilio particular de Nicolás Frei, ubicado en la comuna de Lo Barnechea a incautar “todos los bienes del deudor, sus libros y documentos, bajo inventario, autorizándose para este objeto, el auxilio de la fuerza pública por el jefe más inmediato, con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario, bastando para ello la sola exhibición de la copia autorizada de la presente Resolución de Liquidación”.

“Se advierte al público que no deben pagar ni entregar mercaderías al deudor, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas; y póngase a disposición del liquidador, dentro de tercero día, todos los bienes y papeles pertenecientes al deudor”, consignó la resolución.

En esa misma lógica, el tribunal ordenó comunicar a todos los acreedores residentes en Chile que tienen un plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación de la resolución de liquidación para que se presenten con los documentos que justifiquen sus créditos. “Comuníquese a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días contados desde la fecha de la publicación de esta Resolución de Liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio, sin nueva citación”

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