Chile Vamos terminó antes de que acabe marzo su esperada propuesta previsional, la que fue elaborada por cerca de un mes. En ese sentido, en la iniciativa participaron parlamentarios, ex ministros del Trabajo y técnicos ligados a la oposición.
En todo caso, el texto será presentado la próxima semana en el Congreso por los jefes de bancada de Renovación Nacional de RN, Frank Sauerbaum; UDI, Guillermo Ramírez, y el Evópoli, Francisco Undurraga. A pesar de eso, «El Mercurio» tuvo acceso a un insumo que está esperando el Gobierno desde hace semanas, con el objetivo de poder iniciar las negociaciones entre ambos bloques.
El texto contiene siete propuestas, las cuales apuntan a la libertad de elección de los usuarios para determinar qué organismos administra sus ahorros previsionales hasta la educación previsional.
En ese sentido, el primer eje de la propuesta alude a que la cotización adicional de 6% vaya completa a cuentas individuales. «Proponemos que la cotización adicional vaya íntegramente a la cuenta de capitalización individual, como consecuencia de que esta es de prioridad del trabajador», indica el texto.
Sobre esto mismo, agregan que de esta manera se logran dos objetivos: evitar que sea utilizada para otros fines distintos al pago de prestaciones de la seguridad social y que se rentabilice a una tasa de mercado y no a una tasa nocional. «Esto permitirá, además, mejores pensiones para todos los futuros pensionados», sostuvieron.
Por ello, explican que esto implica que la solidaridad del sistema de pensiones continúe financiándose con recursos generales y no con aportes de los trabajadores formales, como propone la actual reforma.
Asimismo, la propuesta de Chile Vamos apunta a que el establecimiento de la gradualidad del aumento de la tasa de cotización se realizará en base a parámetros técnicos que eviten que esta medida destruya empleos y disminuya los salarios reales de los trabajadores.
En un segundo punto, la iniciativa aborda el derecho a elegir quién administra, ya que sostienen que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y de sus cotizaciones y, por ello, «deben poder elegir libremente a quién confían su gestión de inversiones y quién atiende sus trámites, ya sea en el sector público o privado», esgrimen.
En su tercer eje, la propuesta fija su posición en evitar el monopolio estatal y alcanzar una mayor competencia. Sostiene que es necesario modificar el funcionamiento de los actuales actores del sistema previsional, además de hacerse cargo, entre otros, del sentimiento mayoritario de que «las AFP siempre ganan». Así, postulan una «reoganización de la industria que mantiene a gestores privados de pensiones que pueden competir, en igualdad de condiciones, con el gestor público y viceversa», aseguran.
El siguiente ítem aborda el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), proponiendo que el piso mínimo de esta se encuentre anclado a la línea de la pobreza ($218.000 actualmente), aumentado su monto de manera gradual hasta alcanzar los $250.000.
Por lo mismo, se postula que este incremento debe ser financiado por impuestos generales y focalizados en el 90% más vulnerable de la población. Además se fortalecerá la PGU, la que irá de forma gradual en beneficio de las mujeres y adultos con dependencia severa.
Otro de los ejes es contar una fiscalización más eficiente, postulando que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realizará las labores de cobranza de las cotizaciones no pagadas, y se fortalecerán sus facultades para fiscalizar el pago de las cotizaciones por parte de los trabajadores independientes según la ley 21.133.
Por otro lado, también se idea establecer una educación previsional, la que se origina a raíz de que, según la iniciativa, ha quedado en evidencia la falta de conocimiento de los derechos y deberes que consagra el sistema previsional, y la importancia del ahorro como elemento fundamental para afrontar la vejez.
Producto de ello, el texto indica que «proponemos la urgente necesidad de llenar esta vacío a través de la implementación de una estrategia nacional de educación previsional, cuyo contenido se imparta desde la educación básica».
Finalmente, presentan la idea de un incentivo a la formalización, ya que consideran que es fundamental que la propuesta establezca incentivos claros que fomenten la formalidad en la relación laboral, comenzando con la consagración del principio de propiedad sobre las cotizaciones previsionales.
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