Con el nombramiento de los 24 integrantes de la Comisión Experta y los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad por parte del Congreso, se dio inicio a un nuevo proceso constitucional. El 7 de mayo tendremos elecciones de los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Los expertos comienzan a trabajar el 7 de marzo y los consejeros reciben de los expertos el 7 de junio un anteproyecto y en un plazo máximo de cuatro meses, que se cumplen el 7 de octubre, deberán entregar su propuesta de primer texto.
La Comisión Experta, luego de estudiar el texto hará entrega de un informe donde podrá formular observaciones que lo mejoren, las que deberán ser votadas por el Consejo, y así aprobadas o rechazadas por los quórum indicados en la reforma constitucional. Una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar el texto completo por los tres quintos de los miembros del Consejo Constitucional. Finalmente, el día 17 de diciembre de 2023 se realizará un plebiscito de salida.
Uno puede analizar este proceso desde el punto de vista institucional y también realizar algunas consideraciones políticas.
En cuanto a lo institucional, es positivo que se trate de un nuevo proceso que no es continuidad del anterior, ya que aquel tuvo tan categórico rechazo. Se respeta así la voluntad popular. Es también más breve, pues se completa en 9 meses en lugar de 14. Reivindica el rol de los expertos y el que le cabe al Congreso como poder constituyente derivado. Deja atrás la idea de partir de una hoja en blanco pues hay bases institucionales aprobadas por el Congreso y tiene un reglamento aprobado por ley y no uno a la medida de las mayorías de los convencionales.
Estamos, así, ante un proceso plenamente democrático y no uno de ribetes totalitarios y dirigido a refundar la nación chilena. Pueden realizarse ciertas críticas, como el hecho que se hayan modificado normas permanentes de la Constitución para abordar procesos transitorios, sin que haya una cláusula de cierre. También es discutible la consagración de criterios como paridad de género y escaños reservados, aunque estos últimos no constituyen una trampa como en el proceso anterior al respetarse la proporcionalidad.
Ahora, en cuanto a lo político propiamente tal, pueden hacerse interesantes análisis. Desde ya, se ha discutido tanto en el oficialismo como en la oposición la conveniencia o no de enfrentar la elección del 7 de mayo con lista única o con más de una.
El Gobierno se la ha jugado por una sola lista, pese a las advertencias de varios, incluyendo partidarios, de que la lista única es un escenario muy inconveniente para el oficialismo. Más allá de la genialidad de Girardi al motejarla como “la lista de los indultos”, es cierto que la baja popularidad del Gobierno de Boric los expone a una segunda derrota consecutiva de alto costo político para la izquierda. El presidente pareciera así dar a la izquierda la señal que, si él cae en el descrédito, arrastraría a la totalidad de la izquierda. Una suerte de abrazo del oso, lo que es una nueva actuación hostil hacia ellos. Veremos cómo sigue esa discusión.
La oposición también enfrenta decisiones complejas. Creo que es evidente que el escenario ideal sería reproducir el espíritu del 4 de septiembre (a lo que favorece la lista única en el oficialismo). La centroderecha debiera intentar aliarse con Amarillos, Demócratas y PDG para estos efectos, pero ello se hace muy difícil con la presencia de Republicanos. Uno podría argüir que una cuestión tan importante como la Constitución debiera lograr que se dejen de lado diferencias para unirse por esta vez. Pero hay cierta ingenuidad en ese deseo; es suponer que los protagonistas de la política sólo tienen consideraciones de bien común y no consideran sus propios intereses. Creo, sin embargo, que los pactos por omisión podrían ser una respuesta a este dilema.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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