Durante más de dos años -entre noviembre de 2019 y marzo de 2022-, el Gobierno de Sebastián Piñera intentó de manera infructuosa aprobar en el Congreso el proyecto que permitía a las FF.AA. proteger la infraestructura crítica del país.
Las ahora autoridades en su anterior rol de diputados, como el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa, Maya Fernández, el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jakson, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, votaron siempre en contra.
Lo mismo hicieron senadores y diputados militantes del Frente Amplio, de los partidos Comunista, Socialista y PPD, entre otros opositores a la anterior administración.
Todos, además, rechazaron la agenda de seguridad del gobierno que incluía una decena de proyectos que combatían el narcotráfico, el terrorismo, el robo y los portonazos, entre otros delitos.
El fuerte rechazo de Boric y sus ministros al proyecto de infraestructura crítica
El 9 de septiembre de 2020, Boric escribió en su Twitter: “Hoy en la Cámara de Diputados hemos rechazado el mal proyecto de infraestructura crítica que otorgaba funciones represivas de seguridad pública a militares”.
Ese mismo día, la entonces diputada Camila Vallejo tuiteó que “el Gobierno sigue insistiendo en su desviación autoritaria. Utilizar a las FF.AA. en el supuesto resguardo a la ‘infraestructura crítica’, solo servirá para más abusos de poder a un Gobierno en el que se han violado los DD.HH. Por eso rechazamos y ahora pasa a comisión mixta”.
La negativa anterior para aprobar el proyecto
Cuando en diciembre de 2020 asumió Baldo Prokurica como ministro de Defensa, la primera instrucción del Presidente Piñera fue sacar adelante ese proyecto.
Prokurica desplegó una serie de conversaciones con cada uno de los senadores del Frente Amplio y de lo que hoy es el Socialismo Democrático, quienes le manifestaron su rotunda oposición. Incluso, ni siquiera estuvieron dispuestos a poner en tabla el proyecto para que se votara.
A Prokurica, además, le correspondió solicitar al Congreso el estado de excepción para la Macrozona Sur, junto al ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; que también rechazaron quienes hoy son autoridad, y que solo se pudo aprobar con algunos votos de senadores DC.
Incluso, algunos senadores que hoy piden la presencia de las FF.AA. para la frontera norte, como José Miguel Insulza, siempre votaron en contra.
Paradójicamente, hoy el Gobierno ha pedido 15 veces la prórroga de dicho estado de excepción, que ha contado con el respaldo de diputados y senadores oficialistas que antes se opusieron tenazmente.
Prokurica: «El Gobierno está actuando tarde, pero son medidas que el país requiere y los chilenos demandan»
El pasado miércoles la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Matías Walker, despachó por unanimidad en particular el proyecto de reforma para el resguardo de infraestructura crítica, con las indicaciones del Gobierno actual, para que las FF.AA. puedan realizar control de identidad, registro y detención en las fronteras.
En conversación con El Líbero, el ex ministro de Defensa Baldo Prokurica, aborda este proyecto.
-¿Cómo evalúa la tramitación del proyecto?
-Lamentablemente, todos los senadores de oposición rechazaron el proyecto de infraestructura crítica, al igual que el Presidente y sus ministros cuando eran diputados. Hubo tremenda irresponsabilidad política de quienes hoy gobiernan de no haber aprobado el proyecto de infraestructura crítica antes. En todos los países modernos y democráticos existen mecanismos para que las FF.AA. puedan intervenir rápidamente en apoyo de la infraestructura crítica. Por lo tanto, lamento el daño que se ha producido todos estos años por la indolencia y ceguera ideológica de quienes hoy gobiernan.
-¿Qué opinión tiene de este proyecto?
-A este proyecto le habría reforzado el respaldo que debe darle la autoridad política a las FF.AA. en este rol distinto y desafiante. Cuando las FF.AA. actúan lo hacen a nombre de la sociedad, que no puede hacer justicia por sus propias manos, y le entrega a las policías y las FF.AA. esa facultad. Por lo tanto, cuando esas instituciones actúan para defender el orden público, las policías y los militares no pueden ponerse a la misma altura que los delincuentes. Las FF.AA. tienen que actuar con mayor fuerza. A veces se les pide demasiado y las FF.AA. se inhiben de actuar por miedo a las represalias, y porque las autoridades las dejan solas. Lamentablemente no veo que este principio esté, como se debe, protegido en este proyecto de ley.
-Cada vez hay menos conscriptos, y las FF.AA. tienen las tareas propias de la defensa, para las cuales requieren a todo su personal operativo. ¿No distraerá recursos humanos para estas nuevas misiones vinculadas al orden público?
-Las graves descalificaciones y falsas acusaciones a Carabineros y a las FF.AA. que hicieron las autoridades que hoy nos gobiernan, incluido el Presidente que increpó a militares que cumplían con su deber patrio en Plaza Baquedano, le hicieron un severo daño a la reputación de las instituciones policiales y castrenses, que afortunadamente la ciudadanía les ha devuelto. Eso claramente ha incidido en que haya menos personas disponibles para ser uniformados. Por lo que creo que se requieren nuevos incentivos para quienes hacen el servicio militar e ingresan a Carabineros, y también nuevos recursos económicos para que las cumplan a plenitud.
-¿Deben las FF.AA. hacer labores propias del orden público, como hacer detenciones y cuidar fronteras?
-El país vive una situación excepcional por el fuerte incremento de la delincuencia, los carteles internacionales de drogas, crimen organizado y tráfico de personas. El norte del país está en una situación desesperada, y la Macrozona Sur bajo ataque del terrorismo. Por tanto, el Estado debe utilizar todos los recursos con que cuenta para enfrentar esos flagelos y darles protección a todos los chilenos. Esperamos que estas nuevas funciones de las FF.AA. se apeguen estrictamente a la legislación, y no debiliten sus funciones esenciales del resguardo de nuestra soberanía y territorio. Para ello requieren del respaldo legal correspondiente, que los proteja. No podemos permitir que los militares, por ayudar y proteger a sus compatriotas, luego sean juzgados y procesados por una mala legislación. El Gobierno está actuando tarde, pero son medidas que el país requiere y los chilenos demandan.
Original de El Líbero
/psg
