El lunes 14 de noviembre de 2022 algo cambió en la relación entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Santiago. A partir de ese día, dos instituciones que en el papel son aliadas y que venían trabajando desde octubre en un plan en torno a los liceos emblemáticos, comenzaron a evidenciar un tira y afloja impulsado por cómo enfrentar la violencia que se ha dado en los recintos más tradicionales de la comuna que comanda Irací Hassler (PC).
Pero, ¿qué ocurrió hacia fines del año pasado que tensionó de ahí en más la conexión entre ambas entidades? A las 16 horas de ese día, lo que debería haber sido una reunión más de coordinación en La Moneda entre la Subsecretaría del Interior, los rectores de los liceos emblemáticos y el municipio dieron un giro inesperado cuando el subsecretario Manuel Monsalve les pidió a los directores y al municipio -representada por su director de Educación, Rodrigo Roco- “colaborar” con la entrega de información que les estaba pidiendo el Ministerio Público.
El semblante de los aludidos cambió de golpe, pues entendieron que se les estaba pidiendo dar información que a ellos no les correspondía. Uno de los presentes en la cita resumía así el sentir: “No somos los sheriffs”.
Ese día los rectores y Santiago quedaron con la sensación de que se les estaba traspasando una responsabilidad que creen no les compete, la de hacerse cargo de la investigación de los hechos de violencia que envolvieron durante 2022 a sus establecimientos, cuando ellos, dicen, son responsables de lo relativo a las aulas. “La propuesta del gobierno es que le hagamos la pega a la fiscalía”, decía uno de los rectores.
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