El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que a raíz del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, las pandillas supuestamente buscan «desplazarse» hacia Sudamérica y que hay reportes de su presencia en Chile, según informó la Secretaría de Prensa del Gobierno.
«Todo ese proyecto ha hecho que el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América», sostuvo Ulloa, de acuerdo con un comunicado.
Añadió, sin precisar fuentes, que «ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento».
En el boletín, la Secretaría de Prensa indicó que las «pandillas emigran a países de Sudamérica para escapar del régimen de excepción».
Cabe recordar que hace unos días, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue enfático en descartar la presencia de maras en Chile. «Quiero desmentir totalmente, porque aseveraciones de esa naturaleza tienen que tener una base de seriedad, porque generar incertidumbre y temor», sostuvo la autoridad.
Monsalve agregó que «no hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permite a nadie en este país, decir que las maras tienen una presencia organizada en Chile. Yo me he reunido con el fiscal nacional anterior (Jorge Abbott), con el actual (Ángel Valencia) y con fiscales de la zona norte; en ninguna reunión con ellos se ha planteado la posibilidad de que las maras estén participando organizadamente en el país».
Human Rights Watch advierte violaciones de DD.HH.
De acuerdo con cifras oficiales, son 62.972 personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador, que suspende varios derechos constitucionales, y que el Gobierno acusa de ser pandilleros.
Sin embargo, son más de 3.300 los liberados por orden de la Fiscalía o tribunales.
El viernes, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) dijo que la filtración de una base de datos del Gobierno de El Salvador «permite corroborar graves violaciones de derechos humanos» en el contexto del régimen de excepción.
Destacó que el documento, al que tuvo acceso HRW y supuestamente pertenece al Ministerio de Seguridad, da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 1.082 menores de edad (918 niños y 164 niñas) y que «habían sido enviados a detención provisional».
HRW y la organización Cristosal concluyeron, en un informe de diciembre de 2022, que en El Salvador «se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción», entre ellas detenciones «arbitrarias masivas», torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales «abusivos».
A finales de marzo pasado, el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición del Gobierno del Presidente Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a la pandillas. La medida se ha ampliado en 10 ocasiones.
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