El ministro de Vivienda, Carlos Montes, asumió hace unos días la labor de enlace de La Moneda con la Región del Biobío, en el marco del estado de excepción de catástrofe que se decretó en la zona a raíz de los incendios forestales que se multiplicaron a partir de un episodio de altas temperaturas en la zona centro y sur del país el 2 de febrero pasado.
El viernes, focos que estaban contenidos, se intensificaron con fuerza y retomaron su avance con rapidez, obligando a realizar evacuaciones en sectores poblados que se vieron amenazados por las llamas.
“Uno puede especular mucho y hablar de que hay intencionalidad, lo importante es contener el fuego y tener la investigación de las instituciones”, aseguró Montes este fin de semana, afirmando que “no hay claridad” respecto al origen de los siniestros.
“Si fuera verdad todo lo que se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy compleja”, advirtió el titular del Minvu, en una declaración que no pasó desapercibida.
En entrevista en radio Duna, el gobernador de la Región de Biobío, Rodrigo Díaz, fue consultado al respecto.
El gobernador recordó que más del 90% de los incendios forestales que ocurren se originan por acción humana. Para hablar sobre la intencionalidad, indicó que el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, dijo no tener dudas sobre intencionalidad en la reactivación del fuego en su zona en días recientes.
El gobernador llamó a investigar el vínculo que habría de esos focos con la detención que se concretó el jueves de integrantes de una banda dedicada al robo de madera que opera en la zona de Lota y Coronel.
“Aparecen el viernes por la tarde cinco focos de incendios, hay fotografías aéreas que dan cuenta en línea, que aparecen casualmente ahí. Parece que hay que investigar esto”, señaló.
“Las personas que vivimos en regiones, cuando decimos que hay intencionalidad, lo decimos porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, quién tiene que demostrar y acreditar esto, bueno, las instituciones del Estado especialistas”, apuntó.
En la región, según detalló Díaz, hay 16 personas fallecidas por los siniestros, 5.458 damnificados, casi 3 mil viviendas afectadas, más de 1.400 destruidas y 17 establecimientos educacionales dañados. Se contabilizan más de 190 mil hectáreas consumidas.
“Esto es como 12 veces la Isla de Pascua en superficie quemada, 263 cerros San Cristóbal, 3.000 estadios nacionales, 2.400 parques O’Higgins, es tremenda la magnitud del daño”, expuso la autoridad regional electa.
Díaz planteó que este tipo de siniestros -definidos en el contexto de cambio climático como “incendios salvajes”, en una nueva categorización- según las proyecciones de Naciones Unidas se van a seguir produciendo y requieren que en Chile se haga cargo a través de “un gran pacto”.
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