Tras la intervención de todos los senadores inscritos, a las 21.45 la mesa de la Sala informó un receso de 20 minutos antes de la votación en general del proyecto.
Sin embargo, en ese minuto comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo.
En las tratativas participaron, por parte del Ejecutivo, los ministros del Interior, Carolina Tohá; de Justicia, Luis Cordero; de la Segpres (S), Macarena Lobos; de la Segegob, Camila Vallejo, y de la Mujer, Antonia Orellana.
Por parte de la oposición, estuvieron presentes el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UD), junto a los senadores Luz Ebensperger (UDI), Felipe Kast (Evópoli), y los RN Manuel José Ossandón y Rodrigo Galilea.
Finalmente, el acuerdo fue alcanzado cerca de las 23.15, para luego comenzar a ser distribuido entre todos los senadores presentes. En lo medular, se pone en el Código Penal el nuevo estatuto de legítima defensa de policías, gendarmes y miembros de las FF.AA. que cumplan tareas de orden público y seguridad interna.
A las 23.48, el Senado aprobó en general la ley Nain-Retamal por 40 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones, para comenzar de inmediato la votación en particular de la iniciativa.
Los votos en contra fueron de los senadores Fabiola Campillai (ind.), Juan Ignacio Latorre (RD), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Esteban Velásquez (FREVS).
EL DEBATE PREVIO
Con la presencia de familiares y víctimas de represión durante el estallido social, por un lado, y deudos de carabineros asesinados en actos de servicio, en otro sector de las tribunas, comenzó cerca de las 16 horas la sesión del Senado que tenía como fin votar hasta total despacho la llamada ley Naín-Retamal.
A esas alturas, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) sostenía un encuentro con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), tratando de buscar un acercamiento, en vista de que la oposición, junto algunos senadores del oficialistas, ya tenía los votos suficientes para aprobar la iniciativa.
En esos instantes, el panorama legislativo era oscuro para el gobierno, luego de que la mencionada comisión de la Cámara Alta despachara el articulado de la ley Naín-Retamal, endureciendo incluso algunas disposiciones que había aprobado la Cámara, la semana pasada.
Esta iniciativa -que eleva penas a quienes atenten contra policías y establece un estatuto de protección a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería- complica particularmente al Ejecutivo, ya que es un tema que divide a la alianza gubernamental.
Hasta el lunes en la noche, el nudo principal de las tratativas entre gobierno y oposición era la redacción del inciso sobre la legítima defensa privilegiada para los uniformados -que la refuerza a los policías que se vean amenazados en su integridad o bien cuando deban usar su arma de servicio en defensa de un tercero o para impedir un delito- y la diferencia sobre dónde alojar este nuevo estatuto.
Mientras la oposición abogaba por instalar este punto en el Código Penal (en vista de los problemas procesales que enfrentan a veces los policías), la postura del gobierno -ideada por el ministro de Justicia, Luis Cordero- era radicar este tema en el Código de Justicia Militar, donde ya existe el principio de la legítima de defensa y se contempla la eximente penal para que uniformados utilicen su armamento en casos extremos.
De hecho, ese fue el motivo que esgrimió Tohá, junto a Cordero y la ministra (s) Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, para retirarse la tarde del lunes de la Comisión de Seguridad del Senado, luego de que esta instancia rechazara esa propuesta de La Moneda.
Cordero fue uno de los más inflexibles en aquella oportunidad. Incluso argumentó que trasladar el nuevo estatuto al Código Penal implicaba generar una distorsión al “Derecho”.
Un argumento parecido plantó Tohá, el lunes en la tarde. “Lo que teníamos por proponer respecto de que se hiciera valer el Código de Justicia Militar, ya no tiene sentido… Nuestro rol de colegislador ha quedado imposibilitado”, dijo antes de retirarse de la comisión.
Aquella decisión fue cuestionada por la derecha y también por sectores oficialistas. De partida, no es usual que un ministro abandone la mitad de una discusión ante un revés legislativo. Y el episodio fue calificado como “una pataleta” por la oposición.
Al día siguiente, con los ánimos más calmados, el gobierno optó por retomar los contactos. Primero fue la ministra (s) Lobos quien se reunió con Kast en la mañana, antes de que Tohá comenzara a negociar con el senador de Evópoli.
A esas conversaciones entre Tohá y Kast, realizadas en salas aledañas al hemiciclo del Senado, también se sumaron los senadores Manuel José Ossandón (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), entre otros. Por el gobierno también estaban Cordero y Lobos. Las ministras Camila Vallejo (PC) y Antonia Orellana (CS) igualmente se hicieron presentes en el Senado.
