A medida que va aumentando la lista de Carabineros asesinados mientras ejercían sus funciones, el Presidente Gabriel Boric va agotando su repertorio de amenazas para los desalmados que siembran la violencia y el terror en el país.
En vez de seguir buscando figuras literarias que demuestren su determinación de atrapar a esos antisociales, Boric debiera atreverse a tomar las medidas que permitan a las policías usar suficiente poder de fuego para poder defender sus propias vidas y para defender también a todas esas personas que hoy viven atemorizadas en Chile.
Desde que el Presidente Boric asumió el poder en marzo de 2022, cinco carabineros han sido asesinados. En el periodo 2018-2021, hubo tres carabineros asesinados. Y en las últimas décadas, nunca hubo más de tres carabineros asesinados en un solo año. La ola de delincuencia que azota al país, y que tiene a la población atemorizada, ha sido especialmente violenta. Se ha multiplicado el uso de armas de fuego. Los delincuentes están mucho mejor armados que en años anteriores. Eso hace que la gente tenga ahora más temor a ser víctimas de robos, encerronas, portonazos y otros delitos. Y eso también hace que sea mucho más peligroso para carabineros patrullar las calles.
Las causas del aumento de la violencia son multifactoriales. El desarrollo tecnológico facilita el acceso a la información, reduce los costos de comunicación y facilita la expansión de redes criminales. La globalización por la que ha apostado el país hace más de tres décadas ha convertido a Chile en un país exitoso y atractivo para migrantes que buscan mejores oportunidades, pero también para aquellos maleantes que buscan nuevos lugares donde delinquir.
Un país no puede pretender tener fronteras abiertas para el comercio y cerradas para la migración. Es cierto que se puede y debe controlar mejor la migración. Pero no se puede soñar con evitar que entre todos los migrantes que llegan, entren maleantes. Después de todo, también abundan delincuentes entre los propios chilenos. Por eso, así como es un error suponer que todos los delincuentes son víctimas de la sociedad, también es iluso creer que se podrá evitar que entre los inmigrantes que el país deberá recibir en los próximos años, no habrá futuros delincuentes.
El Gobierno de Boric ha llegado tarde a enfrentar el problema de la delincuencia. Además, como los líderes del Frente Amplio y del Partido Comunista históricamente han sido más rápidos para criticar los supuestos abusos policiales que para defender a las víctimas de delincuencia, la sociedad percibe que la izquierda responde con mano blanda al aumento de la delincuencia.
Los indultos del Presidente Boric a delincuentes con un amplio prontuario realizados en diciembre de 2022 constituyeron una pésima señal respecto a lo que dice versus lo que hace el Gobierno para responder a su obligación de evitar que haya delincuentes circulando libremente en las calles.
La polémica actual sobre qué tanto sabía el Presidente del amplio prontuario de varios de los indultados subraya la poca importancia que Boric le da a evitar que haya delincuentes en las calles. Si él conocía el prontuario delictual de los indultados, jamás debió conceder el indulto. Si, en cambio, no tuvo el prontuario de los delincuentes en su despacho, debió pedir verlo antes de tomar la decisión de indultar. Sea como fuere, a Boric no le interesó saber si los indultados constituían un peligro para la sociedad.
Por eso, cuando el Presidente amenaza y advierte a los asesinos de policías que el Gobierno irá por ellos, esa amenaza aparece como poco creíble. Cuando Boric les asegura a los chilenos que su Gobierno trabajará día y noche para que la gente se sienta más segura, pocos le creen.
Dado lo dramático de la situación, ahora se precisa con urgencia que el Gobierno demuestre con hechos y no con palabras que está comprometido a combatir la delincuencia.
Si bien algunas reformas tomarán tiempo para producir resultados, es imperativo avanzar rápido en el proceso legislativo para lograr su promulgación. Otras medidas administrativas pueden producir resultados inmediatos. Carabineros debe tener más libertad para usar sus armas de fuego cuando se vea obligado a actuar en defensa propia.
Es esencial evitar que haya situaciones de abuso policial, pero toda la sociedad queda desprotegida cuando Carabineros está de manos atada para combatir a los maleantes. A su vez, la Fiscalía debiera estar obligada a perseguir ciertos delitos y no a pactar con imputados para evitar llevar adelante investigaciones, por más difícil que sea hacerlo. La gente percibe que la Fiscalía no defiende debidamente a las víctimas.
El desafío que enfrenta el Gobierno no es fácil. La ineptitud que ha demostrado la administración Boric para responder a los desafíos alimenta las sospechas de que el Gobierno tampoco dará el ancho para enfrentar exitosamente la crisis de seguridad.
Pero en tanto este parece un problema existencial para el Gobierno, el Presidente Boric debiera abandonar el uso de los adjetivos en sus declaraciones y debiera concentrarse en privilegiar verbos que resulten en acciones concretas que permitan a los chilenos ver que el Gobierno toma las riendas y comienza a combatir la ola de delincuencia con determinación y efectividad.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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