Pasadas las 15.00 horas de este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuó la discusión en particular de la ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas a quienes cometan delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería. En la instancia, estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La discusión en particular comenzó este sábado y durante esta nueva jornada se abordó una indicación clave del Ejecutivo que buscaba principalmente eliminar uno de los artículos más controvertidos de la normativa: el que concede una presunción del uso justificado de las de armas de servicio de los uniformados (defensa privilegiada).
En su lugar, desde el gobierno presentaron una redacción más atenuada, restringiendo el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto que despachó la Cámara Baja -cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito-.
“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, se lee en la enmienda presentada por el gobierno.
Sin embargo, la indicación de La Moneda fue finalmente rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor.
Quienes votaron de forma favorable fueron los senadores Iván Flores (DC) y José Miguel Insulza (PS). Mientras que los legisladores Manuel Ossandón (RN), Alejandro Kusanovic (IND RN) y Felipe Kast (Evópoli) rechazaron la enmienda.
La ministra del Interior, explicó previo a la votación que “una presunción amplia y genérica de esa naturaleza nos parece que no se ajusta a lo que debiera ser una normativa más especifica y más técnica relativa al rol de las policías (…). Hacerlo extensivo a cualquier actuación va a abrir la puerta o puede abrirla a que el día de mañana actuaciones que son a ojos vistas imprudentes, excesivos, la ley presuma que se actuó correctamente y deje a cualquier persona que queda del otro lado en una posición desmejorada para hacer valer su punto de vista”.
La moción Nain-Retamal fue aprobada en general y por unanimidad, el pasado 30 de abril en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado. Si bien se esperaba despachar la ley durante la jornada del jueves, todas las bancadas parlamentarias de la Cámara Alta -salvo Republicanos- acordaron postergar la votación en sala del proyecto para el día martes.
La decisión se tomó en el marco de que tanto senadores de oposición, de oficialismo como el propio gobierno pretendían introducir indicaciones al proyecto, lo que finalmente repercutió en que se pusieran 122 enmiendas a la iniciativa de ley.
La discusión en particular de este lunes comenzó con un tira y afloja entre el oficialismo y la oposición por apurar el despacho de la ley.
El presidente de la comisión, Felipe Kast sostuvo que “este es un proyecto que lleva más de un año, por lo tanto, yo creo que ya todos tenemos la información más que necesaria para hacer las indicaciones”. En respuesta, el senador del PS, Alfonso de Urresti, contrapuso que “este proyecto no llevamos más de un año conociéndolo, este proyecto y lo digo como integrante de la comisión de Constitución tomamos conocimiento de el la semana pasada”.
En la sesión se rechazó otra iniciativa del Ejecutivo que buscaba reemplazar en el artículo 1° la expresión “aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile” por la de “delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones u homicidio de funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”.
Sobre ello, el ministro Cordero advirtió que “cada vez que se hacen este tipo de exclusiones, sin niveles de graduación, el debate ha terminado en el Tribunal Constitucional por temas de proporcionalidad. Simplemente lo advierto, porque los argumentos que se han esgrimido, son típicamente los argumentos que después terminan cuestionados en el tribunal. A mí me parece responsable advertirlo en el funcionamiento de esta comisión”.
Mientras que la senadora Yasna Provoste (DC) dijo al respecto que “se ha rechazado una indicación del Ejecutivo que buscaba avanzar en esa medida, porque lo que está propuesto en el texto, efectivamente viola el principio de la legalidad y de la proporcionalidad y, por lo tanto, deseo hacer presente la reserva de constitucionalidad”.
La tramitación del proyecto revolvió las aguas al interior de La Moneda, ya que desde el PS apuntaron a un “cambio discursivo” del gobierno tras la aprobación de la ley Nain-Retamal en la Cámara, donde concitó el apoyo de la mayoría de los socialistas y del bloque ligado a la ex-Concertación. Diputados socialistas cuestionaron que el gobierno en privado primero les pidió aprobar el polémico artículo sobre la defensa privilegiada, y luego los criticó por hacerlo.
La molestia surgió por el uso de la expresión “gatillo fácil” empleada por la ministra del Interior para criticar que, si el proyecto se aprobaba tal como fue despachado por la Cámara, podría generar situaciones de esa naturaleza, en consideración de la presunción de uso justificado de armas de servicio, que contempla la medida, que de aprobarse quedaría estipulada en el Código Penal.
Debido a la molestia, es que el gobierno buscó esta jornada contener la molestia de la tienda oficialista con un encuentro con los parlamentarios socialistas en el palacio de La Moneda.
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