A las 9.30 horas de este jueves se dio inicio en el Tribunal Constitucional a la vista conjunta de los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas en contra de siete indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado, en favor del exfrentista Jorge Mateluna y de seis condenados por hechos vinculados al estallido social.
Pero a pesar de que hasta ahora el ministro de Justicia, Luis Cordero, había sido uno de los principales defensores de estos actos administrativos, esta jornada no se hizo presente y dejó el espacio libre para que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -organismo al que el mismo secretario de Estado le solicitó defender la constitucionalidad de las medidas-, hiciera sus alegatos. Esto, tras realizar reservadas diligencias que llevaron a que el consejo de la entidad aceptara su solicitud.
Los antecedentes expuestos por las partes, en todo caso, no fueron suficientes para que el pleno pudiese deliberar, por lo que a eso de las 13.30 horas, el relator José Francisco Leyton Jiménez comunicó que los ministros habían decretado medidas para mejor resolver, lo que dilatará su pronunciamiento. Trascendió que el ministro Cristián Letelier pidió más antecedentes al Ministerio de Justicia.
La defensa de Letelier
Hasta hace una semana era un misterio quién sería el abogado que representaría los intereses de La Moneda en el TC. Pero el 7 de marzo el secretario de Estado dio el golpe y sorprendió al confirmar que el Consejo del CDE había accedido a su solicitud y que el organismo defendería la constitucionalidad de los impugnados decretos.
Así fue como a las 9.14 de la mañana de este jueves llegó hasta Huérfanos 1234 el abogado y consejero del CDE Raúl Letelier Wartenberg, quien en base a los argumentos ya expuestos por el gobierno ante el organismo encabezado por Nancy Yáñez, preparó su alegato.
Y es que como habían manifestado desde el CDE, la representación que harían para estos fines se fundaría en los “argumentos jurídicos contenidos en los informes que ya presentó el Ministerio ante el tribunal”. Habían sostenido, además, que les correspondía defender la labor ejecutada por Justicia, porque la cartera “no tiene personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales en procedimientos contenciosos de esta naturaleza”.
Por lo mismo, durante la jornada los representantes de Justicia se mantuvieron al margen y de acuerdo con lo señalado por fuentes de Palacio, la división jurídica de la cartera liderada por Cordero fue la encargada de monitorear desde sus oficinas la vista de la causa.
De hecho, mientras se desarrollaba la audiencia, tanto el ministro Cordero como el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, participaban de la “Jornada de fortalecimiento de capacidades para el acceso a la justicia de las personas migrantes en Chile”, organizada por la Cepal.
Las alegaciones
En medio de la sesión, la abogada Constanza Hube, quien alegó en favor del requerimiento de inconstitucionalidad, fue la primera en exponer. Y en primer punto, reconoció que sin lugar a duda el Presidente de la República tiene entre sus atribuciones la facultad de conceder indultos particulares, pero como insistió, para hacerlo, tiene que poder al menos, justificar su decisión.
“Sin perjuicio de que la decisión del Presidente de indultar a los condenados (…) está dotada de cierta libertad en el ejercicio de su facultad discrecional, esto no lo habilita para hacerlo por mera liberalidad, no lo habilita sin establecer un proceso lógico que explique por qué condujo y lo llevó a tal decisión. Revelador es en este sentido el caso del señor Mateluna”, adujo en su exposición la exconvencional UDI.
Asimismo, fue tajante en que “no hay fundamento ni conexión lógica entre los argumentos que se entregan con lo que planteó el abogado que los representa”.
Por su parte, en los 30 minutos que tuvo Letelier para exponer ante el pleno del TC, partió indicando que los requerimientos debían ser rechazados por cuanto los siete decretos impugnados contaban con su respectiva argumentación. En el caso de los que hacen referencia a condenados en el marco del estallido, hizo presente que éstos indicaban que se fundan en la búsqueda de la paz social, y en el caso del de Mateluna, porque contaba con informes de gendarmería que permitían acceder a su petición.
“El indulto se utiliza a veces como expresión de perdón político y este tal vez es el uso histórico más usual de los indultos, luego de crisis políticas y aquellos involucrados en ella son indultados como forma de superación y como forma de recomposición social (…) Esta predilección de la contraria por las razones humanitarias es simplemente un condicionamiento político”, expuso Letelier, haciendo referencia a que los recurrentes sostuvieron que no había razones humanitarias que justificaran los beneficios entregados.
Sobre el carácter de los beneficios presidenciales, y por qué estos no pasarían a llevar disposiciones de otros poderes del Estado, el jurista explicó que los indultos pertenecen a las prerrogativas políticas del Presidente y es por ello que “sólo perdona o conmuta la pena, no se refiere a la imputación jurídica del delito. El derecho penal sigue vigente, lo que hay es algo distinto, es la inclusión de un elemento extraño de alguna manera al mundo normativo como es el perdón”.
En medio de las preguntas que le formularon los ministros, además, informó que actualmente hay una solicitud de indulto de otro condenado por delitos vinculados al estallido social que se encuentra en tramitación.
Quién es Raúl Letelier
El profesional a cargo de defender la constitucionalidad de los indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric, en nombre del Consejo de Defensa del Estado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y Becario Postdoctoral en la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica de la Universidad de Bologna.
Es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ha sido profesor visitante en la Università degli Studi “Roma Tre”.
Como mencionó tras ser designado como consejero del CDE a La Tercera, concibe al organismo “como un gran estudio jurídico, el más grande del país”. A su juicio, para defender los intereses del Estado, esta entidad “debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias”.
Si bien su ascenso al consejo se produjo hace sólo seis años, ingresó a la entidad encabezada por Juan Peribonio el 2000, en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas. Luego de ello, entre 2011 y el nombramiento, se desempeñó como asesor del Comité Contencioso-Administrativo. O sea, ha estado siempre ligado a la entidad.
Es un férreo defensor de la independencia del CDE y, por lo mismo, defiende la no existencia de limitación de edad para los consejeros. De hecho, lo considera como una “garantía”.
Como dijo hace algunos años, “la idea es que un consejero no se transforme en el abogado del Presidente o el gobierno de turno, la gracia del CDE es que defiende al Estado, con independencia si el gobierno es de izquierda o de derecha. Defiende las atribuciones estatales, las prerrogativas del Estado”.
Se define como un hombre sin nexos con el poder, aunque es militante del Partido Socialista y amigo de años del exconvencional Fernando Atria. Ambos participaron de la creación del Proyecto Puentes, grupos de profesores que estaban a favor de una asamblea constituyente para modificar la actual Constitución. Esto, antes de que siquiera estuviera en el horizonte cercano el actual proceso.
Actualmente se desempeña como integrante del Comité Contencioso Administrativo del CDE.
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