“¡Primera clínica municipal en Chile!”. De esta manera el 18 de enero, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció -a través de sus redes sociales- la aprobación del concejo municipal para adquirir un inmueble para instalar lo que ella misma definió como una clínica pública. Sin embargo, hubo tres concejales que estuvieron en contra de la decisión, al acusar que había un sobreprecio en los más de $ 8 mil millones que pagó el municipio por un edificio avaluado en no más de $ 2.000 millones. Aquello derivó en un caso con ribetes que incluyen ahora una investigación de Contraloría y el rechazo del Conservador de Bienes Raíces a inscribir la compra.
Todo comenzó durante la sesión del concejo municipal de Santiago, en el cual se aprobó la compra del ex centro asistencial, el cual durante su funcionamiento acumuló una serie de querellas por negligencias médicas y una acción judicial de la clínica contra la corredora LarrainVial, acusando una presunta participación en lavado de activos.
En la sesión del 18 de enero, la concejal independiente Rosario Carvajal se abstuvo de la votación. Dos días después la misma edil, durante una sesión extraordinaria, rechazó el proyecto junto a los concejales RN Juan Mena y Santiago Mekis. Si bien Carvajal ha sostenido que valora una iniciativa de este tipo, explicó su voto en redes sociales, argumentando que la municipalidad estaría pagando un sobreprecio al adquirir el inmueble por $ 8.200 millones, siendo que el avalúo fiscal era de $ 1.940 millones.
“No puedo avalar la utilización de recursos públicos para satisfacer lo que a todas luces es un negocio inmobiliario, donde la Municipalidad de Santiago termina pagando 4 veces el valor en relación a la última transacción de diciembre de 2022, entre la clínica y la inmobiliaria San Valentín”, señaló en su cuenta de Twitter.
El reclamo de la concejal también derivó en una denuncia ante Contraloría, a la que se sumaron con acciones del mismo tipo los ediles de oposición a Hassler. A raíz de esto, la Contraloría ofició al municipio para que entregara los antecedentes de la compra, para lo cual dio 10 días de plazo.
Ante eso fue la misma alcaldesa quien aseguró que el municipio iba a responder a la solicitud del organismo fiscalizador: “Este procedimiento ha sido con el cumplimiento de la normativa, la probidad”. Además de eso, agregó, “yo creo que todas las personas que han visto propiedades saben que el avalúo fiscal no es lo mismo que el precio de venta. Eso siempre ha sido así”.
“Yo creo que eso despeja la polémica”
El mismo día en que los concejales aprobaron -con votos en contra- la compra de la ex clínica Sierra Bella, el abogado Diego Berríos envió un correo a los ediles. Según información que dio a conocer DF MÁS, el profesional representa a la sociedad Las Malvas, quien es propietaria de un inmueble ubicado en la calle Carmen, y quienes denunciaron que la municipalidad había desechado la compra de este lugar por sobre Sierra Bella.
El abogado denunció que la sociedad que él representa tenía conversaciones avanzadas con el municipio, quien pagaría $ 3 mil millones, a lo que se sumaba una inversión de $ 1.500 millones para poder habilitar el lugar donde antes funcionaba un preuniversitario. Sin embargo, después la municipalidad le informó que la transacción finalmente no se contrataría y que adquirirían un edificio ya adaptado como clínica.
En la denuncia de la concejal, esta aseguró que la propiedad de Sierra Bella hace dos semanas había sido publicada en un portal inmobiliario por un monto de $ 3.347 millones, pese a eso el municipio pagó más de ocho mil millones tiempo después. La edil calificó esta operación como “un negocio inmobiliario”, ya que el 16 de diciembre la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella vendió el edificio por $ 2.080 millones a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino, la que fue creada hace menos de un año.
La autoridad comunal defendió la adquisición del inmueble asegurando que las tasaciones encargadas por el municipio acreditaban el precio del lugar. De hecho, el mismo subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC), defendió la compra de la municipalidad: “Hay una diferencia entre el avalúo fiscal y las tasaciones, porque una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor del Servicio de Impuestos Internos”, añadiendo que el promedio del evalúo “es del 65% del valor comercial de los inmuebles o bienes y, en Santiago, probablemente, incluso es más bajo que el 65%. Yo creo que eso despeja la polémica”, sostuvo.
Contraloría toma acciones
Esta semana, y luego de que el municipio ingresara los documentos al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para formalizar la adquisición del inmueble, la entidad judicial rechazó la inscripción. El primer motivo para oponerse a la operación fue por un error formal, ya que, entre los antecedentes entregados por la municipalidad, no se adjuntaba la copia de la cédula de identidad de la alcaldesa.
Pero además de eso, también se hizo una observación de fondo, y era debido a la diferencia de los precios que existía entre el avalúo y el precio final que pagó la comuna por el inmueble.
Ante este nuevo episodio, Contraloría solicitó antecedentes a la entidad judicial con el fin de tener mayor información en la investigación que lleva adelante. Pero no quedó ahí, también ofició al municipio para que suspendiera la compra del inmueble mientras dure el procedimiento administrativo. Según explicó la institución en su documento, de seguir con el trámite, aquello “podría afectar la eficacia de la determinación que adopte al respecto y, por ende, el correcto uso de los recursos públicos involucrados”.
A través de un comunicado, la municipalidad aseguró -en palabras de su director jurídico, Jean Pierre Chiffelle-, que va a suspender todo tipo de acción ante el Conservador de Bienes Raíces a la espera de que este organismo resuelva la solicitud que ha formulado”. Además de eso aseguraron que se “dará respuesta en tiempo y forma a los requerimientos presentados a Contraloría, en pos de la transparencia y probidad de la adquisición”.
Ahora, será Contraloría quien debe resolver los reclamos administrativos que han surgido por la compra del edificio de la ex clínica Sierra Bella, y consigo, destrabar el proyecto de Hassler.
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