Si bien el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por legisladores de derecha para que se impugnaran los indultos del Presidente Gabriel Boric a 13 personas, realizados a fines de 2022, el fantasma de los indultos seguirá rondando el segundo piso de La Moneda.
Mientras Boric no aclare qué tanto sabía sobre el extenso prontuario de varios de los indultados, la descriteriada decisión de usar esa prerrogativa presidencial para beneficiar a personas que han expresado nulo remordimiento por el daño que causaron seguirá siendo una pesada mochila para un Presidente que ya enfrenta demasiados problemas ahora que comienza su segundo año en el poder.
Aunque el Gobierno intente convertir la sentencia del Tribunal Constitucional en una victoria política y en una señal de apoyo a su decisión de indultar a los delincuentes, la verdad es que esa resolución del Tribunal sólo reafirma algo que todos sabíamos y que nunca estuvo en discusión. La Constitución otorga al Presidente la potestad de indultar delitos. El hecho que el Presidente haya decidido usar esa prerrogativa no puede ser cuestionado.
Los legisladores de derecha que torpemente optaron por convertir una impresentable y descriteriada decisión política en un debate sobre la constitucionalidad de la acusación le hicieron un favor al Gobierno -y un flaco favor a la democracia.
El problema nunca fue la legalidad de los indultos. El problema siempre fue la conveniencia de indultar a delincuentes con extenso prontuario que jamás pidieron perdón ni expresaron su arrepentimiento por el daño causado.
Si los legisladores de derecha siguen equivocando el camino -confundiendo constitucionalidad y criterio- se terminarán convirtiendo en aliados de un Gobierno inepto que toma decisiones que son insensatas, descriteriadas y políticas criticables -aunque constitucionalmente incuestionables.
Para Boric, los indultos seguirán siendo un dolor de cabeza hasta que no los aborde públicamente y aclare todas las dudas sobre qué tanto conocía el prontuario de los delincuentes indultados. Pero el problema del Presidente empeora toda vez que no puede ni siquiera controlar la narrativa oficial sobre la polémica. En el propio gabinete político, las lealtades de los ministros están divididas.
El nuevo Ministro de Justicia, Luis Cordero, ha apuntado a La Moneda como responsable de la decisión de indultar, aclarando que el Presidente tenía todos los antecedentes a la mano cuando decidió usar esa prerrogativa presidencial.
La Ministra del Interior, Carolina Tohá, parece más interesada en potenciar la agenda y la imagen personal del titular de Hacienda, Mario Marcel, que en defender al Presidente Boric. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Ana Lya Uriarte, ya se distanció de la polémica explicando que ella nunca estuvo informada de la decisión de indultar.
Si en la política es normal que los presidentes a menudo usen a los ministros como fusibles -el propio Boric lo hizo al pedirle la renuncia a la Ministra de Justicia días después de que explotara el escándalo de los indultos- la Uriarte optó por salvarse ella misma, desentendiéndose de la responsabilidad política que le cabe a los que participaron de la decisión de avanzar con los inconvenientes indultos.
Resta por ver si la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, opta por seguir defendiendo lo indefendible o si ella también comienza a distanciarse de Boric en lo que respecta a qué tanto sabía ella sobre el extenso prontuario de los indultados y si estuvo de acuerdo en proceder con los indultos o advirtió de lo inconveniente que resultaba hacerlo.
Entre los líderes de los partidos políticos oficialistas, varios aliados del Presidente han marcado distancia. Mientras algunos han criticado los indultos, otros han tratado de ser menos duros en sus críticas y han pedido que no se realicen más indultos.
En política, muchas veces el intento por tapar un escándalo y ocultar información sobre las causas del escándalo provocan un mayor daño que la misma polémica. El Presidente Boric ya ha pagado costos por el indulto. Pero si el Mandatario sigue ocultando información sobre qué tanto conocía el extenso prontuario de varios de los indultados y los informes negativos de Gendarmería respecto al comportamiento de esos indultados, los costos políticos se seguirán acumulando.
En vez de seguir evadiendo las preguntas y negándose a responder, Boric debiera enfrentar con valentía y madurez la polémica. Reconocer errores y pedir perdón siempre es mejor que seguir intentando tapar el sol con un dedo y dejar que la polémica siga carcomiendo la credibilidad del Presidente y la confianza que la ciudadanía deposita en él.
Si el Presidente insiste en rehuir el tema con la esperanza de que la gente se termine olvidando del asunto, el costo político para el Mandatario seguirá creciendo. Ya han pasado tres meses desde que el Presidente tomó esa descriteriada decisión. Ya es hora de ponerle punto final haciendo un mea culpa y pidiendo perdón por la que, hasta ahora, ha sido la peor decisión tomada por el Mandatario.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
/psg
