El hallazgo de documentos clasificados almacenados de manera irregular por el presidente de EE.UU., Joe Biden, llevaron al exjefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, a advertir que el hecho podría constituir un riesgo para la seguridad nacional, por lo que debe ser analizado por expertos.
Durante su participación en un programa de la cadena ABC, el domingo 15 de enero, el representante se refirió al riesgo para la seguridad nacional: «No creo que podamos excluir esa posibilidad sin conocer más de los hechos», manifestó.
Además, comparó esta situación con el caso del material clasificado que fue encontrado por las autoridades en la residencia de Mar-a-Lago del exmandatario Donald Trump. «Hemos pedido una evaluación en la comunidad de inteligencia de los documentos de Mar-a-Lago. Creo que deberíamos obtener la misma evaluación de los documentos» hallados en poder del actual presidente de EE.UU., sostuvo Schiff.
«Me gustaría saber cuáles eran estos documentos. Me gustaría saber cuál es la evaluación [de la comunidad de inteligencia], si hubo algún riesgo de exposición y cuál sería el daño y si es necesario hacer alguna mitigación», añadió.
En este sentido, Schiff también indicó que el fiscal general no tendrá «más remedio que nombrar a un fiscal especial» para estudiar el caso.
Los hallazgos
En noviembre del año pasado, una decena de documentos de la época en la que Biden fue vicepresidente, entre 2009 y 2017, fueron encontrados en el despacho privado del actual inquilino de la Casa Blanca en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un ‘think tank’ inaugurado en 2018 que gestiona programas académicos y eventos sobre política exterior.
El jueves 12 de enero desde la Casa Blanca confirmaron que los abogados de Biden descubrieron unos 10 documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia de Wilmington, en Delaware, aunque ninguno de ellos estaba marcado como ‘ultrasecreto’. Poco después, se anunció que en la misma residencia fueron hallados otros cinco documentos.
Aunque desde el Gobierno de EE.UU. niegan toda culpabilidad de Biden y aseguran que «los documentos se traspapelaron involuntariamente», el Departamento de Justicia investiga si el mandatario manejó registros confidenciales de manera inadecuada, lo que podría constituir un delito.
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