Hasta el 24 de enero tiene plazo la exministra de Justicia, Marcela Ríos (Convergencia Social), para responder a la acusación constitucional que presentaron las bancadas de Chile Vamos por su responsabilidad en las “desprolijidades”, reconocidas por el gobierno, en el otorgamiento de indultos.
El libelo de la derecha, que tiene más de 180 páginas, es uno de los casos más complejos que le ha tocado asumir a un secretario de Estado -en esta situación, una exministra-, ya que por lo general los acusados parten de la base que los gobiernos niegan o minimizan las faltas que motivan la presentación.
Al contrario, la defensa de Ríos -que será asumida por el exsenador, exdiputado y exministro José Antonio Viera-Gallo (PS)- tendrá que asumir como costo previo el hecho de que el Ejecutivo ya hizo recaer en ella y en el jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía, las responsabilidades políticas por los errores detectados en los trece decretos de indulto.
Sin embargo, el cuadro empeoró con las declaraciones del propio Presidente Gabriel Boric (también militante de Convergencia Social) y de la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC).
“Hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”, dijo Boric el sábado pasado.
“Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, añadió Vallejo, el 9 de enero.
Ello obliga a que la defensa de Ríos busque una respuesta alternativa que no la exponga a ella ni a otras autoridades de gobierno. Para algunos se tendrá que navegar entre dos extremos no deseados: inculparse de las desprolijidades o deslindar las responsabilidades en otros, con el riesgo de que eso escale al propio Mandatario.
Un camino, por ejemplo, sería apuntar a los problemas de forma de la acusación, sostienen algunos juristas que han monitoreado el caso.
“Desprolijidad es una cosa, e ilegalidad es otra”, adelanta Viera-Gallo, quien fue contactado por el gobierno y por la exministra para que asumiera el caso.
Desde el Ministerio de Justicia señalan que corresponde que el Ejecutivo financie la defensa jurídica aun cuando Ríos haya dejado la cartera, lo que ayuda a que exista una coordinación. No obstante, Viera-Gallo dice que el tema de los honorarios ni siquiera ha sido conversado y que no sabe cómo se procederá en esta situación. “Ahí veremos y lo haremos como se acostumbra hacer”.
Si bien el político socialista, que también fue subsecretario de Justicia de Salvador Allende y exministro del Tribunal Constitucional, tiene un largo recorrido afrontando crisis políticas, es la primera vez que asume la defensa de un ministro acusado.
“Como se dijo en el caso de Yasna Provoste y en el caso de Harald Beyer, principalmente, las causales de acusación constitucional son precisas. No es un juicio de mérito sobre el desempeño de un ministro. Eso no está en el sistema político chileno. Para eso está la interpelación. Lo que se tiene que imputar, y eso tendrán que probarlo quienes sostienen la acusación, es que aquí hubo una infracción a la Constitución y a la ley. Y eso es lo que estamos convencidos que no ocurrió”, comenta Viera-Gallo.
Si bien el caso de Ríos tiene un contexto complejo, el dilema entre asumir responsabilidades o defenderse, con el riesgo de ello escale al Presidente, también lo enfrentaron algunos ministros de Sebastián Piñera que fueron acusados en medio del contexto del estallido social.
La defensa de Andrés Chadwick, por ejemplo, quien fue acusado el 30 de octubre de 2019, cuando ya había renunciado al Ministerio del Interior, deslizó una estrategia que incomodó en su momento a La Moneda.
Según la línea argumentativa que diseñó Luis Hermosilla, abogado defensor y amigo de Chadwick, detrás de la acusación al exministro había una supuesta operación política para tratar que él pagara por todos los errores del Ejecutivo, que profundizaron el estallido social y que terminaron en un descontrol del orden público y en violaciones a los derechos humanos.
“Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”, dijo Hermosilla, en noviembre de 2019, ante la Cámara, lo que fue interpretado como una directa alusión a Piñera.
En esa misma sesión, el abogado defensor añadió: “(Chadwick) dejó su cargo hace un mes y en ese mes han ocurrido situaciones que son no solo complejas, sino que reprochables”, frase que molestó al entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), quien asumió la cartera tras la renuncia del llamado “coronel” de la UDI.
Al igual que la situación que hoy vive Ríos, entonces Chadwick se defendió en su calidad de exministro ante la Cámara y luego ante el Senado, que finalmente ratificó la acusación y la sanción para que no ejerza cargos públicos hasta 2024.
No obstante, la diferencia es que el gobierno de Piñera nunca validó errores de manejo del exjefe de Interior, ni menos que él haya sido responsable de atropellos a los derechos humanos o del descontrol social.
Otro precedente es el de Víctor Pérez (UDI), ministro del Interior entre julio y noviembre de 2020, quien fue acusado en octubre de ese año por hechos de violencia policial y, en particular, por el caso de un joven que cayó al río Mapocho por la acción de un carabinero.
Entonces, su defensa -que fue conducida en un principio por los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, ambos cercanos al entonces jefe de Interior- también esgrimió un argumento incómodo para La Moneda. En su escrito ante la Cámara se señaló que el orden público, en medio de un estado de excepción constitucional, como regía entonces por la pandemia del Covid, no era responsabilidad de Interior.
“El libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al sr. ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile… En virtud de lo prevenido en las reglas jurídicas excepcionales (…), se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior y de Seguridad Pública, sino del Ministerio de Defensa”, decía el texto.
El hecho molestó al entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), y generó una alerta en La Moneda, ya que implícitamente también apuntaba a Piñera, pues es el Presidente quien al final de cuentas designa a los jefes de las FF.AA. que están a cargo de los territorios bajo excepción constitucional.
Luego de que la acusación fuera aprobada por la Cámara, Pérez renunció y su defensa fue asumida en el Senado por el abogado Gabriel Zaliasnik, quien cambió la estrategia.
Al comentar la actual situación de Ríos, Zaliasnik señala que “la justificación posterior que el Presidente da (sobre los indultos) es la que genera una problemática de fundamentación a su decisión, no las actuaciones o errores en que pudiera haber incurrido el Ministerio de Justicia a la hora de ejecutar la decisión presidencial”.
De hecho, cree que no hay fundamentos para acusar a la exministra. “No se trata de deslindar responsabilidades… Para desestimar la acusación contra la exministra no es necesario mirar para el lado. Creo que los vicios (en el otorgamiento de indultos) derechamente no tienen la entidad que justifique una acusación constitucional”.
“Hay que sincerar el tema. La discusión está en el ámbito de la Presidencia y nadie quiere decirlo de frente. Ni acusadores, ni el gobierno a la hora de enfrentarlo”, añade Zaliasnik.
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