Una evidencia adicional de que el proceso constituyente se ha convertido en una incómoda espina en el zapato de la política chilena es que los partidos están teniendo grandes problemas para identificar candidatos capacitados y con ganas de competir en la contienda del 7 de mayo para escoger a los 50 miembros del Consejo Constitucional que deberá redactar una nueva Constitución para el país durante 2023.
El celebrado acuerdo para echar a andar nuevamente el proceso constituyente ya fue aprobado por el Congreso, por lo que el abreviado calendario ya está vigente y el reloj comenzó a andar. La próxima semana, el Congreso deberá nombrar a los 24 expertos que acompañarán el proceso y en la primera semana de febrero, los partidos deberán presentar los candidatos que competirán por los 50 escaños a elegirse en las 16 regiones del país.
Aunque pocos quieran admitirlo, el proceso constituyente se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el quehacer político nacional. El Gobierno siente que, mientras dure el proceso, será difícil impulsar con fuerza las transformaciones que prometió acometer en la campaña para la elección presidencial de 2021.
Además de lo doloroso que resultó la derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, el gobierno del Presidente Boric tiene que lidiar ahora con la incómoda presencia de un proceso constituyente que hará sombra a lo que quiera y puede hacer en 2023.
Para el Gobierno, el proceso constituyente es un obstáculo que le impide desplegar su agenda de transformaciones. Para cuando exista una nueva Constitución -si es que el segundo intento de proceso constituyente no se desriela- el Gobierno ya estará por iniciar su tercer año. Si la economía comienza a mejorar, Boric tendrá una oportunidad para mejorar su magra aprobación presidencial. Pero aun así, ya tendrá poco tiempo para impulsar las transformaciones que prometió porque el proceso constituyente habrá consumido los dos años más productivos que tienen los cuatrienios presidenciales en Chile.
En 2024, el país entrará nuevamente en lógica electoral y la capacidad del Gobierno para controlar la agenda será bastante menor que la debió tener en 2022 y 2023, si es que no hubiera existido un proceso constituyente.
Pero el proceso constituyente también es un dolor de cabeza para los partidos. Todos los partidos están con problemas para encontrar candidatos dispuestos a competir por uno de los 50 cupos para el Consejo Constitucional. Es comprensible que así sea. El diseño del proceso constituyente hará que el Consejo Constitucional funcione con bozal, camisa de fuerza y múltiples chaperones.
Nadie quiere asistir a una fiesta donde no habrá música para bailar, nada para comer y nada para tomar. Es más, es mucho más atractivo ser nombrado como parte de la Comisión de 24 expertos que tener que presentarse como candidato y hacer campaña en febrero, marzo y abril para un cargo que a la gente le interesa poco.
Los chilenos tienen fatiga constitucional. La gente quiere que pronto haya una Constitución que remplace a la redactada en dictadura, pero que no sea muy distinta en su contenido. Además, como hay amplio consenso en que se deben incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, mayor igualdad de género y más derechos sociales, y hay reglas claras que prohíben modificar los principios básicos constitucionales, el Consejo Constitucional terminará siendo un aburrido saludo a la bandera. Eso es bueno para el futuro del país, porque nos garantiza que tendremos una Constitución que mejore la actual, no que intente reinventar la rueda de lo que son las constituciones en el mundo. Pero eso mismo hace que sea sumamente poco atractivo presentarse como candidato para los políticos y expertos. Nadie quiere gastar dinero en campañas y energía golpeando puertas para un cargo en una Convención que no tendrá la capacidad de decidir mucho.
Por como se ven las cosas, la buena noticia es que el proceso constituyente no generará muchas noticias. Después del traumático proceso anterior, es reconfortante saber que la próxima Constitución será tan aburrida como son siempre las buenas constituciones. Pero la mala noticia es que el proceso constituyente tiene tantos seguros y mecanismos de control que se ha convertido en uno de esos juegos mecánicos en los parques de diversiones a los que ni los niños más chicos se quieren subir, porque van muy lento, se mueven poco y, en el fondo, no tienen gracia.
Si bien es tranquilizador que el proceso constituyente no alimente más la incertidumbre que existe en el país -para eso, ya tenemos los errores no forzados que cotidianamente comete el gobierno de Boric- es preocupante que haya pocas personas debidamente calificadas, y con la capacidad para redactar una Constitución, que estén interesadas en ser parte del cuerpo de 50 personas electas que deberá negociar con los 24 expertos y con los 14 juristas del comité de admisibilidad el contenido de lo que será -si es que el pueblo la ratifica a fines de 2023- la primera Constitución redactada en democracia en el país.
Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero
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