Este miércoles los concejales de la Municipalidad de Santiago, Juan Mena (Ind) y Rodrigo Mekis (Chile Vamos) llegaron hasta Contraloría para hacer una nueva presentación sobre los antecedentes de la compra de la ex clínica Sierra Bella, en el que acusaron a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) de transgredir la ley del Ministerio de Hacienda sobre responsabilidad fiscal que establece que los servicios públicos requieren autorización de esa cartera para incurrir en obligaciones de pago a futuro.
En el documento de ocho páginas los concejales, junto a Adriana Moran Moya (ex concejala de Santiago 2016-2020) detallan su cuestionamiento al sostener que en los hechos “consta que el precio de compra anteriormente detallado, se pactó en 3 cuotas, lo que origina una obligación a futuro por parte de la Municipalidad de Santiago. Lo anterior consta, en la cláusula tercera del contrato suscrito entre la Alcaldesa (en representación del Municipio) y la empresa Inmobiliaria San Valentino SPA”.
Los ediles acusan que al pactar esta modalidad de pago, el municipio omitió un “trámite esencial para la validez del contrato, esto es la autorización previa del Ministerio de Hacienda” establecido en el artículo 14 de la Ley N°20.128. Este sostiene que “los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y de determinados servicios”, se explicó.
Y agregan que “por tanto, al vulnerar un requisito legal, previo al pacto con la referida empresa, la Municipalidad de Santiago, incurre en una notable transgresión de la norma, actuando por consiguiente fuera de sus competencias, vulnerando lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución”.
La presentación llega tras otras tres realizadas en Contraloría anteriormente y que forman parte de los antecedentes de la investigación administrativa en contra del municipio para esclarecer el por qué éste acordó pagar $8.200 millones a la Sociedad San Valentino por la propiedad ubicada en calle Sierra Bella cuyo avalúo fiscal es de $1.940 millones, pero que se había ofertado en portales públicos a $3.347 millones.
Esto, sumado a dos querellas que han sido presentadas las últimas semanas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a fin de aclarar si hay o no delito en la cuestionada compra, por las cuales la Fiscalía ya abrió una investigación.
“Por parte del municipio, al día de hoy, a pesar de que en todos los concejos comunales y en las comisiones municipales hemos pedido que se nos entreguen antecedentes, no nos han hecho llegar nada (…). Es por eso que todos los oficios que se han hecho llegar es para que se transparente el proceso en virtud de la rapidez con la que se hace esta operación y la falta de antecedentes que tenemos los concejales, los cuales se nos omiten”, comentó a La Tercera el concejal Mena.
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