Este martes el Presidente Gabriel Boric encabezó la reapertura de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) -unidad especial de Gendarmería que recibe internos de alto compromiso delictual- en la exPenitenciaria en la comuna de Santiago.
En la cita, además, estuvo presente el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, quien tras el término de la actividad se refirió a la cifra del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Esto después de que Chile Vamos presentara un proyecto de ley para que el acceso a su información sea de carácter público.
La mañana del martes, el diputado Evópoli, Jorge Guzmán, autor de la iniciativa, señaló que “el presunto asesino de la sargento Rita Olivares es un prófugo de la justicia que debía estar preso. Hoy existen más 30 mil personas que no están cumpliendo las penas”.
Bajo ese contexto es que el ministro de Justicia salió a aclarar los dichos, manifestando que “hay que tener cuidado con esa cifra”.
“Lo que existe es un registro nacional de prófugos que se implementó en Chile a partir del 2012, y donde se contemplan todas aquellas personas que tienen órdenes de detención pendientes por algún motivo”, afirmó.
Agregando que “el número más significativo de esas 31 mil (personas), 28 mil son personas que tienen órdenes de detención por lo que se denomina ‘rebeldía procesal’, es decir, no comparecieron ante una audiencia en el sistema de enjuiciamiento criminal y por lo tanto el tribunal ordenó su detención”.
“Los números más significativos están asociados a otro tipo, que son aproximadamente 1600 personas que han sido personas condenadas y que no se han presentado a cumplir condena”, explicó el de jefe de la cartera de Justicia.
“Cuando sumas a aquellas personas que están sin ingresar a recintos penitenciarios, aquellos que se han fugado de cárceles y los que han incumplido su libertad condicional, aproximadamente podemos llegar a ese número (30 mil)”, finalizó Cordero.
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