«Muy motivado para empezar este nuevo año», dijo ayer el Presidente Gabriel Boric en su primera intervención pública en el Palacio de La Moneda tras regresar de sus breves vacaciones, las cuales se limitaron solo a una semana debido a la emergencia que tuvo que enfrentar a inicios de febrero con los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país.

En dos semanas más, el Mandatario cumplirá un año en la primera magistratura, periodo en el cual su administración no ha podido concretar de forma plena las promesas de transformación que levantó durante la campaña presidencial debido a una serie de factores, como la dispersión política en el Congreso y la necesidad atenuar su programa en diversas medidas.

El más importante de todos fue el golpe que significó para el Ejecutivo el resultado del Plebiscito de salida del proceso constituyente. La derrota del Apruebo, opción por la que Boric se jugó a fondo, lo obligó a recalcular su ruta y realizar un temprano ajuste a su gabinete, con miras a dar señales de moderación hacia la mayoría que se inclinó por el Rechazo.

Sin embargo, antes de eso y desde el comienzo de su itinerario, el jefe de Estado tuvo que enfrentar una serie de decisiones que contradecían su agenda o que tensionaron al oficialismo, como la necesidad de decretar estado de excepción en la Macrozona Sur o no respaldar un quinto retiro de los fondos de pensiones en circunstancias de que él y su sector apoyaron esa política en el pasado.

A esa lista también se suma la reciente determinación de enviar militares a la Macrozona Norte para resguardar las fronteras y el empujar a regañadientes la integración de Chile al Tratado de Asociación Transpacifico, más conocido como TPP11, el cual fue ampliamente criticado por autoridades como el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, cuando no estaban en La Moneda.

En la última semana, también se dio cuenta de que no concretarían la promesa de cerrar el penal de Punta Peuco, en el cual están recluidos los violadores de DD.HH. durante la dictadura, medida que forma parte de la agenda del Gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, dicha conducta del Ejecutivo se explica porque «el Gobierno – a decir de sus principales voceros- dependía de la aprobación del nuevo texto constitucional. Además, aún no logran sacar adelante la reforma tributaria ni la reforma previsional y en ambas ha debido ceder frente a la oposición y, por lo mismo, estos proyectos han tardado más de la cuenta. Por ahora, han implementado un plan de resistencia».

Una mirada similar planteó el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, quien sostuvo que «en realidad, el Gobierno en su primer año tuvo poco espacio para poder llevar adelante su programa. Tempranamente, los problemas que tuvo con la ministra Siches, después las dificultades para instalarse y luego el resultado del Plebiscito hicieron que no pudiera desplegar de manera clara un conjunto de iniciativas en que uno pudiera identificar claramente con los anhelos de cambio que expresaban».

«La reforma tributaria y la de pensiones aún no han logrado avanzar sustantivamente, pero reducir el programa solo a esas dos iniciativas parece poco. En realidad, los cambios en temas identitarios fueron los que le ha costado al Gobierno llevar adelante y ahí es donde ha encontrado más resistencia del Socialismo Democrático», agregó.

Mientras, el investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, recordó que los giros del Gobierno se vieron «notoriamente reflejados en los aspectos de seguridad pública, donde la contradicción latente termino por obligar al gobierno a utilizar las mismas herramientas que su antecesor, dañando profundamente la imagen con que llego a La Moneda. Otra área polémica ha sido la economía, donde desde la derrota por el TPP-11 hasta la imperiosa necesidad de abrir espacio y certezas para atraer inversiones han producido sucesivas complejidades que seguramente seguirán».

Perspectivas para el segundo año

En cuanto a qué le espera al Gobierno de cara a su segundo año y si creen que los episodios antes mencionados seguirán apareciendo, Morales indicó que «un gobierno de minoría está condenado a negociar y, por tanto, a ceder. Eso es lo que se está viendo en las reformas tributaria y previsional, y probablemente suceda lo mismo con el proyecto de las 40 horas semanales».

«De ahí que el programa original del Presidente Boric esté totalmente desdibujado. Primero, porque se rechazó la nueva Constitución. Segundo, porque es minoría en el Congreso. Tercero, porque afloró con fuerza la crisis de seguridad pública. Cuarto, porque la crisis económica impide un incremento del gasto fiscal», apuntó.

Según Moreno, «para el segundo año, lo dijo la ministra Tohá, el foco debe estar en poder efectivamente generar resultados con una buena gestión. El foco en la capacidad gubernamental parece ser lo que marca el cambio, más que cuestiones referidas al programa, se trata de hacer bien las cosas que se puedan hacer en un contexto donde no tienen mayoría».

Al respecto, Fernández acotó que «la situación del país y el fin del proyecto original, sepultado tras el triunfo del Rechazo solo incrementan la tensión al interior del Gobierno. Con un ala más socialdemócrata controlando puestos clave y un ala a la izquierda cada vez más acorralada por el declive económico y de seguridad del país, se ve complejo que el Presidente sea capaz de eliminar los roces internos».

«Es probable que ello quede de manifiesto con la discusión del paquete de reformas emblemáticas (salud, pensiones y educación), pues frente a la realidad de ser un gobierno en minoría parlamentaria la administración Boric se verá forzada a ceder frente a posiciones más moderadas si quiere construir mayorías que den legitimidad y sustento a los cambios en política pública y no solo a ir realizando un ‘pirquineo’ de votos que será inestable y conflictivo», complementó.

En esa línea, los analistas coinciden en que el pragmatismo será la línea a seguir por La Moneda, tal como adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista a El Mercurio que fue publicada el domingo, en la cual señaló que para la nueva etapa las «promesas deben actualizarse «.

«La actualización de las promesas es algo así como un ‘realismo con renuncia’. Las condiciones económicas y políticas impiden sacar adelante toda la legislación que supone el programa de gobierno, y en consecuencia, la aspiración de cambios estructurales deberá guardarse en un cajón con llave», dijo Morales.

En la misma línea, Moreno cree que la actualización a la que hace referencia la ministra «tiene que ver con cómo enfrentar la cotidianeidad de gobernar sin tener mayorías y concentrándose en tres o cuatro cosas que son las que señaló. Tiene que ver con reconocer que hay restricciones en el entorno y frente a eso deben ser realista. Es una especie de realismo sin renuncia 2.0».

Finalmente, Fernández aseguró que «la frase simboliza el duro pragmatismo con que la ministra llegó a La Moneda y que se instala en el corazón de la presidencia. De alguna forma da a entender que tras el fracaso del proyecto constitucional y el fin de la idea original de gobierno, la única alternativa viable para la administración del Presidente Boric es buscar consensos dentro de lo posible».

«El gobierno de transformaciones radicales y profundas, que estaba dispuesto a hacer ruido, quedo en el olvido y, pareciese ser, solo queda la opción de actualizar las promesas de transformación teniendo el realismo y la prudencia suficiente para entender la situación del país y hacer frente a los flancos en seguridad, economía, empleo, salud y bienestar que afecta a los chilenos», concluyó.

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