En todo caso, al cierre de esta edición, La Moneda ya estaba allanada a abandonar su cruzada por el Código de Justicia Militar e incluir el principio de legítima defensa en el Código Penal. El hecho implicaba un nuevo cambio de estrategia y hacer una concesión importante para la derecha y para los sectores del oficialismo que eran partidarios de esa misma idea.
La derecha, por su parte, también estaba dispuesta a hacer algunas concesiones y eliminar “excesos” que se aprobaron en la Comisión de Seguridad del Senado. Por ejemplo, se incluyó un artículo que eximía de responsabilidad a los mandos policiales o militares de apremios ilegítimos protagonizados por subalternos. El punto fue alertado incluso por los propios diputados de RN que le pidieron a sus senadores no apoyar esa indicación.
A cambio, los senadores de Chile Vamos le pedían a La Moneda apoyar el siguiente texto dentro del Código Penal: “Se presumirá legalmente que concurren el uso racional del medio empleado, si un miembro de las Fuerzas del Orden y la Seguridad, Gendarmería o de las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Esta norma se aplicará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar”.
Si el gobierno no cerraba un acuerdo en la noche de este martes, su margen legislativo también se irá acortando. Las alternativas que quedarían sería forzar la discusión en una comisión mixta (en que probablemente el oficialismo quedaría en minoría), presentar un veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto.
Al menos hasta ayer, el Ejecutivo no había podido tomar el control de la discusión ni tampoco entablar una negociación fructífera con la derecha.
La ausencia del gobierno en la sesión de la tarde del lunes de la comisión de Seguridad agudizó el panorama adverso para La Moneda. Si bien el punto más controvertido del proyecto era la disposición que reforzaba el principio de legítima defensa a los policías, la instancia fue más allá de lo que propuso la Cámara y terminó extendiendo el mismo estatuto a las FF.AA. que participen de tareas de orden público o seguridad interna, como ocurre hoy en La Araucanía y el Biobío y en el norte con la crisis migratoria.
Sin los ministros presentes para objetar estas disposiciones, las votaciones terminaron al final con acuerdos por unanimidad (5-0). Esa situación llevó a varios legisladores a considerar que la estrategia con la que Tohá ha enfrentado la ley Nain-Retamal terminó de hacer crisis la noche de lunes.
A ello se suman decisiones zigzagueantes que adoptó el gobierno en los últimos días. Primero el Ejecutivo era partidario de abordar la problemática sobre el uso de armas en una reforma propia de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego Tohá planteó que apostarían a una indicación en la ley Retamal. Sin embargo, luego de que la derecha, en una jugada reglamentaria, fundiera las leyes Nain y Retamal en un solo texto, la misma ministra del Interior llamó a aprobar el proyecto con el fin de mejorarlo en el Senado. En vista del fracaso de la estrategia, Tohá anunció que volverían al plan original de una reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza.
Además, la decisión de marginarse de la comisión sólo profundizó el déficit de relaciones que ha tenido la ministra con la oposición. De hecho, en su momento, la derecha también se restó de la Mesa de Seguridad que impulsaba Tohá luego de que el Presidente concediera indultos a un grupo de condenados por delitos vinculados al estallido social.
La titular del Interior, además, se ha caracterizado por tener un trato severo con algunos legisladores oficialistas y de oposición, con quienes ha tenido desencuentros personales. Y la ausencia por enfermedad de la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS) también ha jugado en contra del gobierno.
Con todas estas variables, el jefe de bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, comentó que ve a “la ministra Tohá está sometida a una tremenda presión de todos lados… pero también creo que ha habido declaraciones que no han sido afortunadas”.
El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) señaló que “la ministra Tohá ha tenido la dificultad de que convive con dos visiones contrapuestas (en el oficialismo)”. “Ha habido voluntad de diálogo (del gobierno), pero creo que en esta cosa puntual, que es la legítima defensa, sí ha habido cierta rigidez”.
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) se mostró crítica de que la jefa de Interior haya llamado a apoyar la iniciativa Nain-Retamal en la Cámara con el fin de perfeccionarla en el Senado. “Fue un error estratégico del Ejecutivo”.
El senador Gastón Saavedra (PS), en tanto, comentó que “eché de menos” la posibilidad de tener un espacio de diálogo. Si bien cuestionó la conducción de la comisión del senador Kast, “el gobierno no debió haberse retirado”.
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