La verdadera razón por la que hubo tan poco interés en ser candidato al Consejo Constitucional es que ese cuerpo democráticamente electo tendrá un rol protocolar y poco decisivo en el proceso constituyente. Porque los actores políticos correctamente entienden que los costos de ser candidatos a un cargo que no tendrá mucha incidencia superan con creces los beneficios de ocupar un escaño, los partidos políticos enviaron a la cancha a sus jugadores de reserva, a sus viejos cracks ya retirados de la política y a juveniles que necesitan prepararse para cargos de verdad en el futuro. Lamentablemente, como vamos, el proceso constituyente confirma la celebrada frase de Marx de que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia (o farsa, dependiendo de la traducción que se use de los escritos del filósofo político).
Aunque nunca hay que descartar sorpresas de último minuto que pudieran darse entre gallos y medianoche, parece evidente que el elenco de candidaturas para el Consejo Constitucional evidencia que los partidos políticos y los principales actores de la vida pública nacional no dan mucha valoración al proceso constituyente en su versión 2.0. Como las reglas para este proceso imposibilitan a las personas que sean electas en la elección de mayo de 2023 la posibilidad de ser candidatos a otros cargos de elección popular en la ronda de elecciones que se vienen en 2024 y 2025, la mayoría de los políticos con aspiraciones de tener un rol relevante en lo que se viene para la política chilena optaron por abstenerse de participar en esta elección.
Eso dice mucho sobre la importancia que los políticos dicen que tiene el proceso constituyente y la importancia que ellos le dan con sus acciones y sus decisiones a dicho proceso. Si la clase política realmente creyera que el proceso constituyente importa y que es un momento clave para diseñar las instituciones políticas del futuro y para mejorar todo aquello que no funciona bien en el Chile de hoy, es evidente que aquellos que aspiran a liderar al país y que dicen querer que el país funcione mejor, debieron haber sido candidatos para el Consejo Constitucional. Pero como los hechos hablan mucho más fuerte que las palabras, los políticos profesionales activos optaron por quedarse fuera del proceso porque saben que la Convención Constitucional estará con camisa de fuerza, cinturón de castidad, bozal y rodeada de demasiados chaperones como para poder hacer algo relevante en el proceso constituyente.
Para aquellos que hemos sostenido desde noviembre de 2019 que el problema de Chile no se solucionaba con un proceso constituyente, el poco interés que le pone la clase política a la redacción de un nuevo texto no es nada sorpresivo. En cambio, aquellos que entusiastamente votaron por el Apruebo en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, debieran reflexionar sobre su decisión al ver la poca importancia que la clase política da al proceso constitucional. Si realmente hubiera convicción de que Chile necesita una nueva Constitución, la clase política habría puesto a su mejor gente a ser parte del proceso, y los políticos más ambiciosos hubieran dado la pelea por ser parte de esa instancia. Pero como la clase política entendió que todo el proceso constituyente era una píldora placebo desde el día uno -no así una buena parte del empresariado y no pocos miembros notables de la elite intelectual nacional- cuando llegó el momento de definición, todos los políticos relevantes se excusaron de participar en el proceso.
El plebiscito del 4 de septiembre ya dejó en claro que la mayoría de los chilenos discrepa de la torpe aseveración del Presidente Boric -compartida por una buena parte de la izquierda más radical- de que cualquier cosa es mejor que la Constitución de Pinochet. Lo que quedó claro con el complejo proceso que culminó a la medianoche del lunes con el cierre de la inscripción de las candidaturas a la Convención Constitucional es que nadie tiene mucha fe en que este nuevo proceso vaya a producir un texto muy diferente al que ya tenemos. Esto es, el camino correcto siempre fue el de continuar con las modificaciones a la Constitución de Pinochet.
Tal vez hubiera sido conveniente hacer un proceso constituyente bien diseñado desde el día uno. Pero después del fracaso del torpemente diseñado proceso constituyente por el que votó casi un 80% de la gente en octubre de 2020, ahora el único camino posible es repetir el rito para producir una Constitución bastante parecida a la actual pero que, presumiblemente, sea legitimada por un proceso constituyente democrático en el que nadie quiere participar.
Lo único que resta por ver es si el electorado saldrá a votar el 7 de mayo. Si la clase política no se animó a entrar a la cancha como candidatos para ese aburrido y poco relevante proceso que se inicia, no nos debiera sorprender que muchas personas desafíen la obligatoriedad de esa elección y terminen absteniéndose de votar o votando nulo. Si todos saben que esto se hace solo por cumplir, va a ser difícil lograr que la gente se entusiasme con una elección que al final no decidirá nada.
Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero
/psg
